Víctor Hugo Granados Zapata

A lo largo de este sexenio, la política educativa se ha moldeado en beneficio de la agenda política del presidente, alejando el desarrollo integral de las y los estudiantes para abrirle paso a la improvisación. El primer indicador de que el sistema educativo nacional (SEN) se estaba encaminando a rumbos nebulosos fue la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2019, lo anterior como parte de las reformas al artículo 3° constitucional y acuñándole al INEE la evaluación docente de la reforma de 2013. De su eliminación emergió la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) como un ente adscrito a la SEP encargado de las evaluaciones en materia educativa. Sin embargo, a lo largo de esta administración federal saliente, el trabajo de este órgano evaluador se ha visto envuelto en gestiones y resultados deficientes, lo anterior a raíz de los distintos posicionamientos que se han efectuado desde palacio nacional en contra de las pruebas estandarizadas, llamándolas “neoliberales” entre otros adjetivos. ¿Cuál ha sido el desempeño de la Mejoredu? ¿Qué implicaciones trae la precarización de la evaluación educativa?
Con el desmantelamiento de programas como Prospera, Escuelas de Tiempo Completo, entre otros; se cimentaron las bases de las becas para el bienestar Benito Juárez García, que consisten básicamente en transacciones no condicionadas, es decir, recibir apoyo económico sin algún tipo de requisito más que ser estudiante (según su nivel de escolaridad). Se ha cuestionado, a lo largo del sexenio, la dificultad de evaluar su efectividad para combatir el rezago educativo y abandono escolar. Sin embargo, no fue hasta el año pasado que la Mejoredu publicó el informe de la Evaluación Diagnóstica del Aprendizaje de las y los Alumnos de Educación Básica, donde advirtieron deficiencias en el desempeño de las y los estudiantes de primaria en lectura de comprensión y matemáticas (en el primero de ellos, donde la mayor cantidad de aciertos rondaban en el 60% y en matemáticas debajo del 58%). A pesar de que se hicieron públicas estas cifras alarmantes, el Gobierno Federal ha decidido mantener su política educativa e incluso, impulsó la reforma a los planes de estudio y de ahí derivó la polémica con relación a los nuevos libros de texto gratuitos (sin tomar en cuenta las violaciones a la Ley General de Educación, las cuales hemos abordado en este espacio en repetidas ocasiones).
Desde 2021 se advertía la necesidad de mejorar los sistemas de evaluación educativa a nivel federal, sin embargo, el presidente y la SEP hicieron caso omiso de ello. Marco Antonio Fernández y Laura Noemí Herrera, investigadores del Tecnológico de Monterrey, advirtieron en su ensayo El espejo presupuestal de la reforma educativa, publicado en el libro “La regresión educativa” compilado por Gilberto Guevara Niebla, que “[…] al eliminar los fondos para las evaluaciones de aprendizaje, el gobierno renunció a tener instrumentos de navegación confiables para la ruta de recuperación y desarrollo de aprendizajes, sugiriendo que serán los maestros que transitaron con sus alumnos al siguiente ciclo los que tienen mejor conocimiento de dónde está su nivel de desarrollo educativo.” (Fernández Martínez y Herrera, 2021). Asimismo, ambos académicos advirtieron que hubo recortes a programas educativos dirigidos a grupos vulnerables, como es el caso del PADEI y el PAPFEMS, el primero de ellos para educación indígena y el segundo a migrantes, en un total del 70%, asimismo, también hubo recortes a instituciones como CONAFE en 17%, eliminando dicha cobertura debemos hacernos la siguiente pregunta ¿cómo se puede afirmar que la política educativa nacional está funcionando si los indicadores van a la baja? ¿Dónde están las evaluaciones de la brecha educativa y la desigualdad?
En ese mismo sentido, Harvey Spencer Sánchez Restrepo y Eduardo Backhoff Escudero, expertos en evaluación educativa, sostienen en su texto “La Mejoredu y el retroceso de la evaluación educativa en México”, publicado en el portal Nexos, que la labor de la Mejoredu ha sido deficiente en cuanto a su rigor técnico, apuntando que “Independientemente de los argumentos a favor o en contra de implementar evaluaciones estandarizadas a gran escala y de comparar sus resultados, como institución del Estado, la Mejoredu ha acumulado una profunda deuda educativa, social, técnica, discursiva y ética con la sociedad mexicana, pues ha utilizado recursos públicos para cumplir con el despropósito de superar los rasgos más criticados de las evaluaciones previas que continuamente denuesta, para luego terminar por incumpliendo lo señalado en su modelo” (Sánchez Restrepo y Backhoff Escudero, 2024). En pocas palabras, no sólo han presentado tarde las evaluaciones diagnósticas, sino que éstas también carecen del rigor técnico necesario para garantizar una evaluación con resultados certeros en la materia, dejando en incertidumbre el panorama educativo a lo largo de los últimos 5 años.
Mientras la 4T ataca a los opositores, jueces, periodistas y académicos, el SEN se encuentra a la deriva, con planes de estudio que resultan más un capricho ideológico del magisterio y algunos académicos oficialistas, así como también tenemos gestión educativa deficiente y que pretende que nuestro país no pasó por una crisis educativa originada por la educación a distancia. La negación educativa se ha convertido en la bandera del presidente y su partido, mientras más se rehúsen en efectuar evaluaciones objetivas y certeras, la brecha educativa seguirá expandiéndose y la garantía del derecho a la educación se seguirá comprometiendo día con día. No se puede mejorar la calidad educativa a “billetazos”, necesitamos mejores políticas públicas y tomadores de decisión que realmente se preocupen por mejorar al sector educativo a nivel nacional.