Víctor Hugo Granados Zapata

Hace ya casi un mes que comenzamos este ciclo escolar con el mismo sistema que el ciclo pasado (Aprende en Casa), sin embargo, con la promesa del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, de que toda alumna y alumno tendrá garantizada su educación. El problema de hacer tales afirmaciones es que se pueden plantear dos escenarios; que en la SEP no comprenden la magnitud de la desigualdad educativa que estamos viviendo, o solo lo dicen para cumplir una instrucción del presidente (en ambas situaciones, estamos en graves aprietos).

¿Qué tan cierto es que todas y todos los alumnos tienen su educación garantizada a la fecha? En primer lugar, debemos enfocarnos en que miles de estudiantes (ante diferentes problemas socioeconómicos) abandonaron la escuela. En junio de este año, el PNUD reportaba que aproximadamente 1.4 millones de estudiantes abandonarían sus estudios (800 mil de ellos de secundaria), este fenómeno, entre otras cosas, a partir de una estrategia de clases que perjudica más a quienes tienen menos. Sin embargo, la decisión de la SEP sigue firme con su estrategia e incluso redoblaron esfuerzos al firmar el convenio por 450 millones de pesos con las televisoras para expandir la cobertura del “Aprende en Casa 2”.

Reflejo de la carencia de perspectiva social que tiene esta estrategia surgen las quejas de los padres de familia en situaciones de mayor desventaja. Ejemplo de esto sucedió en el estado de San Luis Potosí, donde un juez federal otorgó un amparo a una niña menor de edad (con la representación legal de una AC llamada “Renacer”) dado que las autoridades educativas no cumplían con su obligación de proveer una infraestructura adecuada en su escuela (condiciones de higiene dignas y seguridad). Otro caso similar se traslada a las casas de las y los alumnos, como sucedió en este mismo estado donde una familia solicitó un amparo ya que no contaban con servicios de luz y sus hijos no podían recibir las clases del “Aprende en Casa 2”.

Ahora, si el Gobierno Federal sigue insistiendo en continuar un modelo de educación que no es apto para nuestro país, por la desigualdad que vivimos actualmente y peor aún ante la pandemia que nos ha golpeado desde marzo de este año ¿por qué siguen impulsando un modelo que violenta el derecho a la educación de las niñas y niños? Se entiende que la estrategia se da a partir de las cifras de contagios que está dejando la pandemia, sin embargo, otros países ya han implementado nuevas formas de tratar dicho tema. Por ejemplo, según un reportaje del Washington Post, Alemania optó como una de sus prioridades el regresar a las aulas presencialmente, con pronósticos optimistas en cuanto a los contagios (además de contar con las medidas de seguridad e higiene correspondientes).

Lo interesante de este caso es que aquellas personas contagiadas por el virus del COVID-19 no eran estudiantes o no tenían contacto directo con la escuela, por lo que el riesgo que se puede tener al reabrir las escuelas puede ser menor del que creemos. El último detalle que quisiera analizar de dicho caso es la manera en que establecieron sus prioridades y la disciplina con la que reanudaron las clases y reabrieron su economía. Las medidas de higiene y distanciamiento se tomaron al pie de la letra ¿por qué en México no se tomó en consideración un plan como este? E incluso ¿por qué en Aguascalientes se le dio preferencia a reabrir los centros de mayor riesgo de contagio antes de considerar el regreso a clases?

Ante los mitos, el estado y el municipio en su conjunto decidieron exponer primero a las personas en los lugares que mayor índice de infección tienen, los bares y antros (según lo señala la OMS). El error en cuanto al manejo de la pandemia y la educación en estos tiempos ha sido triste y con sus prioridades bien definidas, el electorado. La educación de las niñas y niños ha sido colocada al último lugar de la agenda pública del Estado en su conjunto, y aún más abajo a quienes están en situación de desventaja (basta con analizar el Paquete Económico para el 2021 en el ramo 11).

Mientras nuestros gobernantes sigan despreciando la educación e ignorando la desigualdad que hay detrás, a nosotros nos queda defenderla y buscar que esta sea prioridad para los gobiernos entrantes, ya sea desde la opinión pública, litigios o en las urnas. No podemos permitir que esto continúe y se siga minando la única alternativa para millones de niñas y niños de salir adelante. No dejemos a las niñas y niños solos en su lucha por aprender.