Sigilosamente actuó el Congreso del Estado en la aprobación de la privatización del servicio de alumbrado público que todavía aporta el Municipio de Aguascalientes, al haber mínima información hacia los ciudadanos y quienes conocían del tema supieron guardarse sus comentarios, además, la atención general está centrada en el desenvolvimiento de la pandemia del coronavirus, por lo que se aprovechó esta circunstancia para dar ese paso.

Cumplido el mandato, los legisladores tienen la obligación de dar a conocer qué va a pasar con los trabajadores que actualmente laboran en la Dirección de Alumbrado Público, ¿o acaso va a pasar lo mismo que con el agua potable, donde hay un organismo paralelo a la concesionaria?

Bien dice la diputada presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Karina Eudave Delgado, el acuerdo es similar al que tuvo lugar en 1993 con la concesión del agua potable, de la que se dijo en su momento que mejoraría la calidad del servicio y hoy los resultados están a la vista, con una empresa francesa insaciable en materia de cobro y una atención irregular en varias colonias que suscita reclamos casi todos los días.

Con esta decisión de la diputación, al apoyar a los regidores para que entregaran parte de sus funciones a empresas privadas, llegará el día en que el Gobierno Municipal sea sólo un vigilante de los programas (o para estar más a tono con el momento, que esté de florero), echando al cesto de la basura sus obligaciones legales.

El Artículo 115 Constitucional establece que entre las tareas básicas del Ayuntamiento está otorgar los servicios de agua potable y alumbrado público y con el paso que se acaba de dar éste queda en manos de particulares.

De ello se desprenden varios puntos que deben aclararse, por ejemplo, si con la privatización del alumbrado la empresa que obtenga el contrato seguirá recibiendo el 10% del desaparecido DAP (Derecho de Alumbrado Público, que por sus pistolas sigue cobrando el Gobierno de la ciudad), o habrá alguna otra prebenda, porque algo sustancioso debe haber para que quienes están enfilados a quedarse con el servicio tengan todo listo para iniciar actividades.

La diputada Eudave sostiene que es un desatino entregarlo por 30 años, o sea 10 administraciones, al ser una prestación que debe estar bajo la férula de la autoridad, máxime que con la experiencia que se tiene con el agua no augura que será algo diferente. En el Congreso nadie explicó cuál era la “urgencia” para aprobar la iniciativa, ya que pudo haberse esperado hasta que pasara el período de la epidemia y entonces convocar a representantes sociales y juntos analizar el documento.

El Programa de Eficiencia Energética, como se tituló el escrito, tiene sus bemoles, porque no hay problemas graves en la atención y por consiguiente no cabía desprenderse de él, pero por otra parte, si el propio Municipio señala que pretende una mayor eficiencia es porque considera que no lo está haciendo bien, lo que debería investigarse antes de entregarlo al sector privado.

Ahora bien, si el propósito es que siga activa la Dirección de Alumbrado Público, tal como se conoce actualmente, seguirá los pasos de CCAPAMA, que tiene las mismas funciones operativas de Veolia, con el privilegio que ésta se encarga de cobrar la distribución a más de 200 mil hogares.

Una pregunta que no cause incomodidad: ¿Cuánto lleva en la polla la autoridad? Porque ni modo que sea por el sólo deseo de servir a sus súbditos.

IMPONEN SU LEY

Cualquier persona puede perder poder de compra con su tarjeta de crédito si la institución bancaria considera que se está “extralimitando”, por lo que de la noche a la mañana no podrá hacer uso del plástico hasta que el establecimiento lo disponga.

La categoría de cliente no le da el beneficio de ser informado de esa decisión, simplemente lo sacan del mercado hasta que abone cierta cantidad pero de la que desconoce la suma, por lo que tiene que hacer una serie de trámites para volver a ser consumidor constante.

En estas condiciones, el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera recomienda a los cuentahabientes que antes de hace uso de la tarjeta verifiquen su saldo “porque va a ser muy penoso que no pase su tarjeta y tengan que dejar los productos que tenían ya sobre el mostrador porque el banco les redujo el límite y no les avisó”.

Señaló que los bancos llevan a cabo un recorte en los límites de las tarjetas, con el fin de no correr riesgos ante el aumento desmedido de la morosidad derivado de la crisis económica que se vive debido al COVID-19, sin embargo es una acción que tiene lugar desde principios de año, de acuerdo a las denuncias en redes sociales de quienes han sido perjudicados.

Agregó que las instituciones encendieron los focos amarillos porque quieren evitar carteras vencidas altas, de ahí que llevan a cabo la restricción de las tarjetas sin previo aviso, principalmente de aquellos que solicitaron una prórroga de 4 a 6 meses para transferir intereses.

Lo que desconoce el grueso de los clientes es lo que dispone la cláusula 9ª de Banco Nacional de México (Banxico), que autoriza a todas las emisoras o entidades bancarias que pueden aumentar o disminuir libremente el límite de crédito de sus plásticos.

De cualquier manera, apuntó Sánchez Herrera, “no es correcto, porque deberían enviar una carta a los domicilios, donde indiquen que por cuestiones de seguridad o por así convenir a los intereses del banco, le bajan el límite de crédito, pero no están avisando y la ley sí se lo permite”.

Lo que debería entender el usuario es que los bancos están lejos de ser hermanitas de la caridad, por lo que cada paso que dan es para ganar y aun en aquellos casos en que el cliente se declara en bancarrota y por lo mismo no puede pagar recurren a un juicio para arrebatarle lo que le queda, por ello son contadas las personas que pueden presumir que no pagaron y tampoco lograrlos embargarles ya que no tenían ningún bien a su nombre.

Por ahora hay varias instituciones afectadas por la morosidad, entre ellas está Famsa con un 16.76%, BanCoppel con el 12.55% y Banco Azteca, que presenta un 11.89%, aunque toda la banca trae un aplazamiento de 2.31%, por lo tanto entran en el mismo círculo Banamex, BBVA y Banorte.

En su totalidad las instituciones tienen en marcha este proceso “porque están viendo que se va a poner difícil la situación del desempleo, entonces ya les encendió los focos amarillos, con lo que han optado por bajar los límites del crédito”, puntualizó Gerardo Sánchez.

ORDENANZA A MODO

Cuando el octavo dijo que cerraría los templos si se comprobaba un “gentío” en los oficios, un sacerdote lanzó el reto que se atrevieran a sacar a los feligreses de una misa y pusieran los sellos en las puertas. Pasaron dos semanas de aquella baladronada y ningún espacio sufrió las acometidas de los guardias revolucionarios (¿o sanitarios?), los únicos que vivieron ese momento fue en un recinto de oración de una colonia popular, pero las misas dominicales cumplieron su cometido pese a que no se respetó la famosa sana distancia y los devotos recibieron la ostia del celebrante y no como se había dispuesto, que cada persona la recibiera en propia mano. De cualquier manera, durante las homilías los clérigos exhortaron a la comunidad católica a obedecer las instrucciones de las autoridades del sector salud como única posibilidad de reducir, y en su caso eliminar, el número de contagios que muchas veces terminan en la muerte. Como una contribución más a esta medida se anuncia que el acto del Corpus Christi, que tendrá lugar el jueves próximo, será de manera breve y no con actos multitudinarios como se hizo a lo largo de los años, por lo que dentro de la solemnidad se tendrán presentes las medidas necesarias para evitar que avance la pandemia en Aguascalientes.