De forma irónica, existe un lugar común en sociedad al señalar que una de claves para impulsar el desarrollo del país es la educación ¿por qué? A diferencia de otros ámbitos como seguridad pública, apoyos sociales, justicia, etc.; el sector educativo ha estado en un profundo abandono y desinterés por parte de la población (con la única excepción relacionada a los nuevos libros de texto gratuitos). Este desinterés se ve reflejado de muchas maneras: escasas columnas de opinión al respecto en los diarios nacionales, poca participación ciudadana (o simulada, como fue el caso de las consultas a docentes para los nuevos planes de estudio) y, lo más evidente: el poco interés en la actividad política actual. La culminación de este abandono de la agenda educativa se ve reflejada con el anuncio del próximo secretario de educación pública, Mario Delgado, quien actualmente es presidente nacional de Morena, noticia que no cayó nada bien a la oposición e incluso a estructuras internas del partido oficialista ¿qué significa que este personaje llegue a la silla de Vasconcelos?

Antes de abordar dicha cuestión, es necesario identificar el contexto que rodea al sector educativo. Tenemos un nuevo plan y programas de estudio que impulsan métodos de aprendizajes “transversales”, con programas de capacitación docente al vapor (avalados por el ex secretario del SNTE Alfonso Cepeda Salas, próximo senador plurinominal por Morena). Las pocas evaluaciones confiables que se han efectuado recientemente califican el desempeño de las y los estudiantes en educación básica como deficiente (Mejoredu, PISA, etc.) y, tras la reincorporación a las aulas posterior a la pandemia, no se efectuó ninguna política pública o programa para combatir el rezago educativo y el abandono escolar ¿qué innovación planteó la virtual presidenta Claudia Sheinbaum? Más becas y universidades del bienestar, consiguiendo la aprobación popular a “billetazos”. El sistema educativo está pasando por su peor momento, en cuanto a calidad educativa y con políticas improvisadas, en décadas y a pesar de ello, lo anterior no es un problema que le interese al magisterio y a la mayoría de la población ¿por qué sucede esto?

El corporativismo sindical es una práctica de antaño y manual en la vida política de nuestro país. La única excepción a esta regla se dio con la reforma educativa de 2013 impulsada por Enrique Peña Nieto, cuyo objetivo era instalar un sistema profesional de carrera en el magisterio (con evaluaciones y mecanismos de ascenso) y, aunado a modelos de competencia, impulsar un sistema educativo integral y de calidad. El magisterio, siendo una de las fuerzas políticas más grandes e importantes del país (con más de 2 millones de integrantes) evidentemente se vio afectado en sus intereses de grupo, sobre todo en la asignación de plazas sin exámenes de oposición y el poder heredar dichos espacios a parientes o conocidos, por lo que se generó una fuerte oposición que, de la mano con López Obrador, lograron reinstalar este sistema en 2019 con la última reforma al artículo 3° constitucional. Esta simbiosis entre Morena y el SNTE permitió comprar el “silencio” de las y los docentes ante la crisis educativa que vivimos en la pandemia y otros problemas que rodean al sector educativo (opacidad y corrupción en programas como “La escuela es nuestra”).

En este sentido, mientras el magisterio esté “de buenas” con la administración federal, la exigencia de funcionarios públicos en materia educativa ha bajado significativamente hasta el punto de aceptar a personajes como Mario Delgado al frente de la SEP. La simulación, obviamente, se dio con los nombramientos de Delfina Gómez como “la maestra”, cuya gestión brilló por su ausencia dado que su interés era llegar a la gubernatura del Estado de México; y de Leticia Ramírez Amaya, cuya gestión fue gris, sin aportaciones a la política educativa nacional y lo único resaltable de su posición es su honestidad… al ser franca y decir abiertamente que si le cuestionan sobre temas técnicos de la SEP ella “no podría contestar esa pregunta”. Y ahora, con el anunció de Mario Delgado como secretario de educación pública (quien, en 2012, fue parte de los senadores que impulsó el Pacto por México) lo único que refleja la próxima presidenta de la república es que el sector educativo está en el sótano de sus prioridades; y de igual manera, tras la basificación masiva de más de 800 mil docentes (mientras que 155 mil de estos no cuentan con título universitario según la Mejoredu), lo que menos le va a importar al magisterio es quién esté en la SEP, con tal de que el corporativismo siga.

Resulta irónico cómo el oficialismo impulsa, tras bambalinas, un sistema de carrera magisterial opaco, repleto de malas prácticas y nepotismo; cuando al mismo tiempo busca destruir la carrera e independencia judicial del Poder Judicial de la Federación, el único sistema profesional de carrera vigente que cuenta con los mecanismos de selección más rigurosos de todo el país, basando los nombramientos desde oficiales/auxiliares hasta jueces y magistrados en evaluaciones y habilitaciones en todo el país. Vivimos tiempos donde se leataca más a los jueces por hacer bien su trabajo que a los maestros por los pésimos resultados en las pruebas nacionales e internacionales. Como señala Gilberto Guevara Niebla, seguiremos en el oscurantismo educativo, con la política por encima de la educación de millones de estudiantes en todo el país y la prioridad sigue siendo mantener el corporativismo sindical del magisterio.