El cuarto informe de gobierno, que rendirá el titular del Poder Ejecutivo Martín Orozco Sandoval el martes próximo, será una síntesis de un año atípico en varios sentidos, principalmente por la pandemia que exigió retrasar, cambiar o cancelar planes y que obliga a una mayor entrega para evitar el menor daño posible a la sociedad.

Además de dar a conocer el estado que guarda la administración a su cargo, en que tendrá especial relevancia las acciones que se han llevado a cabo en materia de salud para enfrentar el Covid-19, se destacará la modernización del sistema de seguridad y las decisiones que se han adoptado en apoyo y defensa de las empresas y el empleo, además de vigilar muy de cerca para que la educación cumpla con las exigencias inéditas de impartir clases a distancia.

También el mensaje con motivo del informe será diferente, ya que en lugar de que se lleve a cabo en el Teatro Aguascalientes, como ha sido tradicional, será por radio, televisión e internet, lo único que no cambia es la entrega del documento que se hará en el Congreso del Estado, con lo cual los legisladores estarán en la posibilidad de conocer su contenido, analizarlo y en su oportunidad invitar a los funcionarios de las dependencias para que expliquen o aclaren los datos.

En tanto, Orozco Sandoval encabezó en la plaza de armas la entrega de 92 vehículos de motor y equipamiento, en que se invirtió 241 millones de pesos y que benefició a los municipios de Asientos, Cosío, El Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia y Tepezalá, asimismo a la Fiscalía General y a las secretarías general de gobierno y de seguridad estatal.

En su intervención, el mandatario hizo un llamado a cerrar filas para garantizar la seguridad en todo el estado, como la máxima prioridad que debe prevalecer en todas las corporaciones y en lo que tiene mucho que ver la sociedad, para que Aguascalientes continúe siendo una de las entidades más resguardadas del país “gracias al trabajo que se ha emprendido en estos cuatro años de gobierno”, apuntó.

En otra ceremonia que también presidió, con motivo del 220 aniversario del inicio de la guerra de Independencia, el gobernante subrayó que en la actualidad esta lucha continúa, pero ahora en aras de vigorizar la democracia y devolver la confianza de la sociedad en las instituciones, facilitar el acceso a la justicia, defender los derechos humanos y hacer más efectivo el ejercicio de la ley.

Sostuvo que “la libertad que alcanzamos como nación no es sólo una anécdota para la historia, es más acción permanente porque todavía hay millones de familias que no tienen una vida digna y víctimas que no han sido restituidas en su dignidad”.

Sostuvo que es ahí, en “donde están los más vulnerables, las mujeres y los hombres a quienes se les ha negado el más elemental de sus derechos, en donde alcanzaremos la verdadera libertad como país”.

De manera especial se refirió que la crisis sanitaria ha traído consigo dolor y enfermedad, desempleo y pérdidas económicas, que están profundizando las brechas en la sociedad. “A cada uno de nosotros, desde nuestra competencia constitucional, corresponde luchar como aliados de los empresarios, los productores del campo, las familias y de cada aguascalentense para fortalecer nuestra unidad y reducir a su máxima expresión todo aquello que nos divide. Tenemos una sola bandera, seamos uno solo en la superación de los rezagos”, concluyó.

INDICIO TENUE

Bajo las condiciones en que se desarrolla la pandemia es difícil considerar que ya empezó el descenso, pero hay un ligero asomo que hace abrigar esperanzas de que poco a poco sea menor el daño que cause, al reducir los últimos días la mortalidad, lo que no significa que debe bajarse la guardia, por el contrario, ahora más que nunca se debe reforzar para evitar un rebrote que de darse podría ser más letal.

De acuerdo al informe de media semana que suministró el secretario de Salud en el estado, Miguel Ángel Piza Jiménez, se tenía 8,109 casos confirmados, 544 decesos y 20,477 casos negativos, se analizaron 255 pruebas y más de 6,000 pacientes se han recuperado del Covid-19. Asimismo, Se encuentra disponible el 56% de camas con ventilador y 79% de camas generales y 100 pacientes estaban hospitalizados como graves y 96 como muy graves.

Cabe destacar que la tasa de letalidad es la segunda más baja del país, en función de la atención oportuna que ofrece el personal de salud y que se suma a la responsabilidad ciudadana de acudir a revisión médica ante la presencia de síntomas.

En apego a lo indicado por el ISSEA, se encuentran recuperados 6,300 pacientes que hasta el miércoles pasado habían dado a positivo; en total se han confirmado 7,956 casos desde el inicio de la contingencia, 292 están bajo investigación y 19,908 han resultado negativos.

