El reciente caso de la Estafa Ponzi en el Estado, en donde la Fiscalía General del Estado, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el ISSSSPEA invirtieron en bonos que llevaron al desfalco de cientos de millones de pesos, ha causado preocupación pero, sobre todo, indignación pública.
Hay desconfianza y desilusión por el actuar, sobre todo, de las dos instituciones primeramente mencionadas, ya que una de las involucradas es precisamente la encargada de investigar este tipo de ilícitos y consignar a los probables responsables ante la justicia, y la segunda, por tratarse de la denominada Máxima Casa de Estudios del Estado.
A través de diversos mecanismos, la ciudadanía, catedráticos y trabajadores de la Universidad, indignados, claman por justicia y solicitan que se investigue a profundidad, que se llegue hasta las últimas consecuencias y se sancione a los culpables reales, ya que la impunidad se ha convertido en una constante desde hace tiempo en nuestro Estado.
Al margen de la obligación de la Fiscalía General del Estado, de integrar las carpetas de investigación conducentes, existen diversos entes y mecanismos para vigilar que se sigan correctamente los procedimientos legales y se sancione a los responsables de este gran fraude que, sin duda, afecta un gran número de acciones públicas y causa una importante merma al erario público.
Por un lado, están los órganos internos de control de dichas dependencias, que deberán iniciar las investigaciones por las responsabilidades administrativas originadas por el ejercicio indebido de recursos y del cargo público, lo cual podría dar la pauta, a su vez, para que se accionen otros procedimientos, relativos a la determinación de las responsabilidades para resarcir daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes.
Aunado a lo anterior, es importante recordar que en nuestro Estado contamos con un Sistema Estatal Anticorrupción, conformado por diversas autoridades especialistas en la materia.
El 27 de mayo de 2004, se publicó el Decreto por el que se aprobó la “Convención de las Naciones contra la Corrupción”. Este documento se constituye como el primer instrumento jurídicamente vinculante para el Estado Mexicano, en la lucha contra la corrupción, y se trata de un compromiso internacional.
El artículo 6 de esta Convención determina que cada Estado signante tiene la obligación de garantizar la existencia de órganos encargados de prevenir y combatir la corrupción, mediante la aplicación coercitiva de la ley.
Bajo esta consigna y en cumplimiento a lo que establece el artículo 113 Constitucional, se crearon los Sistemas Locales Anticorrupción, que son los sistemas anticorrupción de las entidades federativas, cuyo objetivo es coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
En Aguascalientes, el 5 de septiembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la reforma a la Constitución local que creó el Sistema Estatal Anticorrupción.
El Sistema Estatal Anticorrupción esté conformado por un Comité Coordinador y por un Comité de Participación Ciudadana. De igual forma, integran este Sistema un Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización de Aguascalientes y la Plataforma Digital Estatal, autoridades que cuentan con facultades legales y operativas para dar seguimiento puntual a las acciones que se realicen para esclarecer los hechos, así como la atribución de responsabilidades o su deslinde.
En este entendido, será importante estar atentos no sólo a las actuaciones de la propia Fiscalía, sino a estas autoridades en comento, quienes tienen en este asunto la gran oportunidad de demostrar su eficacia en el combate a la corrupción y la máxima transparencia en los procesos, lo cual deviene muy oportuno ante las múltiples acciones legislativas recientes, que buscan su desaparición bajo el argumento de su ineficacia.
