Víctor Hugo Granados Zapata

Ante el incremento del número de contagios de COVID-19 y la coordinación ineficiente (sobre todo en la comunicación) entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, las familias han estado en constante incertidumbre sobre el regreso a clases que se va a llevar a cabo este mes. Por otro lado, no se han contemplado los retos que se vienen en conjunto con la “nueva normalidad” y que, desafortunadamente, son inevitables. En esta ocasión, hay que enfocarnos en los tres grandes retos para la educación: económico, administrativo y jurídico.

¿Cuál es el principal detonante de los nuevos retos?: la crisis económica. El segundo pronóstico trimestral del INEGI reportó una caída de 18.9% del PIB, la cifra más baja que hemos tenido en el país en toda su historia. Esto, abonando que pronósticos como el de Credit Suisse (institución financiera a nivel internacional) que estiman que el PIB va a decrecer aproximadamente un 14% el próximo año o los pronósticos más optimistas del Banco de México de una caída aproximada del 8.8%; pero lo que sí es un hecho es que se vienen unos años muy complicados para el ingreso de todas las y los mexicanos. Aquí una nueva cuestión ¿cómo va a afectar esta crisis a la educación en México?

En primer lugar, hay que aclarar que si el PIB baja, el ingreso de millones de familias mexicanas también lo hará, y con ello, aumentará el costo de la educación de las y los estudiantes. Lo anterior hay que relacionarlo con el análisis que hicieron Miguel Székely (ex subsecretario de Educación Pública) y Yoloxóchitl Bustamante (secretaria de Educación de Guanajuato) para El Financiero, donde sugieren que la crisis traerá consigo un cambio de millones de estudiantes del sistema privado al sistema público de educación, esto ante la falta del ingreso que les permitía pagar la colegiatura mensual e inscripción (así como también el posible cierre de cientos de escuelas privadas derivado de esto). Por otra parte, la inversión que los padres pueden hacer para la educación de sus hijas e hijos también baja, lo cual puede generarle mayores complicaciones en su desempeño (gasto en libros, materiales de apoyo, útiles escolares, uniformes, etc.). No cabe duda de que se va a ampliar la brecha educativa (relación entre el desempeño de las y los estudiantes, y su nivel socioeconómico).

El segundo reto se da por la baja en los ingresos que también trae consigo una menor recaudación fiscal (ligado también al aumento de los empleos informales) y con esto el Estado en su conjunto (Federal, Estatal y Municipal) tendrá menos recursos para invertir en sus diferentes prioridades (entre ellas la educación). Este supuesto se podrá corroborar cuando salga el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, si aumenta, se mantiene o baja el presupuesto destinado a educación. Hay que señalar que la implementación del nuevo modelo híbrido (clases en línea y presenciales) requiere de mayor presupuesto para las escuelas.¿Habrá recursos suficientes para la educación pública? De haberlos ¿se van a gestionar adecuadamente? (sin mencionar las políticas de austeridad del Gobierno Federal)

Finalmente, el último reto viene en cuanto los derechos fundamentales de cada estudiante durante esta crisis. El derecho a la educación (Artículo 3° de la Constitución) se ve comprometido desde dos ejes: del Estado y los padres. Desde el Estado, ya que una baja en la calidad de la educación (ante la posible escasez de recursos públicos) afecta, en teoría, el derecho a la educación de todas las y los estudiantes; de la misma forma, los padres de familia se ven más comprometidos en cumplir su obligación de asegurar el mismo nivel de educación que le están brindando a sus hijas e hijos (tanto en el sistema privado como público). El último punto lo consideramos desde el punto de vista más optimista, dado que existe la posibilidad de que aumente la deserción escolar o el rezago educativo a causa de la falta de recursos (un escenario que múltiples académicos han considerado poco probable, pero que puede llegar a suceder).

Atender a los tres retos que se aproximan deberían ser prioridad para los gobiernos (en sus tres niveles) o al menos deben contemplarse con urgencia para elaborar acciones que busquen aminorar los daños que van a surgir en un corto y mediano plazo. La agenda pública de los próximos años debe ir encaminada a ir cerrando la brecha educativa que va a emerger de esta crisis, la cual va a afectar a millones de estudiantes. Solo invirtiendo en educación podemos cimentar las bases de un futuro próspero que haga frente a la crisis que se avecina.

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