Víctor Hugo Granados Zapata

“Si no me traes el recibo de pago de la colegiatura no puedes hacer examen” o “no tienes derecho a examen” son frases que solíamos escuchar aquellos que tuvimos el privilegio de estudiar en una escuela privada (independientemente del grado escolar). Este fenómeno es una de las prácticas más comunes y perjudiciales dentro de las instituciones de educación privadas, ya que se hace uso de colegiaturas como condicionante para realizar evaluaciones (ya sean parciales o exámenes finales).

Antes de iniciar el análisis del porqué dicha práctica afecta el derecho a la educación de las y los alumnos en dichas instituciones es necesario comprender cuál es el papel de las escuelas privadas en la educación mexicana. Las instituciones de educación privadas son, al igual que muchos entes jurídicos en México, agrupaciones civiles constituidas bajo distintas modalidades (Asociación Civil, Sociedad Civil y Sociedad Anónima). Un requisito indispensable para constituir una escuela privada es el de establecer su objeto social, el cuál según los artículos 2546 y 2567 del Código Civil del Estado de Aguascalientes son requisito formal de existencia. Ahora, evidentemente el objeto social de las escuelas públicas es el de proveer educación bajo los lineamientos que establece la Constitución en el artículo 3° y la Ley General de Educación para el Estado de Aguascalientes en su artículo 7, sin embargo, éstas pueden cobrar por dichos servicios que les prestan a los particulares.

Tradicionalmente, el pago de dicho servicio educativo se divide en dos: la inscripción del estudiante y el pago del semestre (generalmente a plazos). Los métodos de pago se acuerdan con la institución al momento de realizar la inscripción y, una vez que se paga dicho requisito y se entrega la documentación solicitada, la o el alumno ya se integra oficialmente a dicha institución. Dentro del acuerdo o “carta compromiso” que firman las familias con la institución se establece el monto de la colegiatura mensual y, durante este proceso, los estudiantes pueden ingresar a las clases, hacer uso de las instalaciones y aprovechar los beneficios que les otorga dicha institución.

Es aquí donde comienza el problema, puesto que el pago de la colegiatura también se ve condicionado con la aplicación de exámenes parciales o finales, es decir, la o el alumno no puede realizar sus evaluaciones si su familia no ha pagado la colegiatura ¿por qué esta práctica es dañina para la educación de los estudiantes? Para empezar, el pago está fuera de sus manos, en ellos solamente queda el estudiar y aprobar las materias conforme a los programas de estudio; segundo, la elaboración de planes de pago se pueden negociar, ya que existe flexibilidad y negociación del pago entre las instituciones y las familias al no hacer un contrato formal (e incluso la Procuraduría Federal del Consumidor, ante la pandemia, solicitó que las escuelas públicas fuesen flexibles en este tema para evitar la deserción escolar por falta de recursos); tercero, incumplen su objeto social que es el de ofrecer educación con fundamento en el 3° de la Constitución, al obstruir este derecho a la educación por un tema administrativo.

En este caso ¿las familias pueden pagar la colegiatura cuando quieran? No. Como señalé anteriormente, los planes se deberían negociar con la escuela, sin embargo, los estudiantes no deberían ser afectados por temas que están fuera de sus manos. Tan solo imaginemos el atraso en sus estudios que le significaría el estar cambiando la fecha de sus exámenes y teniendo que ponerse al corriente en sus clases porque le negaron aplicar su examen hasta que sus padres paguen la colegiatura o, en el peor de los casos, le nieguen el acceso a la institución o retenerle sus documentos al estudiante (escenarios terribles y que, desafortunadamente suceden en nuestro Estado). Hay que recordar que las escuelas pueden ser demandadas por violar derechos fundamentales (autoridad para efecto de amparo) y dicha práctica es, evidentemente, violatoria del derecho fundamental a la educación y contraviene el principio del interés superior del menor (3° y 4° Constitucional).

Nuestro compromiso por la educación debe ir encaminado a la construcción de una comunidad más empática y dinámica con los nuevos entornos sociales, es una locura continuar con dichas prácticas tan perjudiciales y antiguas que solo reflejan el abuso del objeto social que les legitima el Estado para proveer educación pública. Si se llega a lucrar con la educación, lo mínimo que deberían hacer dichas instituciones es darla conforme a la ley y no obstruirla.