Salvador Rodríguez López

Por preparación y ejercicio profesional, los médicos prefieren dedicarse al 100% a su labor que andar en tribunales, lo que no significa que sean apáticos y menos cuando se trata de defender sus derechos y es precisamente a lo que los empujan, al negarles la vacuna contra el COVID-19.

Desde hace varias semanas han insistido que se atienda esta necesidad, por ser el sector más expuesto al contagio por su relación directa con los pacientes que presentan ese cuadro epidemiológico, pero la representación federal prefiere aplicar el clásico “no los veo ni los oigo”, por lo que entre más se tarde en darse cuenta de la urgencia que hay de responder seguirán presentándose actos de transmisión hacia los galenos, enfermeras, trabajadores administrativos y de intendencia, que son los que se encuentran en lo que se ha dado en llamar “primera línea”, al arriesgarlos no sólo a la infección, sino a perder la vida.

El presidente de la Comisión de Salud de la Coparmex, René Anguiano Martínez, señaló que se han hecho esfuerzos para que en el Gobierno Federal entiendan que no sólo el personal que trabaja en los hospitales públicos está en peligro, sino también quienes laboran en los centros privados y en los consultorios particulares, mismos que deben atender a personas que puedan estar infectadas.

Ante el desdén con que han sido tratados y por la urgencia de que se les incluya en el programa nacional de vacunación, un grupo de abogados, que son parte de la Coparmex, se encargan de asesorar a los médicos que lo han exigido, haciéndolo principalmente en la vía pública con marchas y mítines para dar a conocer a la población las condiciones que enfrentan. Es un personal que requiere estar sano ahora más que nunca, “ha sido una ofensa y una discriminación que no se puede permitir”, apuntó.

El siguiente paso es tramitar un amparo a favor de médicos de empresas y personal de salud que no ha sido vacunado –como ha quedado demostrado con las marchas de protesta que han llevado a cabo– y que quieran adherirse a este movimiento, que tiene como único fin lograr que los inmunicen.

Anguiano Martínez sostuvo que parte del personal que labora en hospitales, centros de salud y en clínicas particulares y que por sus funciones no tienen una relación directa con los pacientes, de cualquier manera están expuestos ya que utilizan las mismas instalaciones, por lo que no saben en qué momento pudieran quedar infectados, sea a la entrada o a la salida y en el trayecto por los pasillos o en el manejo de expedientes y del equipo, por lo que es necesario prevenir que no suceda y la única manera de lograrlo es que se les vacune a todos.

Por otra parte, el titular de la citada Comisión hizo un llamado a las personas que se resisten a vacunarse a que lo hagan, ya que al no hacerlo le están apostando a que los contagien y luego a ser transmisores de la enfermedad a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo o estudio, por lo que hay que ser conscientes de la importancia de quedar protegidos, máxime que existe la amenaza de otra oleada o que se presente alguna de las variantes procedente de Londres, Brasil y Sudáfrica, que son más infecciosas que la actual.

LEYES PARADÓJICAS

El Código Penal de Aguascalientes registra una contradicción que bien harían los diputados en analizar y en su caso modificar, al ser fuera de orden que por un asesinato con todos los agravantes se dicte una sentencia de 11 años de prisión, en cambio por un supuesto secuestro exprés que realizan unos ciudadanos de un sujeto que dañó su patrimonio el castigo sea de 40 años o más, pese a que sólo hubo golpes pero no se privó a nadie de la vida.

Lo anterior se puso de manifiesto en los últimos días con la aprehensión de un taxista y dos hijos y un amigo, que luego del robo que sufrieron en su domicilio se encargaran de indagar entre los vecinos quién fue el autor, por lo que al tener el nombre se dieron a la tarea de buscarlo y no fueron lejos, ya que vive en la misma colonia. Una vez que lo detuvieron fue traslado a la vivienda de los perjudicados y ahí le dieron una golpiza, que cesó cuando los mismos vecinos hablaron a la policía que se encargó de detener a todos los implicados. El ladrón se dijo ofendido por la agresión y los demandó, por lo que el juez dictó prisión preventiva en contra de los agresores “por privación ilegal de la libertad”, mientras que el ratero quedó en libertad.

