Fernando López Gutiérrez

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La intervención de las autoridades federales en las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero, ha expuesto la compleja situación de inseguridad en la que se encuentra inmersa dicha región. El descubrimiento de múltiples fosas clandestinas y el reconocimiento de la vinculación entre las autoridades municipales y el crimen organizado en la zona constituyen señales de alarma ante la posibilidad de que estas condiciones puedan ser características de otros estados del país.

El cuestionamiento obligado, ante lo que se vive en estos momentos en Guerrero, es si las autoridades no tenían indicios respecto a la relación entre los gobiernos municipales que hoy en día se encuentran bajo investigación y los grupos del crimen organizado identificados en la región. En el mismo sentido, la sociedad se pregunta cuáles fueron las acciones y medidas que el Partido de la Revolución Democrática llevó a cabo en la entidad para garantizar que sus candidatos a dichos gobiernos no estuvieran ligados a grupos delincuenciales y pudieran actuar con apego a la legalidad.

Las inquietudes planteadas atienden a un aspecto esencial para el desarrollo pleno de nuestra democracia, el cual tiene implicaciones directas en la seguridad plena de nuestra población y el respeto a sus derechos humanos. La selección de los candidatos a puestos de elección popular debe ser un proceso minucioso que no sólo considere nociones electorales y políticas, sino que profundice en la investigación de la probidad y honestidad de los candidatos propuestos. El tema ha sido advertido desde hace varios años, cuando se observó el incremento de la influencia del crimen organizado en diversas regiones de nuestro territorio, sin que hasta el día de hoy se hayan tomado acciones claras al respecto.

Los partidos políticos han buscado resolver dicha situación desde su organización interna sin que hasta ahora hayan manifestado su compromiso pleno como instancias de selección de perfiles. Lo que hoy ocurre en Guerrero debe ser el punto de partida para identificar y deslindar responsabilidades en torno al impulso que se la ha dado a los proyectos de candidatos que poseen vínculos claros con la delincuencia organizada o que mantienen un claro historial de deshonestidad y corrupción.

Estamos frente a un problema de gran magnitud, cuya solución debe ser asumida por parte de los partidos políticos como una obligación. Ante los lamentables hechos que hoy observamos, nuestro país exige respuestas claras y acciones específicas que le permitan a la ciudadanía ejercer su voto con la seguridad de que lo hace en favor de mexicanos honestos. Nuestras autoridades y los distintos grupos políticos del país deben establecer condiciones mínimas que garanticen que esto sea posible.