¿Por qué es tan difícil abordar el tema de justicia? A diferencia del resto de tópicos que se desenvuelven en la agenda pública como educación, economía, pobreza, medio ambiente, etc., hablar de justicia en nuestro país es englobar todas las sintomatologías sociales desde un enfoque técnico que se fue aislando durante décadas, hasta que se planteó sobre la mesa cambiarlo en detrimento de la independencia judicial y la sociedad en su conjunto.
El pasado jueves, tuve la oportunidad de asistir a una mesa de trabajo convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para abordar los temas de Seguridad y Acceso a la Justicia en el país. Los trabajos se hicieron en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde decenas de operadores jurídicos, académicos e integrantes de la opinión pública nos reunimos para discutir, desde diferentes ópticas, cuáles son los problemas que rodean el acceso a la justicia, la independencia judicial, la seguridad pública, investigación del delito, entre otros; arribando a conclusiones interesantes las cuales, en vísperas del cambio radical que plantea el oficialismo a nivel federal al sistema jurídico mexicano, nos lleva a cuestionarnos ¿qué es lo que está fallando en nuestro sistema jurídico?
Más allá de presentar un análisis técnico, como la gran mayoría de los artículos y columnas que se han publicado en estos días, el objetivo de este texto es hacer una reflexión personal sobre la desconfianza de la sociedad en los operadores jurídicos (jueces, magistrados, secretarios, abogados litigantes, etc.). Para ello, debemos preguntarnos ¿cuál es el primer contacto que tenemos con el derecho o la justicia? Aquellos de nosotros que nacimos entre personas que se dedican a la abogacía, en sus diferentes entornos y modalidades, tenemos obviamente una relación cercana y de mayor confianza; pero el resto de la población tiene un acercamiento de conflicto o en escenarios de mayor rigidez (divorcios, desahucios, cobranzas, rindiendo declaraciones ante el Ministerio Público, entre otras dinámicas). Lo anterior, a pesar de que miles de operadoras y operadores jurídicos hagan una labor eficiente comunicando la finalidad de los procedimientos y logren construir puentes de comunicación con los justiciables, desafortunadamente persiste un desconocimiento generalizado sobre nuestra labor y, por lo tanto, de la importancia de la administración de justicia en México.
Lo anterior no culpa a quienes estudiamos y trabajamos en esta carrera; la cultura jurídica ha quedado relegada en nuestro gremio y a unos pocos actores externos que tienen interés en la materia. Nuestro sistema educativo aborda muy poco cuál es la función de los poderes judiciales (federal y local), ahondando más en qué hacen otros actores políticos y sociales en nuestra nación: quiénes han sido presidentes, cuáles son los cambios que han hecho, por poner un ejemplo. De ahí que, si ya era difícil lograr una participación política efectiva en la población en general, este reto ha sido aún mayor para las y los administradores de justicia.
¿Cuáles son las consecuencias de la falta de impulso a la cultura jurídica? La primera y más notoria es que coloca a los poderes judiciales en una situación de vulnerabilidad frente a los agentes políticos. Dado que el trabajo de las y los jueces no se basa en la popularidad (ya que al resolver una controversia o conflicto jurídico, siempre habrá quienes estén beneficiados y otros perjudicados), si no se cuenta con una concepción básica sobre la importancia de darle aplicabilidad a la Constitución y las leyes que emanan en los distintos niveles y materias, la sociedad no podrá apreciar la importancia de contar con juzgadoras y juzgadores imparciales; sino que, al contrario, podrían llegar a convencerse de discursos nacionalistas y posicionamientos del agrado popular de personajes que les garanticen resultados positivos, aun cuando ello sea en detrimento de sus derechos fundamentales.
Dentro de las amplias discusiones sobre las fallas técnicas en las diferentes materias que rodean a la administración de justicia, existe una barrera de comunicación amplia que los actuales agentes políticos han aprovechado irresponsablemente para impulsar una reforma al sistema judicial mexicano que no ataca estos problemas, sino que amplía aún más esta barrera al capturar políticamente los cargos jurisdiccionales (salvaguardando intereses de partido detrás de discursos como “legitimidad democrática”, entre otros).
Finalmente, si queremos construir un sistema jurídico cercano a la población, que la mayoría de los mexicanos entendamos, valoremos y apoyemos, debemos comenzar por impulsar una cultura jurídica desde los sistemas educativos. Somos cientos de miles de funcionarios judiciales en todo el país que trabajamos diariamente para garantizar el acceso a la justicia de la población, que durante años seguimos formándonos y estudiando para hacer avanzar a un poder que va en desventaja con los otros dos; sin embargo, si no se construyen puentes efectivos para que la población en general conozca la ardua labor que efectuamos día con día, estos esfuerzos podrán verse sepultados por los cambios y transiciones políticas de nuestro país. Debemos posicionar la independencia judicial y el acceso a la justicia no como una postura política, sino como lo que es: un derecho de todas y todos. Y esto último no se logrará en las urnas o con consultas/encuestas, sino con la construcción de una cultura jurídica en todo el país.