Víctor Hugo Granados Zapata

Las discusiones sobre el regreso presencial han traído consigo una nueva exigencia: la inversión en infraestructura educativa. Sin duda alguna, esto es una excelente noticia, sobre todo porque tomamos en cuenta uno de los ejes que sostienen la educación pública en todo el país, junto con la capacitación continua de los docentes y el diseño de programas educativos. Sin embargo, desde antes de la pandemia muchas escuelas del país no contaban con la infraestructura idónea, con carencias que van desde no tener jabón y papel de baño, hasta no contar con una separación en los baños. Con este nuevo impulso debemos priorizar la mejora de las escuelas, puesto que ahí es donde se materializa el derecho a la educación de millones de estudiantes en todo el país. Por lo anterior, es necesario identificar los diferentes enfoques con los que las autoridades educativas y el estado en su conjunto deben tomar en cuenta para mejorar la infraestructura educativa en México, considerando como su principal enfoque la inclusión educativa y el regreso presencial.

Como mencioné al inicio, desde antes de la pandemia teníamos una situación complicada en este rubro. En 2013, se aplicó en México el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), un estudio que realiza la UNESCO en diferentes países de Latinoamérica con la finalidad de identificar el logro del aprendizaje de las niñas y niños, así como las implicaciones que tienen otros factores en su desempeño académico. Entre los factores asociados al rendimiento académico de las y los alumnos se encuentra el nivel de inclusión social que se contempla dentro de las escuelas, donde México fue de los países con mejores resultados ya que obtuvo entre 50 y 59 puntos (de 100) aproximadamente, a la par de países como Ecuador, Perú, Honduras, Argentina y Guatemala; mientras que en los países que menor puntuación, entre 40 y 49 puntos, se encuentran Chile, Costa Rica, Paraguay, Nicaragua, Uruguay y República Dominicana (TERCE, 2015). Lo desalentador es que nuestro país, incluso estando entre los mejores lugares de inclusión educativa, sigue teniendo calificación baja, lo que implicaba en ese entonces plantearse una estrategia de inclusión educativa a largo plazo para mejorar esta situación, algo que desafortunadamente no tuvo continuidad con la llegada de MORENA a la presidencia y la Cámara de Diputados, quienes decidieron dirigir una nueva política educativa basada casi en su totalidad en educación superior.

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que hay alumnas y alumnos que se encuentran dentro de los centros de reinserción social y que se les debe garantizar el derecho a la educación (no solamente basado en el 3° Constitucional, sino también en el Artículo 18 dado que uno de los ejes de la reinserción social es la educación). Un ejemplo de cómo el estado falla en garantizar el derecho a la educación en este rubro se dio en Ciudad de México, específicamente en el Centro de Tratamiento Especializado de Adolescentes en San Fernando, donde las y los adolescentes no contaban con los materiales y docentes necesarios para tener una educación de calidad ni las condiciones idóneas para aprender. Por lo anterior, la AC Mexicanos Primero, junto con su brazo legal Aprender Primero, interpusieron un amparo indirecto en 2017 en contra de la SEP, las autoridades del Centro y de la Ciudad de México por las omisiones en materia educativa anteriormente descritas, solicitando que dichas autoridades garanticen los materiales necesarios para su aprendizaje y la contratación de docentes capacitados. Como este caso pueden estar sucediendo decenas en todo el país, donde miles de adolescentes no cuenten con una educación de calidad y ahora que estamos planeando una revaloración de las escuelas debemos considerar cada centro educativo, sin importar en donde se encuentra y hacia quiénes se dirige.

Si no fuese suficiente lo anterior, durante la pandemia se reportaron robos en escuelas de todo el país. En octubre del año pasado se reportaron 15 robos a escuelas públicas en el municipio de Aguascalientes, según datos de la Policía Municipal, mientras que a nivel nacional se reportaron, según cifras de la AC Mexicanos Primero, 5 mil 493 escuelas robadas. La falta de equipamiento básico, cableado y de equipos tecnológicos va a ser un tema que saldrá a la luz cuando comencemos el regreso presencial y que el estado deberá tomar cartas en el asunto para cubrir estas deficiencias.

Este es un panorama muy básico sobre lo que les espera a los gobiernos para mejorar las escuelas públicas en todo el país, no sólo bastará contemplar las medidas sanitarias para comenzar un regreso escalonado, sino que se requiere una fuerte inversión en mantenimiento y equipamiento escolar en todas las escuelas, fomentando la inclusión y así garantizar el derecho a la educación de todas y todos. El Instituto de Educación de Aguascalientes está llevando a cabo un programa de acondicionamiento escolar para la reapertura de las aulas, invirtiendo 50 millones de pesos para lograrlo; sin embargo, de no existir voluntad política por parte del poder legislativo para impulsar partidas presupuestarias en este sector, tanto a nivel local como a nivel federal, esto jamás podrá llevarse a cabo de la manera óptima, lo cual nos debe interesar al momento de ir a las urnas. No permitamos que se empeñe la educación pública con los programas actuales a nivel federal, exijamos un plan de infraestructura de calidad y que atienda a las necesidades de las escuelas en todo el país, por un futuro comprometido con la educación de las y los estudiantes.