Un caso muy similar sucedió en Rincón de Romos, donde dos ciudadanos capturaron al que los robó y al igual que con el asunto anterior le dieron una tunda, siendo detenidos bajo el mismo delito de “privación ilegal de la libertad”.

En ambos asuntos no hubo ningún fallecido, sólo el desquite del coraje que sentían por lo saqueado y consideraron que con un escarmiento no volverían a ser víctimas de quienes tienen como única meta en la vida vivir a expensas de los demás.

Lo contrario acaba de suceder con un sujeto que mató a una persona, a la que fue a buscar a su domicilio y ahí lo atacó sin darle oportunidad a la mínima defensa. El juez de Control y Juicio Oral y Penal del Primer Partido Judicial del Estado dictó sentencia de 11 años por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja, sentencia que por cierto se redujo a la que debería de ser, debido a que el indiciado se acogió a una sentencia de procedimiento abreviado y en la que se declaró culpable de haber participado en el homicidio cometido junto con otros dos individuos, por lo que pasará varios años tras las rejas, que no será un castigo suficiente para lo que hizo. Esto ocurrió el 17 de octubre de 2019 cuando dos sicarios y una mujer tocaron a la puerta de una vivienda del Sector Guadalupe de Villas de Nuestra Señora de la Asunción y al abrir ingresaron violentamente, encontrándose sentado en un sillón al que buscaban y sin más ahí lo ejecutaron de dos balazos en el cráneo y el rostro.

Lo narrado son cuestiones representativas de cómo se administra la justicia en esta entidad, ya que mientras al que asesina con felonía se le impone una pena de 11 años, a los que sólo detuvieron a los agresores para darles un correctivo podrían pasar hasta 40 años en el Cereso, cuando deberían de tomarse en cuenta las circunstancia que se dieron y que no hay un sentido de comparación entre lo que hicieron ellos y lo que llevó a cabo el asesino confeso.

Los diputados son los únicos que pueden modificar este tipo de cosas, incluyendo o suprimiendo aquello que ayude a darle un verdadero sentido a la justicia y también debería interesar a las varias agrupaciones de abogados, para que presenten un propuesta de modificación a la legislación correspondiente, lo que ojalá no se tarden en hacer, en tanto los jueces de la causa que se les sigue a los ofendidos por los ladrones podrían ser benévolos teniendo en cuenta las condiciones en que se han visto envueltos y que nunca pensaron pasar por este tipo de tragos amargos.

A SER SOLIDARIOS

Hay momentos en la vida que es necesario hacer un alto en el camino para determinar si acaso existe la suficiente sensibilidad con el prójimo, el que tantas veces se menciona, pero pocas veces se ayuda. Hoy está la posibilidad de hacerlo a través del hijo de la señora Frida Rodríguez, cuyo hijo de siete años de edad requiere de un implante coclear que le permita oír, procedimiento que tiene un costo de 600 mil pesos, por lo que pide el apoyo de los aguascalentenses para reunir esa cantidad. El lema se ha denominado “Todos Juntos por Chavita” y quien desee cooperar puede depositarlo en el número de tarjeta 4515 232 338 5351189 de BBVA a nombre de Frida Valeria Rodríguez Mora. También pueden ingresar a la página de Facebook “Todos Juntos por Chavita”, que ofrece información más amplia. El pequeño puede llevar una vida igual a las de los demás niños, sólo le hace falta el implante para que pueda desarrollar sus capacidades y lo que será posible en la medida que cada quien decida donar alguna cantidad, que en un momento determinado permita reunir lo necesario para la intervención quirúrgica, así hay que hacerlo por el bien de esta familia que lucha porque su hijo crezca en plenitud.