Han pasado 20 años pero en el Partido Acción Nacional sigue presente la manera en que Vicente Fox se hizo de la candidatura presidencial, tan es así que de la vieja regla de oro de esperar alguna señal se pasó a ventilar anticipadamente la intención de ir por un cargo de elección popular, y tan buen resultado le dio que él mismo fue quien puso en marcha los recorridos por el país –disfrazados entonces que eran para acarrear inversiones a Guanajuato, entidad de la que era gobernador-, lo cual imitó el actual mandatario nacional y que ahora replica Ricardo Anaya, que en 2024 va por una segunda oportunidad.

A nivel local es imitado por la alcaldesa María Teresa Jiménez, que ha sido muy clara en las entrevistas con este Diario: va por la gubernatura y nada frenará su intención, por lo que día tras día transita por distintos puntos del municipio capital, a sabiendas que esta exposición llega al resto del estado, lo que para sus detractores se aprovecha de la posición que ocupa para hacer política personal, pero no hay forma legal de impedir que lo haga, en virtud que parte de sus funciones es reunirse con los habitantes de colonias urbanas y comunidades rurales.

Como es natural en estos casos, todos los movimientos que hace son observados por la oposición para tratar de encontrar algún resquicio por dónde darle uno que otro raspón y si la propia autoridad da elementos para que se haga no queda de otra más que aguantar el bombardeo mediático.

En este sentido va el señalamiento que hizo la regidora priista Citlalli Rodríguez, al considerar que aún cuando las cuentas públicas sean aprobadas, no significa que el manejo del erario haya sido el conveniente, pero fue más allá al citar que próximamente se votará en el Cabildo la correspondiente a 2020, “donde hay números que deberán ser bien explicados, pues en algunos rubros se gastó más de lo planteado en el Presupuesto de Egresos”.

Por lo anterior, consideró que hubo una mala planeación del gasto municipal, porque una cosa es lo que aprobó el cuerpo edilicio y otra lo que se aplicó en los hechos, lo que deja en una situación difícil al órgano colegiado, prácticamente de “ornato”, al no vigilar su uso y tampoco exigir una explicación decisiva.

Sostuvo que “pareciera que el Municipio de Aguascalientes se aprovechó de la pandemia para ejercer más recursos públicos en banalidades e imagen personal, que en apoyos a los necesitados”. La edil consideró que hubo gastos que no concuerdan con el supuesto espíritu altruista, porque mientras se destinaron 975 mil pesos para la compra de equipo médico que ayudara a combatir el coronavirus, en el mismo período se gastaron dos millones de pesos en la compra de cámaras fotográficas y de video, “la diferencia es de más del doble a favor de una banalidad”.

Lo más grave de todo, reiteró la regidora Citlali Rodríguez, es que se proporcionaron a familias con estrechez económica pollos, huevos, entre otros artículos, pero para anunciar la citada entrega se gastaron 87 millones de pesos, “con esto a la ciudadanía le salió más caro el caldo que las albóndigas, hablando en palabras coloquiales”.

Ante esta información “y de gastos desmedidos” es necesario que los miembros del Cabildo hagan una revisión minuciosa de las cuentas y que antes de aprobarlas se reciba un informe pormenorizado de lo empleado, que de no ser concluyentes que no sean aprobadas, puntualizó.

Como puede advertirse, la alcaldesa María Teresa Jiménez debe tener mayor cuidado de lo que haga y exigir a sus colaboradores que cumplan con los términos que fija la ley para no dejar pisadas que luego se convierten en un lodazal. Sacó la cabeza con bastante anticipación y ahora tiene que enfrentar lo que venga, porque habrá obuses desde distintos puntos.

RUSTICIDAD

Propalar que los ciudadanos deben presentar la prueba anti-coronavirus como requisito para el 6 de junio entrar a la casilla y emitir el voto, fue un petardo que se lanzó, que desde cualquier ángulo que se le mirara estaba condenado al fracaso, ya que si en tiempos normales sólo acude poco más de la mitad de los empadronados, con esa exigencia podría ser el desplome total.

El voto es un derecho único e intransferible, que sólo puede realizar el propio ciudadano y también es su derecho no ejercerlo, lo que es motivo que algunas voces exijan que se haga obligatorio y se aplique un castigo a quien no acuda a las urnas, lo que otras objetan ya que en democracia se elige por convicción, no por obligación.

En ese sentido, sería insensato pedir la prueba anti-COVID por una simple razón: la prueba se debe hacer entre las 72 horas previas al acto, por lo que en ese lapso tendría que acudir poco más de un millón de personas a tramitar el comprobante, de ahí que actuó de inmediato el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz, para desmentir categóricamente el rumor, además de considerar que hacerlo sería “incosteable, ilegal y discriminatorio”.

En todo caso habrá medidas que en su oportunidad dará a conocer el recién creado comité de salubridad y planeación institucional, formado por representantes del IEE y del ISSEA. Para la jornada electoral tienen que aplicarse protocolos que al mismo tiempo protejan a los votantes y a los funcionarios de casilla. No se negará el acceso a nadie, lo único que se pedirá es que acudan con cubrebocas, guarden la distancia en la fila y se conduzcan con civilidad en todo momento, para que sea un acto de gran participación y  de mucho respeto entre los asistentes.

Se trabaja para hacer de las casillas un espacio seguro para todos y que las personas que acudan a elegir a sus representantes populares y funcionarios municipales lo hagan con la plena confianza de que no habrá problema en su estancia en el lugar.

Lo importante de esto es atajar cualquier tipo de patrañas, que sólo buscan desalentar a los electores, cuando la obligación cívica es promover la mayor participación posible para que los ciudadanos elijan con libertad y total seguridad y al mismo tiempo los elegidos sean por el mayor número posible de habitantes de cada distrito local y federal y de los municipios.

DEUDA HISTÓRICA

Hay un exceso cuando se habla que tal o cual olvido de la autoridad o comunitario es una “deuda histórica”, porque depende de lo que se mencione, pero en donde es una verdad que existe es con los trabajadores del Gobierno del Estado y los municipios, en donde los culpables directos son diputados y diputadas que a través de las legislaturas han evadido actualizar la Ley del ISSSSPEA. Hay actos que podrían ser violatorios a la Ley Federal del Trabajo, pero sin duda lo que más perjudica a miles de burócratas locales es la pensión de burla que reciben. Hace muchos años alguien incluyó mañosamente en la citada legislación, que para efectos de la jubilación sólo se tomará en cuenta el salario base, cuando es sabido que es sumamente bajo y lo que equilibra es el sobresueldo o bono de compensación que reciben, por lo que hay quienes reciben actualmente menos de un salario mínimo cada mes, lo que además de ser una injusticia es una burla, que después de 30 años o más de servicios se les “premie” con darles unas migajas, además, la propuesta de Mario Valdez no pasa de ser una cortina de humo, al plantear que para el retiro se tome como elemento principal lo cobrado en los últimos tres años, lo que, dijo, “inhibiría actos de oportunismo, malas prácticas de la función pública y al mismo tiempo se incrementaría de manera justa las percepciones de quienes se jubilen”; es algo que se dice cada tres o seis años y quien lo propone cree que ha descubierto el hilo negro, aunque de esto el ex dirigente magisterial debe ser mucho. Lo que se necesita es que si en el Congreso hay incapacidad para hacer una verdadera reforma, que el Gobierno del Estado presente una iniciativa que incluya un tope en UMAS y que además esto beneficie a quienes ya están pensionados, de manera que exista una verdadera justicia social.