Las imágenes que presenta la televisión de miles de hombres y mujeres que en varias partes del mundo sufren de abandono y parte de ellas morirán de inanición, no sólo son impactantes sino que producen conmiseración y deseos de hacer algo, sentimiento que dura sólo unos minutos, porque luego cada quien se dedica a cumplir sus tareas comunes.

Ante esa realidad no se necesita ir a otra parte del planeta para brindar algo de ayuda, basta con echar una mirada al otro Aguascalientes, a ese que subyace y el que las autoridades no quieren que emerja, que presente la miseria en que se desenvuelve la vida de sus moradores.

De acuerdo con la información aportada por la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado, 56 mil aguascalentenses se encuentran en pobreza extrema, lo que significa que hay ocasiones que prueban un alimento al día y muchas veces ni eso. Las a razones son múltiples, pero independientemente del porqué cayeron en esa condición, lo importante es llevar a cabo un programa de rescate para que no quede en una simple estadística.

Aún resuenan las palabras del ingeniero José Carlos Lozano de la Torre cuando rindió juramento como gobernador, el 1 de diciembre de 2010. Dijo entonces que había más de 50 mil personas en pobreza extrema y su compromiso era que al final de su administración ya no hubiera esas condiciones. Después de seis años nada cambió y tan es así que ahora son 6 mil más de los había en ese momento.

Está claro que enfrentar el problema no es de competencia exclusiva del gobierno estatal sino de los once ayuntamientos y de la Federación, que uniendo esfuerzos, capacidades y recursos se puede avanzar más rápidamente y más si se tiene el apoyo de los sectores privado y social.

En un universo de un millón 200 mil habitantes, alguien podrá aducir que no es relevante que 50 mil estén en condiciones sumamente desventajosas, pero así sea uno es una bofetada al rostro social y un mazazo continuo a esa omisión.

Si la Sedeso tiene nombres, domicilio, edades, escolaridad y número de personas por familia, también debe saber sus principales carencias, que seguramente tiene como punto de partida tener un trabajo permanente, con el cual pueda mejorar su nivel de vida. De poco le sirve a esos semejantes el programa crecer con valores, en el que se ofrece talleres de fortalecimiento de valores, desarrollo comunitario, autoestima, entre otros, además de los centros Crecer, en los que se les enseña nutrición, vivienda digna, ambiente sano, etc., si lo básico no lo tienen, como es un ingreso económico seguro.

Ya es tiempo de dejar atrás la retórica y los cuentos y enfrentar con decisión un problema, que sin duda es sumamente complejo, pero que con impulso y decisión se puede solucionar. A la actual administración estatal le resta poco más de tres años y los nuevos alcaldes pueden embonar su vigor, para que se logre reducir a su máxima expresión esa cifra de desamparados, que aún cuando no sea un programa espectacular se convierta en su mayor legado.

UN MANOTAZO

Una vez que logró la ratificación en el cargo, la alcaldesa Teresa Jiménez está obligada a devolverle la generosidad a los ciudadanos, y la mejor vía para hacerlo es dar un golpe de autoridad sobre Veolia, la empresa que una y otra vez jura que “ahora sí” dará un servicio eficiente, pero hasta ahora lo único que se escucha son quejas por el faltante del agua en los domicilios y como si fuera una broma macabra cobros por algo que no se recibe o es con bastante irregularidad.

Los tiempos de precampaña y campaña concluyeron con una serie de compromisos que ahora urge materializar, que los aguascalentenses perciban que hay un cambio y la mejor manera es que se tenga el vital elemento todos los días, no un día sí y una semana no.

Hay que olvidarse de las amenazas de que no se revalidará la concesión, porque eso no le corresponderá a la actual edil, sino enfocarse en el ahora. El título del permiso señala derechos y obligaciones de la concesionaria y la autoridad municipal, por lo que si la empresa francomexicana no cumple con la distribución  adecuada del agua debe recibir sanciones, para ello – se supone que está – la Comisión “Ciudadana” de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA) debe encargarse de que cumpla esa parte, pero pasan los años y el organismo se mantiene en un letargo profundo.

Aunque todos los candidatos al Ayuntamiento prometieron que meterían a Veolia al redil, sólo Teresa Jiménez puede – y debe – hacerlo y no esperar a que llegue el tiempo para el relevo en el gobierno del estado para volver a ondear la misma bandera.

El pasado 25 de mayo, a una semana de las elecciones, Veolia publicó uno más de sus compromisos, al citar que tiene planes permanentes de regularización para los sectores vulnerables al aplicar tarifas especiales, además de un fondo de responsabilidad social y descuentos a adultos mayores.

Mientras la compañía ratifica su propósito de mejora permanente del servicio, todos los días y a cualquier hora se escucha las quejas de los usuarios de distintos rumbos de la ciudad por la falta del líquido, que en unos casos es de días y en otros por semanas. Hay incluso una radiodifusora que de cinco a seis de la tarde tiene teléfono abierto y prácticamente toda la hora son denuncias en contra de la citada firma.

Se dice que el manto freático que abastece a la ciudad está sobreexplotado y por lo mismo hay problemas de distribución, sin embargo es algo que se ha venido señalando desde los años 80 del siglo pasado como disculpa del mal servicio, que entonces proporcionaba directamente el Ayuntamiento.

Ante esa forma temerosa de eludir el bulto, es tiempo que un organismo independiente haga una auditoría del servicio y le informe a los habitantes la verdad. Si es necesario racionarlo que se haga por sectores y a un horario fijo para que la gente tome sus precauciones, no que en el momento menos esperado deja sin gota a los hogares y así puede ser por 24, 48 o más horas. El famoso teléfono al que deben llamar para exigir su restablecimiento no lo contestan y cuando finalmente logran la comunicación es para prometerles que les enviarán un camión cisterna, que es sólo un paliativo.

Por el momento la única solución es atender el 100% del descontento colectivo, que incluso, si es necesario, personal del Ayuntamiento se encargue de vigilar que Veolia resuelva con la mayor celeridad las denuncias, con lo que se habrá dado un paso muy importante en un asunto que lastima tanto el tejido social.

Como complemento, que se ejerza una vigilancia estricta en el cobro del servicio para que no se aplique  el tiempo que no se recibió. En ambos casos es sólo justicia social y es, justamente, lo que reclama la ciudadanía.

EN EL AIRE

El apoyo que recibirían de Infonavit las familias perjudicadas por la explosión de gas LP ocurrida el pasado 21 de mayo en la Unidad Habitacional Pilar Blanco no se ha logrado plasmar por cuestiones de trámites y ahora, con el anuncio de gobierno federal que las dependencias se quedan sin titulares, se desconoce si habrá una respuesta de quien se haga cargo de la oficina. El delegado Mario Antonio Guevara Palomino dejó encaminado este asunto, al señalar que en casos como este se activa el seguro de daños. Lo único que esperaba era tener los dictámenes por parte de la autoridad municipal, a fin de determinar si los inmuebles dañados serían demolidos o reparados. Explicó que el seguro entra en función cuando hay daños por desastres naturales o accidentes, como el ocurrido, el cual cubre el monto del valor del departamento si hay una pérdida total o parcial, además de los arreglos que se tengan que hacer y un apoyo para la compra de enseres domésticos. Uno de los requisitos para hacer válido el seguro es que los afectados sean titulares (dueños) del departamento, acudir a la delegación del Infonavit con su identificación, su número de crédito y su número del Seguro Social, aunque Guevara Palomino no precisó los casos de quienes haya tenido pérdida total que incluye los citados documentos. Lo único que queda es estar atentos a que el Instituto les den una respuesta pronta a los damnificados.