Fernando López Gutiérrez ferlog14@gmail.com @ferlog14
La aprobación de bonos para los diputados con motivo del fin de año genera indignación por parte de la sociedad y es la causa de un debate recurrente. Para una ciudadanía inconforme con el desempeño de sus representantes, la cual considera que los sueldos de éstos son excesivos, cualquier anuncio respecto al incremento de los recursos públicos que se les asignan constituye una afrenta.
Aunque este año los legisladores buscaron que el otorgamiento de un bono extraordinario pasara desapercibido, su autorización se hizo de conocimiento público. Si bien la discusión generada al respecto se ha centrado en la revisión de quiénes rechazarán o aceptarán el bono, el problema de fondo es más amplio y complejo. Independientemente del partido al que pertenezcan, al interior de la Cámara de Diputados la condición de los distintos legisladores es diversa y los recursos a los que éstos tienen acceso varían considerablemente, sin que dicha situación resulte del todo clara y transparente.
Cada diputado, en función de las responsabilidades que asume en los órganos de gobierno y decisión de la Cámara, puede disponer de apoyos y recursos adicionales para el desempeño de su labor. En el mismo sentido, dependiendo de las comisiones en las que participa y de la posición que ocupa en éstas, puede tener mayor capacidad para gestionar proyectos para la población que representa. Estas responsabilidades y funciones son asignadas en cada legislatura a partir de un mecanismo de negociación política que no necesariamente considera la capacidad y experiencia del legislador para llevar a cabo sus tareas o el número de votos que obtuvo para llegar al cargo. De esta forma el acceso a los recursos que gasta la Cámara de Diputados tiende a ser mayor para aquellos legisladores con más poder e influencia al interior de cada partido.
Tomando en consideración que para un amplio y confundido sector de la población —más allá de la función legislativa y de gestión de apoyos y proyectos— los diputados deben ser proveedores de bienes y servicios para sus representados, las limitaciones que éstos poseen en términos de acceso a recursos perjudican la percepción que se tiene respecto a su desempeño. En este contexto, ante los ojos de muchos electores, un buen diputado no lo es debido a su trabajo legislativo, sino a los apoyos que es capaz de otorgar.
La situación descrita propicia que el dinero se convierta en una variable central para el cumplimiento de las responsabilidades legislativas y genera que muchos diputados —sobre todo a aquellos con posiciones poco favorables— busquen aprovechar cualquier oportunidad para obtener recursos que les permitan quedar bien con su electorado, sin importar que ante el resto de la sociedad su decisión pueda desprestigiarlos.
La revisión de los recursos extraordinarios que se asignan en la Cámara de Diputados es de gran relevancia para evitar el manejo discrecional del presupuesto; pero dicha tarea debe estar respaldada también en la exigencia de mayor transparencia en las diferentes tareas y funciones que se llevan a cabo en el legislativo. Además de los bonos anuales, cada monto asignado para el funcionamiento de las comisiones y de los órganos de gobierno de la Cámara debería ser transparentado y cada proyecto gestionado debería ser llevado a cabo mediante un proceso que elimine las posibilidades de que se cometan actos de corrupción.
En lo que respecta a los ciudadanos, es importante que se cobre conciencia de que la solicitud de dádivas o recursos a los diputados incentiva la utilización discrecional del presupuesto en aras de obtener el respaldo popular. En el momento en que dejemos de pensar en los beneficios personales que podemos obtener por parte del que ocupa un cargo público y exijamos el trabajo responsable y serio en beneficio de la sociedad crearemos las condiciones adecuadas para que nuestra democracia se consolide y genere los resultados que deseamos.
