René Urrutia De La Vega

Recientes acontecimientos ocurridos en diversas entidades de la República Mexicana y en la Ciudad de México han venido a contrastar -una vez más- las opiniones de distintos actores e intervinientes, pero también de la sociedad en general que se pregunta, como siempre, ¿cuándo habrá resultados en materia de seguridad?

Si se trata de actos de violencia extrema que ocurren en la Ciudad de México, en donde se agrede con artefactos bélicos de alto poder, con saña y brutal ferocidad al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a su equipo de protección, que resultó con bajas, es una muestra clara de que se están haciendo bien las cosas y de que hay resultados en el combate al delito, pero si en cualquiera otra entidad federativa del país acribillan a policías y custodios, realizan ataques en contra de civiles, bloqueos de vialidades, entre otros actos violentos, entonces la situación es insostenible y las autoridades estatales deben ser investigadas porque es muy raro que algo así ocurra. Pero no debería extrañarnos, es el mismo discurso de siempre, normalmente no se asume la propia responsabilidad en el ámbito de las respectivas competencias, sino que se busca endosarla a otros, nada se ha transformado.

Hay que decirlo con firmeza, la violencia extrema que se vive en el país deriva principalmente del crecimiento indiscriminado, sostenido y permanente del fenómeno criminológico de carácter transnacional conocido como Delincuencia Organizada, que de acuerdo con el párrafo noveno del artículo 16 de la Constitución Federal, “Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia, mientras que la Ley de la materia, es decir, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 2º señala que dicho fenómeno ocurre: “Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada…”.

La delincuencia organizada, por disposición del artículo 3º de la mencionada ley de la materia y conforme a lo que dispone el artículo 50, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es competencia exclusiva de los jueces federales y, por lo tanto, le corresponde combatirla a las autoridades federales e investigarla al Ministerio Público de la Federación (FGR), que además cuenta con una Unidad Administrativa Especializada para ello.

Por supuesto, a las autoridades locales o estatales les compete combatir lo que se conoce como delincuencia común, que es todo aquello que no es competencia de las autoridades federales y que en la mayoría de los casos es de menor impacto o relevancia que los delitos federales, como es natural, aunque no menos importante resulta su atención y combate para la población que sufre los daños y las consecuencias. En este rubro, por supuesto que es absolutamente válido exigir también acciones que generen resultados.

En tratándose de homicidios, que es uno de los delitos de mayor impacto y con base en cuyas estadísticas se ha venido clasificando la violencia que prevalece en una determinada demarcación territorial, es importante establecer que la gran mayoría de ellos actualmente están relacionados con la disputa que se da entre organizaciones criminales, es decir, son resultado de la actividad que despliega la delincuencia organizada, además de que cada vez es mayor el número de homicidios que se cometen por disparo de armas de fuego, lo cual indefectiblemente debería activar la competencia originaria o por facultad de atracción del Ministerio Público de la Federación que, dicho sea de paso, cuenta con capacidades operativas, de infraestructura y equipamiento en forma especializada para la investigación y combate (que no tienen los Estados), a quien la citada Ley Federal contra la Delincuencia Organizada le confiere facultades diferenciadas y amplias para la investigación, juzgamiento y ejecución de sanciones distintas a las que tienen los Ministerios Públicos estatales, precisamente por la naturaleza de este fenómeno.

No obstante, se señala a los Estados como los únicos responsables de los altos niveles de violencia y se les endosan los errores y las deficiencias. Debe asumirse a cabalidad la responsabilidad de cada nivel de gobierno y de cada dependencia e institución en el ámbito de sus respectivas competencias, sin deslindarse y sin señalar a otros, asumiendo a cabalidad la función a cargo, pero sin olvidar jamás que, aún asumiendo esa responsabilidad, si no hay coordinación no habrá resultados.

Pero la ecuación además exige, indispensable e indefectiblemente, menos y cada vez menos injerencia de la política y de los políticos en todo lo que tiene que ver con la estrategia de seguridad, está más que probado que ese ingrediente no debe incluirse y que a quienes se les debe encargar es a los expertos, mientras esto no ocurra seguiremos invirtiendo muchos recursos de todo tipo, pero sin resultados. Para que haya coordinación y resultados, los políticos… detrás de la línea.

¡Participa con tu opinión!