Piza Jiménez reiteró el llamado a la población para evitar reuniones sociales y familiares, en las que no se pueda guardar la sana distancia y que al encontrarse muchas personas pueda haber un alto riesgo de contraer el germen y que éste se propague. Con responsabilidad de cada uno se beneficia a todos.

PLEITO SIN FIN

Desde hace varias décadas Liconsa y los productores de leche mantienen una relación ríspida, debido principalmente a que la empresa gubernamental retribuye menos de lo que vale el litro y muchas veces retrasa el pago correspondiente.

Cada delegado o gerente a nivel local, al tomar posesión del cargo sabe que en automático se convierte en parapeto de las oficinas centrales, enfrentando toda clase de imprecaciones por algo que no cometió pero que al ser el representante  obliga a soportar los embates, buscando amortiguar la situación sin mayor éxito ya que los demandantes exigen respuestas claras, prontas y justas, algo que no está en su nivel poder dar.

Esta vez el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche demandó que sin demora Liconsa pague cerca de 15 millones de pesos que adeuda a casi 40 productores, y de no hacerlo bloquearán con vacas las entradas y salidas de las oficinas de Leche Industrializada Conasupo.

Ante la exigencia, el pasado 15 de septiembre se anunció que a la mayor brevedad se pagaría esa cantidad, al autorizar la Secretaría de Hacienda la liberación del recurso en la reunión que sostuvo con el titular nacional del organismo, Humberto López.

Como se ha vuelto costumbre en el actual gobierno federal, responsabilizó del atraso a que se detuvo todo trámite por la pandemia del coronavirus, sin embargo este asunto surgió hace poco más de un mes y la calamidad sanitaria viene desde febrero pasado.

Además, este estira y afloja es un problema muy viejo, tanto que en la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) un grupo numeroso de productores de Encarnación de Díaz, Jal., derramaron en la Carretera Panamericana miles de litros de leche y luego acudieron a un acto que tuvo lugar en el Teatro Aguascalientes para exigirle al entonces secretario de Agricultura, Francisco Labastida Ochoa, el pronto pago de los adeudos y un mejor precio del producto.

La situación actual se originó porque Liconsa dejó de pagar a los productores de Granjas Fátima y del municipio de Pabellón de Arteaga, por la entrega de 65,000 litros diarios del lácteo, que los puso en aprietos ya que ellos tienen que cumplir una serie de compromisos.

Queda en el escritorio la petición de aumento de 8 a 9 pesos el litro, lo que se les respondió que se analizará y tal vez el próximo año se autorice, pero sin que exista un compromiso, por lo que está latente que, independientemente que Liconsa cumpla con el pago de los 15 millones de pesos, vuelvan las manifestaciones de los ganaderos, que aducen lo costoso que resulta producir la leche para que les paguen menos de lo que realmente vale y todavía les posterguen el pago.

EN LA MIRA

Se ha convertido en una costumbre que por medio de mantas o videos grupos delincuenciales envíen mensajes a los funcionarios que estorban en sus acciones, a los que no sólo amenazan de represalias sino que los exhiben como cómplices de bandas enemigas, lo que antes de aceptar o negar como ciertos los hechos habría que actuar con criterio y considerar de donde vienen los ataques, hacia quién van dirigidos y qué grado de credibilidad merecen.

En estos casos no se puede actuar de botepronto y juzgar como ciertas las imputaciones, lo que no significa que se rechace totalmente ese tipo de mención, pero antes de opinar se tiene que analizar el pro y contra de lo que se dice.

Cada cierto tiempo aparecen esos escritos, con nombres y cargos que ocupan los atribuidos, dejándose las mantas en puentes, sobre las alambradas de alguna escuela u hospital y hasta en el enrejado de un templo, buscándose hacerlos lo más visibles posible al mayor número de personas y que después de algunas horas son retirados por la policía, pero ya cumplieron su cometido de que el público se entere de las presuntas picardías de los servidores públicos.

Al igual que sus antecesores, es tradicional que se rechace lo que se dice. Esta vez le tocó al fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, al que le imputa estar a favor de un cártel y el respondió que no le hace caso a anónimos, que la institución a su cargo trabaja “sin distracciones, despojada de señalamientos sesgados y sobre todo, concentrada en el cumplimiento de su labor indagatoria y de combate a la delincuencia”. Reiteró que ese tipo de actitudes no toman en cuenta que “las instituciones son más grandes que esos ataques, que las dedicadas a la seguridad siempre son motivo de ataques y que hay muchos intereses en medio, pero en la FGE estamos tranquilos”.

Figueroa Ortega resaltó que las acusaciones están fuera de contexto, desactualizadas y que refieren a situaciones generales, lo que en su opinión “atienden a intereses particulares, tal vez políticas o simplemente de personas metidas en el tema de desestabilizar instituciones”.

