No están previstas consecuencias legales en contra de quienes extendieron concesiones de taxi al margen de la ley, advirtió el secretario general de Gobierno, Ricardo Enrique Morán Faz, al considerar que lo importante en este momento es sanear el padrón de quienes prestan este servicio. Reconoció que en la revisión de los títulos emitidos en la recta final del sexenio pasado, se encontró que “no firmaron los que tenían que firmar, tampoco se hizo un dictamen como se tenía que hacer y ni siquiera pasaron a la vista del Consejo Estatal de Transporte”.

Es decir, fueron concesiones “mal dadas”, asignadas de una forma irregular y por eso es que se pudo formalizar un paquete de 215 juicios de lesividad, donde la autoridad jurisdiccional administrativa y los jueces “nos han dado la razón”.

En entrevista, el funcionario sostuvo que la Sala Administrativa del PJE ya resolvió 170 expedientes y los cuatro tribunales colegiados negaron el amparo a solicitantes, confirmando ya la nulidad en más de 100 casos.

Aseguró que con base en ello es que el gobernador ha dado la instrucción de integrar un paquete de casos que hayan causado ejecutoria para asignarlas en diciembre, a través de un proceso transparente que beneficie al gremio y a quien pueda tener un auto para ponerlo en servicio. Reconoció que la demanda de concesiones siempre es superior a la oferta, de tal manera que se procederá con sumo cuidado, pues no se puede negar que siempre hay intereses grupales que buscan favorecer más a unos que a otros. Consideró que tener un taxi sigue siendo una actividad rentable, no obstante la invasión de unidades que trabajan a través de plataformas digitales.