Cumplir y hacer cumplir la ley es una obligación de todo servidor público, ya que de no hacerlo conlleva sanciones, pero que lo haga de manera estricta no es una tarea fácil y menos cuando se afectará a terceros, por lo que en algunos aspectos hay permisividad que provoca quejas y condena por la inacción.

La semana pasada finalizó el término que se fijó Armando Roque Cruz, titular de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot), para dar a conocer los plazos que se fijarían a los concesionarios del transporte público para tener actualizadas las unidades.

En caso de no ajustarse a fechas fijadas, advirtió, no se permitirá que sigan dando servicio, trátese de camiones urbanos, taxis, combis, de personal o de otras modalidades, lo que si se aplica literalmente sería el golpe de timón tan largamente esperado por los usuarios, pero de ese dicho al hecho vaya que están bastante lejos.

De 698 autobuses urbanos, 309 están fuera de norma, esto es, que rebasan los 10 años de antigüedad por lo que deben quedar fuera, sin contar los que aun cuando están dentro del reglamento se encuentran en malas condiciones mecánicas y con serias deficiencias en sus interiores (asientos y pasamanos en mal estado, principalmente).

Bajo el supuesto de que salieran del servicio casi la mitad de los carros ¿se tiene listo el mismo número para sustituirlos?, no basta con prohibir que sigan en circulación sino que debe considerarse a los 400 mil usuarios que todos los días utilizan este servicio y que son los que sufrirían las consecuencias.

A lo anterior se debe la actitud socarrona de los permisionarios cada vez que reciben una amenaza de esa naturaleza. Saben que no existe capacidad para suplirlos de un día para otro, como se comprobó con la suspensión que hicieron de una parte de las unidades (“paro técnico” lo denominaron), obligando al gobierno a recurrir a particulares.

En lo que se refiere a los 4 mil 242 taxis, la tercera parte ya rebasó los seis años que dispone el Código respectivo para que estén en servicio, por lo que 1 mil 316 deben salir de servicio y de las “combis” hay 444, de las cuales 47 ya deben estar fuera. Es el mismo caso de los urbanos, que antes de retirarlos debe haber una opción para que el público no quede indefenso, ya que si actualmente hay rutas y horarios que tienen una fuerte demanda y de haber una reducción habría un problema mayor.

En el transporte de personal se tiene 149 unidades de modelo superior a los 12 años que marca la ley, esto es el 33%, al igual que del transporte escolar, donde 21 se extralimitaron del tiempo autorizado y de 34 suburbanos, el 70% (24) ya cumplió el término de 10 años.

En resumen, el transporte público en general tiene serias deficiencias que exigen acciones concretas, como sería tramitar ante una institución bancaria o gubernamental créditos blandos para la renovación del parque vehicular y que una vez obtenidos se fijen metas para que concesionarios se sumen al programa.

Mientras no se consiga el apoyo financiero difícilmente se va a lograr el objetivo y tampoco serán factibles las amenazas de cancelar las concesiones, porque de cumplirse llevaría a otro escenario igual de escabroso, como son las demandas ante los tribunales para hacer valer los derechos alcanzados por los años de servicio.

POLÍTICA FEMENIL

Cada vez son más las mujeres que aspiran a cargos políticos de primer nivel, lo que sin duda enriquece el medio al generar una mayor competencia con los varones, que actualmente deben esforzarse más para disputar y conservar las posiciones.

A nivel local hay 13 diputadas por 14 diputados en el Congreso del Estado, lo que significa un avance muy importante, ya que por primera vez en la historia del parlamentarismo local hay tal equilibrio, con lo que se hace realidad la equidad de género.

Únicamente falta promover más su participación en los partidos para tener perfiles nuevos, teniendo en cuenta que en la mayoría siguen las restricciones a la hora de darles oportunidades de figurar. Si se analizan los puestos de dirección no hay ninguna que haya resultado electa, por lo que quienes ocupan una oficina es por designación o encargo, frenándose las aspiraciones de quienes quieren participar y sólo encuentran escollos, particularmente las jóvenes que a ciencia cierta tienen mucho que aportar.

En el escenario nacional hay dos mujeres que aspiran a ser candidatas a la Presidencia de la República, por el Partido Revolucionario Institucional, la diputada federal con licencia Ivonne Ortega Pacheco y de Acción Nacional, Margarita Zavala de Calderón.

En el Estado de México van por la gubernatura Delfina Gómez, del Partido Regeneración Nacional y Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional, lo que augura una competencia muy reñida, al lado de los demás organismos que anuncian postulación de varones.

De cualquier manera falta un enorme trayecto por recorrer para lograr la plenitud de los derechos políticos de la mujer, como quedó demostrado en septiembre de 2016, cuando se conoció que por primera vez votaron mujeres oaxaqueñas. Esto se vivió en Guevea de Humboldt, comunidad fundada en 1540, perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec, que se rige por usos y costumbres, luego de que 11 mujeres impugnaron la elección municipal realizada en 2013 en la cual se les prohibió participar.

Fue una etapa difícil, porque aun cuando la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal en Xalapa dispuso en junio de 2014 anular la elección, no fue posible cumplirlo de inmediato debido a los conflictos locales, lo que llevó a que el Congreso de Oaxaca designara un administrador en enero de 2015, y finalmente se llevaran a cabo los comicios con la participación masiva de las mujeres, entre las cuales resultó electa Elizabeth Palacios de Jesús como regidora de Hacienda, que fue la primera en ocupar un cargo en el cuerpo edilicio.

Así es como se escribe la historia, mientras que una parte va a la vanguardia en el Congreso estatal o con pretensiones presidenciales, otras siguen luchando por sus derechos, dando ejemplo al país de que ya no se deben quedar calladas, que deben levantar la voz para exigir respeto y se les haga partícipes en la toma de decisiones, aun en lugares en que el machismo ancestral no les permite hacerlo basándose en sistemas normativos internos que sólo le daban voto y opinión a los hombres.

SE ACERCAN

Para finales de año se tendrá un panorama más preciso de los que serán los precandidatos a las senadurías y diputaciones federales que estarán en juego en 2018, así como a las diputaciones locales. Por ahora sólo hay aproximaciones de los que pueden estar en las boletas, como Silvia Luna, que reapareció en el escenario estatal durante la Conmemoración de los 100 Años del Artículo Tercero Constitucional, en representación del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, lo que para los asiduos a los mentideros significa que la ex diputada federal pretende volver al Congreso por el Partido Nueva Alianza, sea a la Cámara de diputados o al Senado. Es el mismo interés que se le adjudica a la ex candidata a la gubernatura Lorena Martínez, que actualmente cumple una comisión del PRI en Veracruz. Por su parte el ex gobernador Otto Granados ha tenido varias presentaciones en su calidad de subsecretario de Educación Pública, que lo hace un candidato natural a la Cámara de Senadores. Hay otros que están en la misma ruta, como Roberto Padilla, del PRI, Jesús Ortega, del PRD y sin descartar a Sergio Augusto López, del PVEM, que puede repetir la misma fórmula, de saltar del Congreso local al federal.