De la misma forma, sea coincidencia o no, también se hicieron imputaciones a los integrantes de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado (SAPJE), en relación con la primera licitación del libramiento carretero poniente, lo que motivó el oportunismo de algunos que exigieron la inmediata separación de sus cargos de los tres magistrados y que tuviera lugar una investigación “exhaustiva”.

De cara a esa situación, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriela Espinosa Castorena, señaló que, en primer lugar, habrá que verificar la veracidad de lo que se alude, y en segundo, que de resultar ciertos no le temblará la mano, para en su caso, sancionar a quien resulte responsable.

Hizo hincapié que durante el tiempo que lleva al frente del Consejo de la Judicatura no ha recibido quejas por situación de corrupción y en los casos de faltas graves de servidores públicos que afectaran algún procedimiento, como no entregar un documento a tiempo u otros, se les ha separado del cargo, aún cuando tengan carrera judicial.

Sobre el caso en que se menciona a la SAPJE,  Espinosa Castorena precisó que no hay una queja ni denuncia formal, sólo lo que se publica en medios, sin embargo se dialogó con los magistrados y existe un acta suscrita por ellos mismos que informa la ruta del asunto que se cita, desde su presentación, revisión de resultados, requisición de elementos para cumplirlos, publicación en listas de acuerdos que acreditan que el expediente circuló el mismo camino de todas las demandas que conoce la Sala Administrativa.

En uno y otro caso, tanto de la Fiscalía como de la SAPJE, no existen elementos para sostener que existe corrupción en el ejercicio de sus encargos, por lo que las recriminaciones se deben tomar con reservas.

¿TERRORISMO LABORAL?

La denuncia que hicieron trabajadores del sector salud en contra de las direcciones de los hospitales Miguel Hidalgo y Tercer Milenio y del Hospital de la Mujer, de haberlos despedido injustificadamente y que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) hace tortuguismo con los expedientes, se ubica en los linderos de una dureza laboral que se creía desterrada del sector público.

Lo más lamentable es que dejan cesante a personal experimentado, justamente ahora que más se requiere de su presencia para combatir la epidemia, de lo cual – hasta el momento – no hay una explicación oficial del porqué se actuó de esa manera.

Rosa María Palacios Acosta, enfermera especialista en medicina crítica y terapia intensiva, declaró ante los medios informativos que son cerca de 50 compañeros que fueron separados de su trabajo sin una razón válida, varios de ellos con una antigüedad de 20 y hasta 30 años, de igual manera hay médicos, enfermeras, intendentes y empleados suplentes,

Fue hasta que se hizo público el problema que el secretario General de Gobierno se reunió con varios de los perjudicados, lo mismo que el titular de la Junta de Conciliación, quien se comprometió a darle agilidad a las demandas, en que básicamente no piden la reinstalación sino el pago de la indemnización correspondiente y los alcances a que tengan derecho.

En cuanto al sindicato, señalaron que ha guardado un sospechoso silencio, por lo que se vieron obligados a contratar los servicios de un abogado para que los asesore en cuanto a la liquidación que exigen.

Aún cuando los empleados opten por retirarse de lo que fue su centro de trabajo, se requiere una explicación de cada titular de los respectivos hospitales, porque si fuera uno o dos los cesados podría suponerse que hicieron algo indebido, pero 50 es que hay algo más que simples medidas disciplinarias.

POLOS OPUESTOS

Habrá tantas justificaciones como se quiera, pero ninguna lo suficientemente convincente para persuadir que el PAN y el PRD son análogos, al grado que volverán a cohabitar bajo el mismo techo durante las elecciones del año próximo.

En esta alianza Acción Nacional pierde más de lo que pretende ganar, al ceder varias candidaturas en detrimento de su propia militancia, además en las alcaldías donde obtenga triunfos deberá entregar cargos que en otras circunstancias serían para los suyos.

Históricamente, al PAN le ha ido bien cuando ha ido solo y al hacerlo en coalición disgrega las posibilidades, amén de compartir el pastel, por lo que deja en el camino a varios militantes, que podrán ser de cepa pero los obligan a ceder su lugar para que lo ocupe acompañantes de aventura.

Cada vez que se ha dado este tipo de liga se menciona que es juntar el agua y el aceite y en los hechos así se demuestra. El PAN apuesta por la familia tradicional, exige una educación en que tenga intervención directa los padres y se opone al aborto, por citar lo más visible.

En tanto, el PRD defiende la unión entre parejas del mismo sexo, está a favor del aborto y apoya a la comunidad LGTB, lo que presumiría que no puede haber paralelismo con Acción Nacional, pero tratándose de política todo es posible, por lo que en 2021 irán en coalición parcial y con el compromiso de integrar a representantes de la llamada sociedad civil, que por su parte tiene su propia agenda.