Encontrar a alguien que pasa por una situación desagradable igual que la propia puede ser un atenuante, pero que de ninguna manera resuelve el problema de fondo, por lo que es preferible seguir en la búsqueda de una solución y no ligarse a la idea de que si otros la padecen puede ser aguantable.

Esto viene a comentario por el servicio que reciben los usuarios del transporte urbano en casi toda la República y que como es similar al que se aporta en Aguascalientes no queda otra salida que soportarlo, sin embargo hacerlo sería renunciar al derecho que le asiste al pueblo de obtener una buena atención y por la cual paga.

En sus orígenes los colectivos fueron la opción que requería una ciudad pequeña, por donde transitaron por muchos años las rutas Madero, Apostolado, Oriente y Petróleos, distinguiéndose por los colores azul, rojo, amarillo y verde, respectivamente, que no llegaban al medio centenar de camiones. Los concesionarios eran los mismos choferes, por lo que eran conocidos por el público que encontraba en ellos la confianza suficiente para llegar a su destino sin contratiempo.

La situación cambió junto con el crecimiento de la capital, ya que se ampliaron los recorridos pero no fue en la misma proporción el número de vehículos, lo que trajo el deterioro que cada vez es mayor, tan es así que desde hace varias décadas son 698 carros, agregándole cada vez los nuevos fraccionamientos, tanto en la ciudad como en los municipios de Jesús María y San Francisco de los Romo, lo que hace más tardado el arribo de las unidades a los paraderos.

Podría suponerse que al ser un servicio concesionado por el gobierno del estado se les obligaría a modernizarse, pero lo más lejos que ha llegado la autoridad es asumir compromisos de saliva y lanzar una que otra amenaza, lo que los camioneros toman como parte del folklore a que están acostumbrados (tú haces como me sometes y yo hago como que acepto).

Entre noviembre y diciembre de 2016 quedaron en que habría una mejora como respuesta a la nueva tarifa que autorizó la anterior administración, pero todo se fue al desagüe el 3 de enero con el anuncio de la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (ATUSA), de que no era posible cumplir la palabra debido al aumento del Diesel, que entró en vigor dos días antes, señaló su presidente Alejandro Arriaga Ramírez.

Subrayó que la estrategia programada se sale de control, complica la estabilidad económica y el proceso de renovación del parque vehicular, aún cuando más de 200 carros tienen varios años que sobrepasaron el límite permitido por la ley para estar en servicio, lo que se ha convertido en un juego de resistencia, porque si el gobierno decide sacar a ese número de autobuses crearía un problema mayor a los usuarios ya que no hay capacidad para sustituirlos, en tanto los concesionarios dejan que el tiempo transcurra confiados en que al igual que en otros sexenios, se pase por alto la violación flagrante a la legislación, que no sólo es la transgresión sino que pone en riesgo al público y a terceros.

Pese a lo anterior, el 25 de enero Alejandro Arriaga declaró que ATUSA buscará un nuevo incremento a la tarifa, que debe ser entre 1.50 y 3.50, para que en lugar de 7.50 que actualmente se cobra quede en 9 u 11 pesos.

“Si el gobierno y la sociedad exigen a ATUSA un transporte de primer mundo, con modernidad, con unidades nuevas, con servicio inalámbrico de internet, información digital en las unidades y diversa infraestructura, se tendrá que cobrar una tarifa de once pesos por pasajero.

“Pero si todos los actores involucrados se conforman con un transporte regular, sin tantos servicios adicionales, los transportistas urbanos podrían aceptar un aumento entre los ocho y nueve pesos con cincuenta centavos.

”ATUSA puede prestar un servicio público urbano mejor que el que ofrecen en los países europeos, pero eso cuesta, por lo que no valen las comparaciones con respecto a Aguascalientes, pues allá vale hasta 15 dólares por pasaje”.

Esas son las reflexiones del directivo, que en palabras llanas significan “lo toman o lo dejan” y si no les gusta que la gente utilice otros medios para trasladarse a su destino, lo que debería ser un acicate para el gobierno. Puede buscar otras opciones para beneficio de 400 mil aguascalentenses que todos los días utilizan este transporte, como crear líneas independientes que asegure la competencia ya que en las actuales condiciones, al ser un monopolio (prohibido por el Artículo 28 Constitucional), puede darse el lujo de retar a la autoridad.

También el Congreso del Estado debe hacer su parte y al menos por esta vez apropiarse del mote de “representantes populares”, que tanto les agrada utilizar en el discurso.

GANCHO A LOS URGIDOS

En todas las épocas han existido los usureros, que llegan a amasar grandes fortunas a costa de la necesidad de sus semejantes, sólo que en este tiempo han cambiado de ropaje y tácticas, ya que de aquel clásico individuo que guardaba el dinero en su hogar, hoy son personas que trabajan en oficinas y dispuestas a facilitar la suma requerida con sólo la firma del cliente.

Como lo pintan parece un acuerdo sumamente sencillo, pero en la práctica hay que cubrir una serie de requisitos ya que nadie va a soltar una cantidad sin tener la seguridad de recuperarla y que además le deje un rédito lo bastante sustancioso que le permita llevar un buen tren de vida.

El llamado de alerta que hizo a los habitantes en general el profesor investigador del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la UAA, Arnoldo Romo Vázquez, ante el riesgo que hay sobre el patrimonio personal y familiar cuando son atrapados por las cajas de préstamo, siempre es oportuno.

En efecto, esos lugares se aprovechan de la angustia que viven las personas cuando tienen que resolver en cuestión de horas o días un pago y lo único que tienen a la mano son esas cajas, que hacen firmar contratos leoninos y tasas de interés muy elevados, con lo que sale peor el remedio que la enfermedad.

Una muestra puede encontrarse en la publicidad de mano que en distintos lugares de la ciudad entrega personal encargado de “enganchar” a pensionados y jubilados, ofreciendo créditos hasta por 200 mil pesos. La invitación es que no cobran comisión, con cargo fijo a la pensión, seguro de vida gratis, respuesta inmediata, no se necesita aval ni garantía y como requisitos presentar una identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor de dos meses, comprobante de ingresos y carta de liquidación anticipada que puede proporcionar la entidad financiera con la que tenga el crédito actual.

El ejemplo que plantean es que si se solicita 10,000 pesos por 60 meses se pagaría 354 pesos mensuales, lo que de entrada resulta muy atractivo, sin embargo al final pagará 20,240 pesos. Si es a 48 meses pagaría 389 pesos mensuales y al final sería 18,672 pesos. Si es a 36 meses y con un pago mensual de 451 pesos, la suma total será de 16,236 pesos. Si es a 24 meses  y con un pago de 584 pesos terminaría pagando 14,016 pesos. Si es a 18 meses y un pago de 721 pesos cada mes, pagará 12,978 pesos, y si es por 12 meses y 999 pesos mensuales sería 11,988 pesos.

Como se plantea es fácil solicitar el préstamo y no lo hace quien no quiere, sólo que antes hay que reflexionar si acaso no se sale de un hoyo para meterse a otro más profundo. En este tipo de negocios no hay almas caritativas, sino personas que buscan un lucro desmedido sin importar el daño que resienta el solicitante.