El salario mínimo que regirá a partir del uno de enero de 2017 será de 80.04 pesos, lo que significa 7 pesos más que el actual, lo cual para los líderes obreros y algunos empresariales es motivo de halago y felicitación a los miembros de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ya que por primera vez en muchos años es mayor el porcentaje.
Visto desde ese ángulo se pensaría que por fin se le hace justicia a los trabajadores, sin embargo ese ingreso aún no lo reciben y ya lo están pagando desde los últimos días de noviembre, con el aumento al transporte urbano, que fue de 1.50. Miles de empleados realizan cuatro viajes diarios al tener turno mixto, lo que significa que están sufragando 6 pesos más, de manera que del alza salarial de enero les quedará un peso.
A lo anterior habrá que agregarle el incremento a los taxis, que en promedio es de 4 a 6 pesos más por viaje, mismo que ocupan quienes entran a trabajar a temprana hora, ya que los urbanos tardan hasta media hora en arribar a la parada y ante la urgencia de llegar a tiempo y evitarse regaños o castigos se ven obligados a utilizar este servicio, al igual de aquellos que terminan su jornada después de las nueve de la noche.
Lo anotado son los primeros efectos de la carga que se espera, ya que es común que en los primeros dos meses del año aumente la canasta básica, que por regla general es un “pellizquito” aquí y otro allá, para que al final del día se termine pagando entre ocho y diez pesos más de lo aplicado en diciembre.
Está claro que la clase obrera no conoce – ni conocerá – el nivel de bienestar que prometen las autoridades. Es una quimera que periódicamente se renueva, ofreciendo que en cuanto mejoren las condiciones económicas se podrá tener, pero generaciones completas han evaporado y ninguna tuvo la dicha de tener lo necesario para vivir. La Revolución Mexicana, con todo y el millón de muertos que dejó, no ha logrado en 116 años sacar de la pobreza a más de 55 millones de habitantes.
Es una burla lo que hace la Comisión de Salarios Mínimos, al exhortar a comerciantes, industriales y prestadores de servicios a no aumentar los precios, ya que tan sólo los camioneros están a la espera que la nueva administración estatal le autorice otro 1.50 para llegar a los 9 pesos por “pasada”. Para ellos y otros de su mismo nivel primero sus intereses y no están dispuestos a ceder ni a sacrificar ganancias, como tampoco los minoristas de básicos.
En su defensa, esos sectores sostienen que electricidad y combustible tienen un costo mayor, como también los fletes, por lo que se ven obligados a hacer un ajuste a los costos, pero que termina pagando el consumidor final al ser el último eslabón de la cadena productiva.
Hablar de una recuperación del poder de compra es un espejismo y todo lo que afirmen los políticos es una mentira, es algo que nadie se traga puesto que los problemas se viven en el día a día y en este sentido las amas de casa son las que más sufren para “estirar” el gasto, que no es otra cosa que racionar los alimentos y desembolsar en lo indispensable.
EXCESIVA VIOLENCIA
El fiscal general del Estado, Oscar González Mendívil, dejó la pelota en la cancha del Congreso del Estado, al señalar que de no aplicarse las acciones necesarias en el combate de la violencia hacia las mujeres el problema se agravará.
El dato que aportó el funcionario es escalofriante: el 90% de las denuncias por violencia que recibe la ex Procuraduría de Justicia es en contra de mujeres, esto es, de cada 100 víctimas 90 son ellas y de todas las edades, lo que demuestra la gravedad del problema de violencia de género que registra Aguascalientes.
Asimismo, es terrible la desaparición de personas y en ese sentido “desaparecen más mujeres que hombres”, apuntó, lo que aquí, aún cuando no es tan grave como en otras entidades, no deja de inquietar el solo hecho que alguien se pierda en la nada, con todo lo que representa para su familia, amistades y compañeros de trabajo o estudio.
Existen diversas formas de combatir el flagelo, pero se tiene que empezar por adecuar las leyes y es lo que no hizo la pasada LXII Legislatura del Estado, que entre los 104 asuntos pendientes dejó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hubo diputadas que se declaraban férreas defensoras de los derechos de la mujer, pero está visto que en cuestiones baladíes utilizaron su tiempo y se fueron sin haber cumplido algo tan mínimo como era impulsar la aprobación de ese código.
González Mendívil destacó que de no atenderse esa situación se agravará en perjuicio de las mujeres y lógicamente, de toda la sociedad, que cargará con el estigma de seguir siendo machista y por lo mismo no le importa perjudicarlas.
Por su parte, el Inegi da a conocer que de cada 100 mujeres de 15 años y más, 63 declara que ha padecido algún caso de violencia, sea por parte de su pareja o de cualquier otra persona; el 48% ha sido agredida en su relación de pareja, matrimonio o noviazgo; el 32% ha padecido violencia sexual en algún momento por parte de agresores distintos a su pareja. También hay violencia sexual, como abuso, intimidación, acoso o amenazas por parte de personas ajenas a su pareja. En 2015 el 6% de las defunciones de mujeres entre 15 y 29 años fue por suicidio y un porcentaje mínimo (0.3) en el renglón de homicidios, que de cualquier manera debe ser motivo de atención.
Además de una mejor legislación, como la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas, que también dejaron sin aprobar los anteriores diputados, el Fiscal del Estado considera que tiene que haber mayores programas gubernamentales y el apoyo irrestricto de la sociedad hacia las mujeres, con un renglón especial de atención a las víctimas.
Es de esperarse que la LXIII Legislatura no cometa las mismas omisiones de la que le antecedió y dediquen su esfuerzo en resolver los asuntos que importan a los aguascalentenses, y en particular a quienes forman el 52% del padrón electoral, que debe tener las garantías suficientes para su desarrollo personal, familiar y profesional.
CÁTEDRA DE CIVISMO
El gobernador Martín Orozco no está dispuesto a convertir en un herradero el estado. Lo ha dicho y muy claro: si sobre la marcha surge alguna situación que amerite la explicación de ex funcionarios se les invitará para que lo aclaren. No quiere que suceda lo que en otras partes del país, donde las nuevas administraciones están enfrentadas con las salientes, pero que al paso de los días se ha convertido en un bumerang, ya que las protestas que alentaron, previo a rendir juramento, hoy están presentes, situación que no quiere se registre aquí. Hay voces que exigen una revisión a la entrega de concesiones de taxis que hizo el ex gobernador Carlos Lozano de la Torre, sin entender que aún cuando haya sido a quienes – presuntamente – no las merecían, es una facultad que tiene el Ejecutivo. La experiencia vivida en 2010, cuando se pretendió cancelar las que entregó Luis Armando Reynoso Femat, es el mejor ejemplo que no puede haber marcha atrás, por lo que Orozco Sandoval ha sido muy cuidadoso en no caer en un terreno arenoso que sólo le provocaría un desgaste político.
