Extender la oferta educativa desde el sector público es una de las tareas más importantes que tiene el Estado en sus tres dimensiones (Federal, Estatal e incluso Municipal). Esta tarea se volvió un eje central en el sexenio anterior, con las famosas Universidades para el Bienestar, aunque su impacto ha dejado mucho que desear y su implementación estuvo plagada de irregularidades, quejas de docentes, programas sin reconocimiento oficial por parte de la SEP y un largo etcétera. En sintonía, el sector privado no se quedó atrás y aumentó significativamente el número de universidades privadas a lo largo de los últimos veinte años (en el caso de Aguascalientes, de seis a más de sesenta en todo el Estado); sin embargo, la mayoría de dichos planteles privados se caracterizan por ser de muy mala calidad (las famosas “universidades patito”). En ese tenor solo queda hacernos una pregunta ¿cuál es la ruta idónea para el impulso de la educación superior? ¿qué factores se están ignorando en la política educativa nacional y estatal?
Más allá del ideal o el “deber ser”, en el que estudiamos una carrera universitaria para desarrollarnos plenamente en sociedad desde un enfoque profesional, el propósito fundamental de invertir entre cuatro a cinco años de estudio es para conseguir un trabajo bien remunerado que nos permita un estilo de vida digno. En ese sentido, el Estado ha sido sumamente escaso de visión, dado que la ampliación de universidades públicas y programas de licenciatura, sin un estudio de mercado o mecanismos de atracción de inversión privada, lo cual eventualmente dejará a nuevas y nuevos licenciados sin un trabajo formal. Por ello, el eje central de la política educativa nacional y estatal debe visualizar simultáneamente el aumento de la oferta educativa con el crecimiento económico o el aumento de inversión privada; o bien, invertir en investigación y generación de patentes (como lo hicieron países como Finlandia y Singapur), permitiendo el ingreso de miles de estudiantes a los mercados competitivos y aumentar la gama de posibilidades.
Lo anterior, se puede apreciar con mayor claridad si analizamos el top 10 de las mejores a peores carreras pagadas (según el Instituto Mexicano para la Competitividad), las profesiones con mejores salarios son medicina (con y sin especialidad), economía y finanzas, electrónica, ciencias computacionales, etc; mientras que las peores pagadas son formación en educación, trabajo social, diseño curricular, etc. Estas cifras, más allá de generar un estigma entre profesionistas, debe ser un eje central para mejorar el diseño de las carreras y apostar por modelos duales (o con certificaciones) que permitan a las y los estudiantes especializarse mientras cursan su carrera; o bien, diseñar posgrados ejecutivos que permitan la especialización en áreas que demandan los mercados actuales. Ambas alternativas están enfocadas en mejorar la calidad de la educación superior, ambas son piezas clave que pueden significar el que, el día de mañana, una alumna o alumno obtenga un trabajo.
Por otro lado, en el sector privado se debería atender estrategias similares y, aunada a la naturaleza de su actuar desde las instituciones educativas privadas, tienen un margen de maniobra aun mayor y con mejores posibilidades de éxito. Sin embargo, la enorme proliferación de “universidades patito” se ha logrado sostener por recortar el tiempo de las carreras y ser, básicamente, una maquiladora de títulos. Les venden a las y los estudiantes la posibilidad de egresar en tres años (bajo un montón de modalidades), sin precisar que su formación será deficiente y se reducirán las posibilidades para insertarse en la vida económica del país (tal y como reza la frase popular “lo barato, sale caro”). En estos casos, la única alternativa es un ajuste a los requisitos para otorgar los “Reconocimientos de Validez Oficial” (RVOE) y aplicar una regulación más estricta, para evitar la proliferación de este tipo de instituciones educativas privadas (que desafortunadamente son mayoría).
Ahora, debido a los pronósticos económicos para el siguiente año, la dificultad de mejorar la calidad de la educación superior será mayor. Con la presentación del Proyecto de Egresos de la Federación para 2025 (PEF 2025) ante la Cámara de Diputados, el Secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O, precisó que se tendrá un déficit de más de 1.7 billones de pesos, es decir, un 3.9% del PIB. Aunado a lo anterior, la calificadora “Moody´s” (una de las más importantes en todo el mundo), modificó su percepción de confianza en México a negativa, atendiendo al aumento de la deuda pública, la reforma judicial y el rescate financiero de PEMEX. Ahora, más que nunca, se necesita mejorar la calidad de la educación superior y ampliar el margen de oportunidades de millones de estudiantes, algo que el Estado no logrará con becas y programas populares, y del que dependerá el futuro de más de 5.3 millones de estudiantes en toda la república.
