POR: OCTAVIO DÍAZ G. L.

@octaviodiazg

El presidente Peña Nieto anunció el pasado jueves 27 de noviembre diez medidas para mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho. En esta ocasión no se recurrió a un gran Acuerdo Nacional como lo hiciera el ex presidente Calderón en 2008 y como originalmente lo había anunciado el propio presidente Peña. Lo cual está bien porque de aquellos 74 compromisos firmados en 2008 o no todos se cumplieron o no tuvieron efecto para disminuir la incidencia delictiva; hace falta una evaluación a fondo de los resultados de dicho Acuerdo. Lo que no quedó claro es si se va a continuar con los esfuerzos para alcanzar esos 74 compromisos o ya con la propuesta del presidente Peña se echa al olvido aquel Acuerdo.

Con las medidas anunciadas, la Administración federal intenta responder a la emergencia nacional surgida de los acontecimientos de Iguala, Tlatlaya, de lo que ocurre en varios estados –convertidos en “estados” fallidos– y para disminuir el riesgo de que la ingobernabilidad se extienda por el país. El reclamo popular por mejorar la seguridad, mantener el respeto a los derechos humanos y acabar con la corrupción, ha tenido expresiones importantes por todo México y el extranjero tanto en las redes sociales como en grandes manifestaciones callejeras y ha sido objeto de mucha atención en medios de comunicación internacionales. Por ello, era muy grande la expectativa sobre el alcance y fuerza de las medidas que el Presidente anunció.

La estrategia del actual gobierno federal se ha caracterizado por un gran ímpetu legislativo como lo prueban las reformas que se han impulsado desde que inició el sexenio. Lo malo es que cualquiera de estas reformas tardará años en dar frutos. Por ejemplo, a año y medio de la reforma constitucional que dio origen a la Comisión Federal de Competencia Económica como organismo autónomo, aún están por verse resultados que sean iguales o mejores de los de su antecesora, la antigua Comisión dependiente de la Secretaría de Economía. Lo mismo se puede decir de otras reformas que se han impulsado en esta Administración ya que no bastan las reformas legislativas; se requiere que los encargados de llevarlas a buen término tengan la capacidad y experiencia para dar resultados, de otra forma, son reformas inútiles que solo crean más burocracia y gasto innecesario.

De las diez medidas que propuso el Presidente, seis de ellas incluyen reformas legislativas: 1. Proponer una Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales. 2. Enviar una iniciativa que redefinirá por completo y dará claridad al sistema de competencias en materia penal, a fin de que los diferentes órganos de gobierno asuman su responsabilidad en ese ámbito. 3. Proponer una iniciativa de reforma constitucional para establecer las policías estatales únicas. 4. Enviar al Congreso una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana. 5. Proponer una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada. 6. Aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia. Algunas de las propuestas no son novedosas pues ya se están discutiendo en el Congreso, pero no por ello dejan de ser importantes por lo que será conveniente que se aprueben pronto para que puedan tener efectos antes de que termine el sexenio.

Otras de las medidas que propone el Presidente están desbalanceadas en cuanto a su relevancia y presentan varias dudas. Por ejemplo, la propuesta de crear un número telefónico único para emergencias (911), como el que se usa en Estados Unidos y Canadá (en Europa usan el 112), no es una medida de alto impacto y el problema de fondo es tener la capacidad para responder a las emergencias. En cuanto a impulsar la Clave Única de Identidad, no sé si se trate de una confusión. Desde 1996 existe obligación para el gobierno federal de adoptar la Clave Única de Registro de Población (CURP) que es precisamente una clave única de identidad que pretende sustituir a las claves de identificación electoral del INE, a la del IMSS, al RFC y tantas otras claves que usa el gobierno. Ya se tienen grandes avances en la asignación de la CURP. Sin embargo, lo importante no es esa Clave, sino la Cédula de Identidad que ya se había comprometido en el 2008 y a la fecha sigue pendiente. Esta credencial permitirá identificar de manera confiable a las personas mediante fotos y registros biométricos con lo cual se puede resolver mejor el problema de los desaparecidos e identificar a los criminales. Por lo que respecta a desarrollar un portal donde se encuentren los proveedores y contratistas del gobierno federal, éste ya existe, se llama COMPRANET y está cargo de la casi desaparecida Secretaría de la Función Pública. No está claro si se trata de mejorar dicho sistema o crear un portal nuevo.

Una medida interesante es la creación de tres zonas económicas especiales que incluyen a Guerrero, Chiapas y Oaxaca (Lamentablemente se dejó fuera Michoacán). Por cierto, uno de los proyectos que podrían detonar la economía en esa región es construir un canal interoceánico en Tehuantepec, además de los proyectos anunciados.

Habrá que seguir analizando las medidas pero por lo pronto la sensación es que no responden a un sentido de urgencia ante el reclamo de la sociedad por mejorar la seguridad, el respeto a los derechos humanos y disminuir la corrupción en el muy corto plazo.

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