Saúl Alejandro Flores

*Aprovecho este espacio para felicitar a El Heraldo por llegar a seis décadas cumpliendo con el oficio de informar y ser parte de la vida cotidiana de Aguascalientes. El Heraldo ya es parte de la historia. Es un orgullo colaborar en este proyecto.

Retomando el tema del fracking, estimados lectores, agradezco de antemano los diversos comentarios vertidos y sugerencias, recordando que la semana pasada fue una introducción al tema, para conocer la terminología muy pero muy básica, pero que de algo sirve sobre todo en los temas de la explotación y características que giran en torno al fracking, su concepto y aspectos que impactan en el ambiente y que los vuelvo a reiterar.

El fracking es cuestionable porque si bien es cierto diversas prácticas humanas, sobre todo aquellas vinculadas al sector productivo provocan impacto ambiental, sin embargo en el caso que nos ocupa del fracking, por tratarse de explotación de gas o petróleo y por las características de los métodos y procesos para la obtención de dichos energéticos es causante de: a) contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, b) contaminación del aire, c) afecciones a la salud humana; d) alteraciones del paisaje y el terreno; e) contaminación de suelos al cerrar los pozos y; f) riesgo sísmico.

Recordarán que también la semana pasada les mencioné el marco jurídico partiendo de la propia Norma Jurídica Fundamental que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su Artículo 4º párrafo V establece: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. Por su parte el párrafo VI, que refiere al derecho humano al agua, en donde el Estado garantizará este derecho para un uso sustentable del recurso, es aplicable a este tema.

Que si bien es cierto que la legislación secundaria se encuentra en proceso de elaboración, y requiere de ampliar y considerar los diversos supuestos que debe contemplar la norma, ante este escenario es importante, vuelvo a recordarlo, que la Constitución (federal) es la norma máxima y la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto reconoce la importancia y lo vinculante en el caso del Derecho humano al agua y su calidad, así como el derecho a un medio ambiente sano. La Ministra Olga Sánchez ha sido enfática en este aspecto. Para lo cual también no debemos perder de vista una de las características más importantes de un sistema jurídico y es el binomio de que a todo derecho corresponde una obligación.

En este sentido, el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano corresponde a todas las personas, sin excepción alguna, por ende aplica a todos, y en sentido paralelo, corresponden las obligaciones a todo sujeto, a menos que no sean sujetos de obligaciones como lo son menores de edad o personas que padezcan alguna incapacidad mental, pero la obligación aplica a todos.

Por otro lado, en el mismo orden constitucional el Artículo 133 que considera como ley suprema de la nación a la propia Constitución y a los tratados internacionales suscritos por el titular del Ejecutivo federal y ratificados por el Senado, habilita la posibilidad de darle un soporte sólido a cuidar el ambiente.

Cierto que la ausencia o deficiencia en la legislación secundaria es un problema porque complica y genera atrasos, confusiones y de alguna manera induce a que se propicie la corrupción y arreglos entre autoridades responsables y empresas contaminantes, eso no impide la sanción, ni la aplicación de normas que impidan el continuar con prácticas contaminantes, para lo cual se requiere esfuerzo y compromiso claro y una cultura de denuncia. Como advertí, la Suprema Corte manifiesta que si se invoca por los canales correctos y se proporcionan argumentos sólidos y pruebas fehacientes deben prosperar las acciones legales emprendidas.

Quizás los resultados no sean los esperados en algunos supuestos, precisamente porque hay algunas ambigüedades, pero lo peor es cruzarse de brazos. Mi comentario no parte de ser opositor a prácticas que generen riqueza, pero sí se debe respaldar a industrias cuya visión y misión tienda a promover un desarrollo sustentable, optando por prácticas amables con el ambiente. Y con ello, no quiero decir que se debe optar por “comer girasoles y exhalar pétalos” se trata de no contaminar en exceso y que los impactos sean controlables y reversibles, sin dañar especies vivas, ni alterar formas de vida sea flora o fauna.

Por ello, es que el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano no están perdidos no son de carácter de adorno contemplativo, como ya señalé, hay deficiencias, pero más aún cuando como ya lo advertí, hay un asunto en los convenios y tratados internacionales suscritos por el país y que ya son norma jurídica y obligatoria, por mi parte me pregunto ¿hasta qué punto?, las autoridades del sector energético y agua, así como jurisdiccionales, tienen el conocimiento acerca del control de convencionalidad, es decir, de todos esos convenios que en materia de derechos humanos se está obligado a dar cumplimiento.

Más aún el desconocimiento de autoridades de los tres ámbitos (federal, estatal y municipal), así como en las tres funciones de poder (ejecutivo, legislativo y judicial), sector productivo y ciudadanos en común.

De todo lo anterior es de donde surge el reto que no se debe permitir anarquía y que mientras contemos con los instrumentos jurídicos y legislación secundaria, es importante diseñar el bagaje administrativo y regulatorio, que nos obstruya el verdadero desarrollo económico, pero tampoco solape la destrucción del ambiente. El tema del fracking aún da para más, requiere mayor estudio, análisis y concientización, pero, ante todo, compromiso de todos los sectores y usuarios de agua, por que recuerden que este es uno de los temas que deben solucionarse para garantizar que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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