Como un gran acontecimiento presentó el gobierno federal el arribo a México de las primeras vacunas contra el coronavirus, al considerar que es el principio del fin de la pandemia – según el canciller Marcelo Ebrard, sin embargo fueron tan pocas las que se recibió -apenas tres mil dosis – que parece una guasa, lo que obliga a la población en general ha mantener en su máximo nivel el cuidado personal, familiar y laboral.

La saturación en hospitales y la falta de insumos es grave no sólo en la capital de la República, sino aquí mismo, como lo han denunciado de forma reiterada los médicos, sólo que toda la atención se concentra en la gran urbe a la que se lleva a profesionales de la salud de otros estados para atender la emergencia, que según el mandatario nacional no hay tal, pero los hechos demuestran lo contrario al grado de haber traído a más de 500 médicos cubanos.

Los infectados y fallecidos continúan en Aguascalientes, por lo que bajo ninguna circunstancia se debe bajar la guardia. Hay que tener presente que las condiciones reinantes se mantendrán durante los próximos 22 meses, según los cálculos de los científicos, de manera que aún cuando algunos funcionarios federales aseguren que es algo que está en vías de resolverse, la mejor defensa es atenderse y atender a los demás, por lo que no está por demás recordar las palabras de Jesús: “amaos los unos a los otros”, que traducido en las actuales circunstancias serían “cuidaos los unos a los otros”.

OTRA TRASTADA

Tropezar una vez con una piedra le puede pasar a cualquiera, al meditarse que fue algo fortuito, pero que sea tres veces sólo le sucede a un cuadrumano, y es precisamente lo que ocurre con la mayoría del Congreso del Estado, que con una soberbia sin límites ignoró las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al autorizar a los municipios que en 2021 continúen cobrando el derecho de alumbrado público (DAP).

Es un tema que se ha comentado en varias ocasiones, en función de los dictámenes que ha emitido el máximo órgano de justicia, que cuantas veces se ha sometido este asunto a su criterio ha señalado la inconstitucionalidad, por lo que ordenó al Congreso y a los ayuntamientos que se abstengan de seguir cometiendo ese abuso, lo que de volverse a aplicar puede ser motivo de un castigo para diputados, regidores y síndicos, que podría desembocar en la desaparición de poderes.

Se desconoce en qué gastan los legisladores el recurso financiero que reciben para la contratación de asesores, porque tratándose del aspecto jurídico no los hay, sin embargo podrían recurrir a una de las instituciones que tienen la carrera de Derecho para que un alumno del primer o segundo semestre los enseñe los sucesivos errores que cometen.

En la sesión del miércoles pasado  aprobaron el Servicio Integral de Iluminación Municipal (SIIM) para el caso de la capital y en los demás municipios Aportación Social para el Alumbrado Público (ASAP), que es el mismo DAP que tanta controversia ha suscitado. A lo largo del presente año, los titulares de los ayuntamientos y sus respectivos tesoreros han reiterado que dejar de recaudar por el alumbrado público les significará un boquete en las finanzas, por lo que organizaron reuniones con las mentes más lúcidas del Parlamento, que concluyeron que sí es posible hacerlo, por lo que se incluyó en el proyecto de leyes de ingresos y que ya fue autorizado en la plenaria del miércoles.

Hubo una débil oposición a esa medida, al solicitar la morenista Natzielly Rodríguez y el priista Juan Manuel Gómez una reserva para que se derogara el multicitado cobro, inclusive se negó que se debatiera la cuestión como lo propuso la diputada Karla Eudave, por lo que se ratificó la petición de los ayuntamientos sin importar las consecuencias legales que pueda derivar.

Por otra parte, haberlo hecho convertirá al Congreso y a los ayuntamientos en blanco de las campañas que tendrán lugar en el primer semestre del año en puerta y no se dude que así como sucedió en 1995, cuando el Partido Acción Nacional prometió remunicipalizar el servicio de agua potable, se hará ahora, principalmente de los organismos que no están en la administración pública, lo que podría echar por la borda los planes rumbo al 22.

En política todo es válido y si el adversario se abre de capa antes de tiempo permitirá que le tundan, ya que mucho de lo que haga en 2021 tendrá connotación de lo que vendrá un año después, de manera que la pelota irá de un lado a otro de la cancha y sólo los más curtidos podrán salir avante.

A TIEMPO

Saber actuar en el momento preciso  es sinónimo de seguridad, de tener confianza para llevar a buen puerto una decisión y es lo que plantea el contralor general del estado, Arnoldo Hernández Gómez Palomino, al establecer la importancia de aplicar debidamente la ley en el combate a la corrupción.

Cuanta verdad encierra este propósito, teniéndose en cuenta que uno de los mayores cánceres que agobia la vida pública es la impunidad o la pretensión de, tardíamente, llevar ante un juez a un posible desleal, porque esto le permite declararse inocente o asegurar que es un perseguido político, lo que se utiliza para llevar a cabo una campaña mediática que provoca dejar las cosas como están, pese a que es obvio el enriquecimiento indebido.

En la reunión que sostuvo con miembros de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, el Contralor planteó unir esfuerzos de todos los sectores para integrar al legajo jurídico nuevas herramientas que aseguren mayor efectividad en esta lucha, que pese a las dificultades e inconvenientes que se encuentren en el camino debe dar resultado, lo que será posible sólo si se conjuntan propósitos y estos se llevan al campo real.

