No saben diferenciar las faltas administrativas y los delitos que justifican detención
La Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó Recomendación General, que exhorta a las autoridades estatales y municipales a enseñar a la policía de manera clara cuáles son las infracciones consideradas faltas administrativas y los delitos por los que se justifica la detención de las personas.
El ombudsman Eduardo Martín Jáuregui les pide instruyan a la policía bajo su mando para que las detenciones que realicen de personas por infracciones administrativas o delitos, estén estrictamente fundadas en las descripciones que de ellas hagan las leyes y omitan sus apreciaciones subjetivas.
Se abstengan de realizar detenciones motivadas en “agresiones verbales”, “injurias”, “amenazas”, “ultrajes” o cualquier otro concepto indeterminado que no describa con claridad y objetividad las conductas o las expresiones hechas por el considerado infractor.
Que todos los encargados de calificar las faltas administrativas de los municipios, se apeguen a la legalidad y omitan sancionar a las personas basándose sólo en las descripciones subjetivas que haga la policía, sino que sean garantes de que se expongan los hechos objetivos que motivaron la detención y en razón a ellos y a lo establecido en las leyes hagan una exacta aplicación de la ley sin acudir a la analogía o a la mayoría de razón.
Los once presidentes municipales, los superiores jerárquicos de los titulares de seguridad pública y de los encargados de calificar las faltas administrativas, de sus municipios, vigilen el cumplimiento de esta Recomendación General.
Lo anterior, sustentado en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el pasado mes de marzo resolvió que es inconstitucional el delito de ultrajes, dado que los vocablos “ultrajar” e “injuriar” son términos con una referencia imprecisa o indeterminada, por lo que no se puede detener a los ciudadanos por esta razón.
Martín Jáuregui manifestó que “a pesar de que las recomendaciones de la Comisión que preside no son obligatorias, espera que las autoridades que imparten justicia en la entidad sean sensibles ante un criterio de la Corte, y eviten una serie de detenciones que no están bien fundamentadas”.
