La imposición a todos los que han cumplido 18 años de registrarse ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), tengan o no ingresos, es una forma de ejercer una vigilancia estrecha sobre sus vidas, ya que se les tendrá perfectamente ubicados y podrá determinarse a qué se dedican.

Lo que parece un simple trámite burocrático en el fondo es similar al que aplican los regímenes absolutistas, al tener una base de datos que les permite acordar las acciones a seguir cuando surja una desobediencia de los jóvenes ante una disposición que les parece arbitraria.

La miscelánea fiscal 2022 que entrará en vigor el uno de enero, adiciona y deroga disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ley del Impuesto Sobre Producción y Servicios, Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.

Entre los diversos cambios que habrá se incluye la obligatoriedad de los mayores de 18 años de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), lo que a juicio de algunos especialistas es parte de la lucha que mantiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra de las factureras, que presuntamente suplantan los datos de los jóvenes para alistarlos en los compendios de facturación falsa, no obstante, en la exposición de motivos no hay claridad que el RFC obligatorio servirá para combatir la suplantación de identidad.

Los diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público le hicieron algunas adiciones a la propuesta, en que por una parte están de acuerdo con la obligación de que los mayores de 18 años se inscriban en el RFC, por otra le agregaron que los jóvenes solicitarán su registro bajo el rubro de “inscripción de personas físicas sin actividad económica”, por lo que no las obliga a presentar declaraciones ni pagar contribuciones.

El planteamiento tiene sus bemoles, porque una vez que obtenga su alta, el joven deberá demostrar que no tiene ingreso alguno y aunque se diga que bastará que lo señale para que la autoridad hacendaria lo considere, en la práctica podría suceder lo mismo que con los jubilados y pensionados, que deben presentar su declaración anual pese a que no ejercen labor económica alguna ya que sólo reciben el pago de su retiro.

El trámite no será opcional sino obligatorio, por lo que se podrá exigir el comprobante para ejecutar otras acciones y de esta manera el gobierno cumplirá su propósito de tener bajo revisión permanente a los nuevos ciudadanos.

Para el SAT viene un problema muy serio en el país, al verse forzado a atender millones de altas al RFC, teniendo en cuenta que si durante los últimos dos años ha enfrentado serias dificultades para considerar los asuntos de rutina que presentaron los ciudadanos en general, principalmente con demoras por semanas para otorgar citas, ahora será mayor, máxime que antes de irse a las vacaciones de fin de año canceló el trámite de obtención del Registro Federal de Causantes.

El especialista José Alfredo Franco Hernández señaló que se hizo una modificación a la séptima resolución miscelánea fiscal que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se dispone que el SAT suspende la posibilidad de darse de alta en línea, por lo que exclusivamente podrá hacerse de manera presencial en las oficinas a partir de enero y sólo mediante cita.

Esta acción va a causar  una situación difícil para todos aquellos que traten de hacer un trámite, debido a lo que el SAT viene arrastrando desde hace tiempo. En principio todo indica “que se acabó la venta de citas o la minimizaron, pero estamos preocupados porque no se sabe si les va a dar la capacidad de atención presencialmente”, puntualizó.

A SACUDIRSE LOS ZAPATOS

Los que viven de la industria automotriz no tienen otra opción que antes de que se escuchen las doce campanadas del año viejo se sacudan los zapatos para dejar atrás al mal fario que les ha acompañado desde el segundo trimestre de 2020.

Lo más lamentable de todo es que en lo registrado no han tenido nada que ver, sino que han cargado con un problema provocado por los proveedores de componentes de la región asiática, por lo que esperan que pronto se regularice el abastecimiento y permita llevar a cabo los programas de producción previstos.

El secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León, señaló que a lo largo del presente año se tiene un acumulado de 7 días mensuales en paros técnicos, hecho que ha provocado que los más de 55,000 trabajadores directos reciban el 50% de su salario y la producción se cierre con una caída anual del 33%.

La mayor parte de las empresas salieron a vacaciones el pasado final de semana y se fueron sin que se lograra solucionar el problema de los conectores, asimismo el flujo económico no alcanzó lo previsto, por lo que concluye el año con una producción menor debido a que hubo demasiados días inactivos, situación que tomó por sorpresa a todo el sector automotriz, ya que como se menciona sale totalmente de su esfera.

Padilla de León reiteró que desde el pasado mes de marzo se ha tenido un promedio de 7.5 días de paros técnicos mensuales, estrategia obligada a que han recurrido las empresas para continuar en funciones y sólo unas pocas han logrado sortear este paso porque su ramo se los permite. El problema lo resienten también cerca de 35,000 trabajadores indirectos debido a que la empresa contratante les ofrecía transporte y servicio especializados, entre otros.

Dentro de lo difícil de la situación, el dirigente consideró que lo positivo es que no ha habido despido de personal sindicalizado y que se les pagó el 100% del aguinaldo, o sea que no se descontaron los días en que no hubo actividades, en cambio en las áreas administrativas se han registrado movimientos, pero han sido mínimos.

Está claro que las empresas han tenido pérdidas al no lograr las metas de producción, lo que inevitablemente se refleja en los ingresos que reciben los trabajadores, pero es algo que deben afrontar y esperar que el próximo ciclo venga una mejoría.

MAYOR BUROCRACIA

Aunque la idea podría parecer positiva, pedir que se cree una procuraduría exclusiva para atender los problemas de las personas mayores no significa que se vayan a solucionar los que enfrentan por el simple hecho de que exista una oficina exclusiva. En Aguascalientes se tiene la fiscalía general del estado, que en tiempos idos fue la procuraduría general de justicia, también existe una procuraduría de la familia, otra de la juventud, una más anticorrupción y oficinas que dependen de las mismas. La diputada Xóchitl Macías Pacheco consideró que cada vez son más los servicios y atención que demandan las y los ciudadanos añosos, por lo que la Comisión de la Familia que preside en el Congreso local presentará una iniciativa para crear la Procuraduría del Adulto Mayor. Para respaldar el planteamiento, la legisladora dijo que ha detectado un número importante de personas en edad avanzada que se encuentran en abandono y los que sí tienen familiares pero se deslindan de su atención (aunque cabe recordar que hacerlo ya es un delito). Sostuvo que hay personas de 60 años o más que sufren exclusión familiar y social, por lo que aún cuando no exista violencia física sí la es emocional, al negarles la atención que merecen. En razón de ser sincero, crear otro ente público, por más que se envuelva en una necesidad, es sólo agrandar el aparato burocrático, en todo caso se debe generar una oficina especializada como parte de la fiscalía general, que se encargue de atender los asuntos que atañen a este segmento poblacional, o bien, ampliar las facultades que tiene la Procuraduría de la Familia y el Menor que está inserta en el DIF Estatal, para lo cual se pueden difundir los programas que ofrezcan y así las personas que requieren de una atención o asesoría reciban la respuesta que buscan.

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