Los migrantes que ingresan a nuestro país en condición ilegal en ningún caso se deberían ver ligados a procesos de tipo penal por esta infracción, advirtió el catedrático universitario, José Manuel López Libreros.

Recalcó que si bien estas personas caen en faltas administrativas que los pueden llevar a ser retenidos hasta por 90 días por el Instituto Nacional de Migración, para aclarar su situación, el trato por parte de la autoridad bajo ningún concepto debe ser el de un criminal.

El profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes consideró que la globalización, el crecimiento de las brechas sociales, los conflictos armados y los desastres naturales que han azotado zonas específicas del planeta, han sido condicionantes de la aceleración del fenómeno migratorio en la década reciente.

Esto se ha visto reflejado en un aumento considerable del paso de migrantes por nuestro país procedentes del triángulo norte centroamericano y de cada vez más países sudamericanos rumbo a Estados Unidos.

Hizo hincapié en que cualquier persona al ingresar a México cuenta, de forma automática, con el reconocimiento de los derechos y obligaciones constitucionales, por lo que los migrantes pueden apelar a prerrogativas de diferentes niveles para su protección ante las autoridades migratorias según lo consideren y sin importar su estatus, origen o cualquier otra característica.

«El asunto a resolver en la materia de migración no tiene relación con asuntos legales, sino con valores humanos como la empatía pues, consideró, si existiera la conciencia suficiente alrededor de los sacrificios necesarios para tomar esta decisión, el respeto al libre tránsito, al trato digno, al acceso a la salud, entre otros, se darían de forma natural y no se caería en la constante práctica de revictimización a los migrantes, como se da actualmente».

López Libreros consideró que uno de los principales problemas se centra en la disparidad con la que se han adaptado los tratados para el flujo de inversiones monetarias entre países, en comparación con las que abordan los trámites migratorios. Lo anterior, ha desencadenado una incapacidad administrativa generalizada para atender las necesidades de quienes ven en la reubicación, una puerta hacia mejores oportunidades.