Tiene poco tiempo para conseguir lo que propone, pero es fundamental que lo haga y así deje, a quien lo suceda, mejores condiciones para continuar con la campaña de saneamiento en el servicio público, lo que además de ser el mejor legado que pueda confiar, significará también un detente para todos los que laboren en los gobiernos estatal y municipal y en los organismos descentralizados y desvinculados, al saber que existe un mandato que los puede castigar.

Es, pues, indispensable, “prevenir, detectar y sancionar cualquier acto de corrupción en el servicio público”, subrayó Hernández Gómez Palomino y esto tiene que hacerse en el momento que se descubren las irregularidades  y no hacerlo “a toro pasado”, porque se corre el riesgo de que el manejo indebido de recursos quede en un perdón indebido, sea porque ya prescribió el delito, o por otras razones que aprovecha el presunto indiciado, por lo que plantea promover la coordinación de todos los sectores para cerrar todos los resquicios que pueda haber.

Otro punto igual de importante que se trató en la reunión con los diputados fue examinar la Ley de Bienes del Estado, que debe ser reforzada, para que exista transparencia en los conceptos y expresiones  con lo que se debe manejar los bienes públicos, mejorándose el registro y clasificación, con lo que se ofrecerá certidumbre jurídica a quienes los administren.

Arnoldo Hernández Gómez planteó que exista un catálogo de los bienes que son parte del patrimonio del Estado y se regule su régimen, ya sea de dominio o comodato, y se tenga un adecuado registro, administración, uso, aprovechamiento, adquisición y disposición, para ello será necesario adecuar y adicionar los artículos 46 y 46 bis, con lo cual la sociedad tenga plena confianza de que las dependencias gubernamentales actúan con disciplina y nitidez.

TARDÍO PERO YA ESTÁ

A partir de que empezó a percibirse el peligro a que se exponían los profesores se planteó la demanda de que su labor se tomara como riesgo de trabajo, lo que ni siquiera tuvo respuesta de la Secretaría de Educación Pública, pese a que en varias partes del país varios eran hospitalizados y en muchos casos morían, víctimas del coronavirus.

El gobierno federal enfocó su atención en el personal del sector salud y de las fuerzas armadas, que sin duda están directamente involucrados en este macro-problema social, pero también los docentes viven este drama, al tener que atender a los alumnos que requieren de asesoría directa, o que al carecer de internet y equipo tecnológico deben estar acompañados, lo que exige que el preceptor acuda a los propios hogares.

Nueve meses después que se declaró la pandemia el gobierno federal atendió esta demanda, al manifestar el secretario general de la Sección Uno del SNTE, Ramón García Alvizo, que ya se incluyó el trabajo educativo como riesgo de trabajo, sin embargo esto será posible hasta que se regrese a clases presenciales, por lo que sigue siendo una contestación a medias ya que los maestros que actualmente están expuestos a contraer el virus no se tomaría la enfermedad bajo ese régimen.

En el caso de Aguascalientes, la Sección Uno contabiliza 70 fallecimientos relacionados con el Covid 19, de los cuales cuatro estaban en activo y los demás eran jubilados que presentaban cuadros de obesidad y problemas degenerativos.

García Alvizo reiteró que el regreso a clases en los salones exigirá que el personal magisterial tenga contacto con alumnos, padres de familia y los compañeros de trabajo, por lo que estarán expuestos a ser perjudicados, lo que de llegar a ocurrir exigirá que el inoculado se separe de su grupo y regrese hasta que recupere la salud, respetándole todos sus derechos económicos y laborales, además de recibir la atención médica y el acceso a todas las prestaciones que están previstas.

En cuanto al nombramiento del ex titular de la SEP, Esteban Moctezuma, como embajador de México ante Estados Unidos, el dirigente seccional expresó que la educación es un asunto de instituciones, no de personas, por lo que la nueva secretaria de Educación Pública sabrá responder a los asuntos que deja su antecesor, al mismo tiempo asumir y resolver sus propios retos, deseándole que le vaya bien en su encargo ya que esto se traducirá en mejores condiciones para la enseñanza y el trabajo educativo.

SE BLINDA EL PRI

Le pasó una vez, por lo que ahora el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vigila que al registro de aspirantes a los distintos cargos de elección popular que estarán en juego en junio próximo, sea en estricto apego a la legislación electoral.

Por lo anterior el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Herminio Ventura Rodríguez, les recordó a las y los interesados que de las 11 candidaturas a los Ayuntamientos, 6 serán encabezadas por mujeres, además 9 de 18 candidaturas a diputados locales y una candidatura a la diputación federal.

Con lo anterior evitará caer en el error que se presentó en uno de los municipios, donde se postuló a un hombre y el último día, una hora antes de que feneciera el plazo, el Instituto Estatal Electoral comunicó que en ese lugar tenía que ser una mujer, por lo que se registró a la esposa del aspirante para cumplir con el requisito, lo que dejó un mal sabor de boca entre los electores.

Durante la reunión que sostuvo el CDE con las secretarías generales de los once comités municipales, se les exhortó a que si alguna de ellas considera que puede hacer un buen papel en la campaña y más tarde en un cargo, no vacilen en inscribirse como aspirantes, o en su caso alienten a otras compañeras para que hagan lo propio, pero que no dejen pasar esta oportunidad, ofreciéndoles la asesoría y el contacto necesario para que cumplan con sus expectativas.

Serán 16 candidaturas titulares las destinadas para el sector femenino – 6 a las alcaldías, 9 al Congreso del Estado y 1 a una diputación federal -, además por cada titular irá una suplente, de manera que en total serán 32 las incorporaciones.

 

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