Lic. René Urrutia de la Vega

Mucho revuelo ha causado que el presidente de la República haya manifestado hace unas semanas, en su tradicional conferencia mañanera, que su gobierno también cuida a los integrantes de las bandas porque son seres humanos, textualmente dijo: “También cuidamos a los integrantes de las bandas, también son seres humanos, ésta es una política distinta, completamente distinta”, en el contexto del tema de los índices de letalidad en su gobierno, en comparación con el gobierno de Felipe Calderón y, al mencionar que ahora se cuida a los integrantes de las fuerzas armadas, de la Defensa y de la Guardia Nacional, fue cuando mencionó que también se cuida a los delincuentes, a quienes se refirió como “integrantes de las bandas”.

Lo primero que hay que decir es que, si se refiere a los integrantes de las bandas, por definición se tuvo que referira la delincuencia organizada, no podríamos entender a integrantes de bandas que no fueran miembros de organizaciones criminales, eso son las bandas.

Por otra parte, hay que reconocer que efectivamente esos delincuentes integrantes de las bandas organizadas son seres humanos, claro que lo son y claro que tienen derechos, faltaba más, de ninguna manera se podría pensar que a ninguna persona se le pudiera dejar de reconocer como sujeto de derechos y, menos aún, de derechos fundamentales, eso simplemente es un tema superado, porque además vivimos en un Estado de Derecho donde se reconocen los derechos humanos inherentes a todas las personas.

Ahora, debemos atender el tema en cuanto a la forma en que se aborda por parte del jefe del Ejecutivo, al señalar que los integrantes de las bandas también tienen derechos. Lo primero que quiero decir es que se trata de personas que, sin perder sus derechos fundamentales, han tomado la decisión de apartarse completamente de la norma y han salido de la esfera de cumplimiento de las más elementales exigencias de la ley, sobre todo en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos de sus semejantes y, por ello, han generado la obligación de Estado -que no tiene derecho de apartarse del cumplimiento de la norma- de perseguirlos y aprehenderlos, de investigarlos para llevarlos ante los tribunales para que, ahí sí, respetando todos sus derechos fundamentales y procesales, en un juicio justo, se les aplique la ley con firmeza, para que sean objeto de las consecuencias jurídico penales que tiene prevista la ley para quienes transgreden el orden jurídico, de manera que los derechos humanos que tienen los que se apartan de la norma y dañan a la sociedad gravemente, son directamente proporcionales con la obligación del Estado, materializada en las funciones de gobierno, de ejercer el poder punitivo como una fuerza legítima y, con ella, garantizar que el daño a la sociedad cese, por un lado, y por el otro, que exista una garantía de que no se perpetúe la repetición de los actos que causan esos daños, que es lo que ahora está ocurriendo muy lamentablemente, sin que haga lo necesario para evitarlo.

Coincido con el presidente en que los delincuentes tienen derechos, pero jamás me atrevería a mencionarlo en la forma en que él lo hizo y en el contexto que rodeó esa afirmación, menos aún en momentos en que, dicho con toda objetividad y al margen de cualquier interés o simpatía política, lo cierto es que la delincuencia continúa avanzando y la ley, la autoridad y el gobierno, continúan retrocediendo.

Un apunte más. Lo he dicho siempre, incluso antes del inicio de la presente administración, el combate a la delincuencia organizada en México es competencia exclusiva -por ley, no porque yo lo diga- de la autoridad federal, lo que significa que la Fiscalía General de la República y las institucionesdel orden federal, es decir, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, conforme a las atribuciones que ahora tienen por decreto, son las únicas que pueden y deben, constitucionalmente,prevenir,investigar y combatir la delincuencia organizada, independientemente de que nos guste o de que lo aceptemos, la ley es la ley y México es un Estado de Derecho, aún cuando en muchas de las funciones de gobierno eso no se manifieste de manera correcta, pues ello no elimina la vigencia de la norma constitucional.

En conclusión, los derechos de los delincuentes se deben expresar en los tribunales una vez que son llevados ante la justicia y las autoridades deben respetar las normas del debido proceso al detenerlos e investigarlos, fuera de eso, lo que debe prevalecer es la obligación del Estado para actuar con determinación, pues jamás podrá entenderse que los derechos humanos deban entenderse como aquello que impida que a quien delinque se le aplique la ley y las consecuencias jurídicas por sus actos de manera firme, que es como debe actuar un Gobierno que se precie de cumplir y hacer cumplir la ley. Lo que debe prevalecer son los Derechos Humanos de los ciudadanos que cumplen con la norma y que no se han apartado de la adecuada convivencia social, a ellos es a quienes se tiene el deber constitucional, legal y moral de cuidar, a los delincuentes no se les cuida, a los delincuentes se les persigue, se les investiga, se les detiene y se les lleva ante la justicia para que, respetando sus derechos fundamentales, se les aplique todo el rigor de la ley como seres humanos que son; no se les cuida, por el simple hecho de que están causando daño grave a la sociedad, cuidarlos es exactamente lo mismo que permitirles que lo sigan haciendo y eso no puede ocurrir sin que hacerlo deba ser calificado como un acto de corrupción.

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