Salvador Rodríguez López

Una política social que asegure la incorporación plena al desarrollo común de quienes están en pobreza extrema es una asignatura pendiente de larga data, de lo que se acuerdan las autoridades de vez en cuando y sólo para repartir apoyos que significan un aliento mínimo y que en nada remedian la situación.

Los urgidos de una atención global son la envoltura de la estadística, que en términos prácticos carece de interés si no es acompañada de programas que atiendan la raíz del problema y los incorpore a la vida productiva.

En 2010, cuando el ingeniero José Carlos Lozano rindió juramento como gobernador, mencionó que en Aguascalientes había poco más de 50 mil personas en pobreza extrema y once años después se afirma que quedan 25 mil, por lo que a ese ritmo será hasta la década los 30 cuando pudiera superarse esta situación y siempre que no se presenten nuevos casos.

A raíz de la distribución que se hará de 507.5 millones de pesos mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se actualizó el número de habitantes que están en esa condición, lo que lógicamente, al albergar a casi el 80% de la población absoluta es mayor en el municipio de Aguascalientes, con 11 mil 650 residentes; Asientos con 2 mil 067; Calvillo 1 mil 650; Cosío 432; Jesús María 2 mil 095; Pabellón de Arteaga 1,005; Rincón de Romos 1,660; San José de Gracia 464; Tepezalá 643; El Llano 1,064 y San Francisco de los Romo 801.

Son personas conocidas en el medio en que están, pero a las que se les presta poca atención, por lo que la expresión tantas veces repetida del “reparto justo de la riqueza” no pasa de ser un enunciado que utilizan los políticos durante la época de campaña y en la administración pública para atraer o distraer la atención.

Ahora nuevamente se repite el estribillo de que “a fin de eliminar progresivamente la pobreza se aplican diversos programas” y que son recursos que “sólo se pueden utilizar para obras y acciones sociales básicas”.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) manifiesta que la pobreza extrema se presenta cuando la persona se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínima, cuando dispone de un ingreso muy bajo que aún cuando lo dedica por completo a la compra de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

En esta ocasión el reparto de los recursos no se hará de acuerdo con el número de pobladores que hay en cada lugar, sino conforme a las necesidades que se tienen, por lo que el municipio capital recibirá 3.5 millones de pesos; Asientos 5.5, Calvillo 7.3, Cosío 5; Jesús María 6.9; Pabellón de Arteaga 6.5; Rincón de Romos 7.3; San José de Gracia 5.4; Tepezalá 8: El Llano 24.4 y San Francisco de los Romo 18.4 millones de pesos.

El dinero está etiquetado, por lo que únicamente se aplicará en obras, acciones sociales básicas e inversiones que favorezcan a la población en pobreza extrema, son programas que se harán en localidades de alto rezago social. Entre las obras que tendrán lugar son de agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización, electrificación rural y en colonias marginadas, infraestructura básica en el sector salud y educación, además de mejoramiento de la vivienda.

Esta es una oportunidad más para demostrar que los recursos públicos sí tienen un destino adecuado y que cada vez son menos las familias en esa situación, lo que debe acompañarse con acciones de diversas dependencias para que eleven su condición personal y familiar en materia de salud, educación y oportunidades de desarrollo, lo que ojalá se haga y así evitar que dentro de diez años se vuelva a hablar del mismo tema.

CAUTELA EN LA FSTSE

El compromiso que asumió el presidente de la República, de emplear una acción económica compensatoria adicional para evitar un daño al ingreso de los trabajadores federales pensionados, en función a la limitante impuesta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al determinar que se sustituya la aplicación de salarios mínimos por la afectación que representa la Unidad de Medida Actualizada (UMA), es un paso importante pero se tiene que estar atento a que se cumpla de manera íntegra.

El dirigente estatal de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Normando López Meixueiro, señaló que están en comunicación constante con el líder nacional Joel Ayala Almeida para conocer con mayor precisión el acuerdo expresado por el mandatario, que en la conferencia de prensa que tuvo lugar el viernes de la semana pasada manifestó que se hará una operación compensatoria y así evitar que se reduzca el pago que recibe el personal federal en retiro.

En principio es positiva la respuesta del titular del Ejecutivo ante el reclamo que hizo la FSTSE, aunque aquí lo importante sería que Ayala Almeida lograra que se anulara el dictamen de la SCJN, porque aún cuando se les reponga dicha reducción, en términos legales sigue vigente que se les pague de acuerdo a las UMAs, porque de no ser así en algún momento podría imponerse ese acuerdo.

La respuesta que obtuvieron es porque el presidente considera que “nos afectó en el sentido de año con año, el incremento del sueldo en salarios mínimos es de 15% de acuerdo a la inflación y en UMAs fue de 3.5%, entonces la diferencia es sustancial y se van a ver afectados los pensionados y jubilados”.

En la mesa de negociación que hay con la Secretaría de Gobernación, la FSTSE espera lograr un convenio definitivo en beneficio del personal jubilado de todas las dependencias federales, que desde que conocieron el fallo de la Suprema Corte están en estado de alerta ya que no es cualquier cosa que les disminuyan hasta 2 mil pesos o más de su mensualidad y todo porque los ministros cambiaron el pago de salarios mínimos a UMAs.

Es un paso importante que desde Palacio Nacional estén atentos para resolver este asunto, pero como se indica párrafos anteriores, tiene que darse marcha atrás en la misma Corte para evitar que más adelante pudiera imponer esa medida.

DESATADO

Dispuesto a ampliar la línea de acción en su ya extendida labor, el titular de la oficina de regulación sanitaria del ISSEA se propone someter a orfanatos, casas de asistencia social, asilos, anexos, fundaciones, albergues y todos los servicios de asistencia social que hay en el estado, para que se sujeten a las normas que rigen la labor de esa dependencia. No conforme con ser el persecutor implacable del comercio en general, al clausurar todo tipo de locales que, presuntamente, presentaban alguna falla en la atención que ofrecen a los clientes, ahora va sobre los lugares que dan atención a los desprotegidos, que seguramente no tienen la calidad y pulcritud a las que él está acostumbrado, por lo que será interesante ver si hace lo mismo que con los negocios a los que clausura de inmediato, lo que de ser así echaría a la calle, principalmente, a niños y ancianos que son los que encuentran protección en esos sitios, al igual que mujeres maltratadas y jóvenes y adolescentes adictos al alcohol y otro tipo de droga. Es correcto tener un control de esos lugares, pero no que vaya a imponer una actitud severa, como ocurre con el comercio, que con grandes dificultades están abiertos luego de los estragos que han sufrido por la pandemia y cuando empiezan a ver una pequeña luz llegan los “guardianes sanitarios” y con cualquier pretexto los cierran.

FUGA DE AGUA

En la esquina de las calles Galeana y Rayón tiene varias semanas un derramamiento de agua, lo que ocasiona no sólo el desperdicio del vital elemento, sino que al estancarse empiece la pudrición, en detrimento de los peatones y los locales que se encuentran en ese sector. Ojalá que el personal de la empresa concesionaria tenga tiempo de acudir a ese sitio y arregle el desperfecto, que al ser en una zona tan céntrica es paso obligado todos los días de cientos de personas y vehículos.