Desde los tiempos bíblicos se menciona la inmoralidad de las altas esferas burocráticas como una desgracia que sufría el pueblo, principalmente por el uso que se hacían de los impuestos, lo que se manifestaba con el nivel de vida que llevaban y el cual no correspondía con el salario que recibían.

Los cobradores de gravámenes eran individuos odiados por la conducta que adoptaban, ya que no les importaba el daño que causaban a los ciudadanos, actitudes que eran toleradas por sus superiores porque ellos recibían la mayor tajada de lo que recogían, por lo tanto no había manera de sacudirse a esa clase de sujetos.

Esto, que hoy se conoce como corrupción, es la herencia que las sucesivas generaciones llevan sobre sus hombros y que de siempre ha sido combatida, pero como hace más de dos mil años, sigue presente sin que exista poder humano que logre extirparla.

En México se han tratado de enfrentarla, tan es así que el lema del Gobierno que encabezó el presidente Miguel de la Madrid Hurtado fue “por la renovación moral”, lo que suponía que habría un ofensiva total, después vinieron los organismos anticorrupción que hasta la fecha siguen luchando por acabar con esa hidra, que según la mitología era un monstruo de siete cabezas, que al cortar una de ellas volvía a renacer, por lo que la leyenda cuenta que Hércules la mató al cortarlas todas de un solo golpe, pero todo indica que no fue tan certero porque sigue presente.

Actualmente se libra una lucha desigual, porque de la misma manera que presuntos abusadores son llevados ante un juez otros toman su lugar, lo que hace sumamente difícil que un día llegue a eliminarse esta situación.

De cualquier manera, los encargados de flagelar a ese animal fabuloso saben que la oficina a su cargo es insuficiente para contener sus embestidas, por lo que el contralor general del Estado, Arnoldo Hernández Gómez Palomino, solicita el apoyo de la sociedad para castigar la corrupción y que se acabe la impunidad, lo que es posible con la denuncia ciudadana que puede ser directa o anónima, que en una u otra circunstancia es investigada para determinar el grado de responsabilidad de los presuntos implicados.

Aunque podría ser una utopía, el funcionario considera que con el respaldo social es posible eliminar los moches, las mordidas, las compensaciones e inclusive algún dinero “para el refresco”, que puede ser una cantidad mínima pero que es una forma de complicidad de un acto ilegal.

Hizo énfasis que nadie puede condicionar los apoyos gubernamentales, trátese de becas, subvenciones, donaciones, despensas, pensiones y de cualquier otro índole, sea que soliciten algún pago o que pretendan que a cambio de recibir ese auxilio tengan que pertenecer a un partido político o seguir las indicaciones de un líder o candidato, lo que de suceder tiene que denunciarse para actuar en consecuencia.

El contralor reiteró que en todo tiempo, pero más ahora con motivo de la pandemia en que hay mayores necesidades en la familia, “hay que denunciar al que no atienda la petición, al que no les hagan caso, al que les pone trabas, al que los deje en la incertidumbre”, principalmente si se trata de servidores públicos o representantes populares.

Como parte de las actividades que lleva a cabo la dependencia a su cargo, Arnoldo Hernández Gómez informó que se investigan 600 denuncias, mismas que en primer lugar se turnan a los órganos internos de control de las dependencias correspondientes, para que formulen el dictamen que proceda y conforme a su resultado la Contraloría determinará si es necesario actuar en contra del o los probables responsables y de haber actos comprobados se turnan a la Sala Administrativa del Poder Judicial.

VOLVER A LAS RAÍCES

 

Es difícil determinar cuándo entraron en acción los intermediarios, pero a partir de entonces los productores agrícolas quedaron a expensas de ellos, ya que les pagan una cantidad muy inferior al precio que tienen en el mercado, por lo que llegan a amasar fortunas con sólo recoger la cosecha y llevarla a sus clientes.

Se han hecho varios intentos por acabar con esos mediadores, principalmente que los hombres y mujeres del campo vendan directamente sus productos, como fue una tradición en México desde antes de la invasión española, pero esos entes se las ingenian para echar abajo cualquier propósito.

De nueva cuenta renace dicho empeño, al anunciar el presidente de la cámara restaurantera (Canirac), Claudio Innes Peniche, que han establecido compras con los productores locales, con la finalidad de vivificar la cadena comercial de básicos y lograr mejores precios, que en esencia es un diseño de “ganar-ganar”, porque al eliminarse el intermediarismo se ayudan los negocios y al mismo tiempo los agricultores reciben lo que en justicia les corresponde.

El proyecto en marcha va de la mano con el Consejo Estatal Agropecuario, con lo que se pueda crear puentes de comercialización, para ello se cuenta con la experiencia de varios propietarios de esos establecimientos, que antes de la pandemia ya estaba en práctica. El propósito es que participen los productores de alimentos y cárnicos que en esa primera etapa han demostrado que sus artículos son de primera. La intención es que los productos del campo se adquieran y se consuman aquí mismo, dándole un plus a todo el vínculo que permita consolidar cada uno de los eslabones.

Otro elemento favorable es que los artículos que venden los cultivadores son frescos, lo que favorece en calidad y sabor y con el tiempo se convierta en un sello de garantía para los consumidores, que a final de cuentas es los que unos y otros interesan.

Comprar lo local y elaborado por empresas locales es la objetivo que se tiene, para de esta forma fortalecer la economía de Aguascalientes al quedarse aquí todo el beneficio, lo que en términos prácticos se traduce en la consolidación de los negocios y que haya más empleo, compromiso en que están inmersos los restauranteros y cuya actitud ojalá sea imitada en otras áreas de la vida productiva.

DETERIORO

El problema de la pandemia hizo más evidente el mal manejo que hace el Gobierno Federal en la compra y distribución de medicamentos, al grado que “estamos regresando 50 años de avance”, señaló el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, Roberto Velasco Hirschberg. Dijo que ante el control y luego la suspensión de compras ordenada por la administración central, con el pretexto de que el proceso estaba plagado de corrupción, se ha llegado al grado de que “hay carencia, con todas sus letras, de muchos medicamentos no nada más para el COVID, para todo, y es una metida de pata y es un crimen del Gobierno Federal, porque está muriendo mucha gente”, por lo que llegará el momento “en que habrá que darle a la gente lo que haya, al rato vamos a estarles dando yerbas de tal o cual té”. Es un problema que ha sido denunciado a nivel nacional e internacional y que siempre encuentra como respuesta la descalificación, al asegurar la Federación que sí hay medicamentos, lo que en el día a día es todo lo contrario. El mejor ejemplo son los niños y adolescentes con cáncer, que deben suspender el tratamiento por falta de los fármacos y que en algunos casos ya causó la muerte de algunos de ellos. Lo que sucede en este renglón, el único responsable de las muertes y mala atención es el Ejecutivo Federal, sostuvo el doctor Roberto Velasco, porque en los estados los gobernadores y los secretarios de Salud “reciben el golpe y los últimos en sacar la cara son los médicos que enfrentan a las familias, mismas que nos agreden, nos insultan y nos gritan”, pero es materialmente imposible darles la atención que corresponde si desde la capital del país no envían los medicamentos. En aras de combatir la corrupción, como se asegura en Palacio Nacional, se ha descuidado lo más importante, que es la salud de la población y la recuperación de los pacientes, que es justamente lo que más debe interesar y es lo que no se hace.