
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, tomó la decisión de concluir el presente ciclo escolar el pasado 5 de junio, seis semanas antes de la fecha establecida, como estrategia para evitar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se lanzara a huelga e hiciera manifestaciones públicas de sus inconformidades frente a la mirada internacional hacia México, por ser aquí uno de los escaparates del futbol mundial. La reflexión de las autoridades era que, estando ya de vacaciones los maestros, la Coordinadora no tendría la misma fuerza de convocatoria para concentrar a sus agremiados en los movimientos de presión ni tendría sustento legal la huelga. Concluido, entonces, anticipadamente el calendario escolar, se nulificaría a la Coordinadora de manifestaciones, bloqueos, plantones, protestas y destrozos en los establecimientos públicos y privados. Pero en esta estrategia no previeron el malestar de los padres de familia, las críticas de académicos e intelectuales y el rechazo del resto de los sectores sociales por los cambios al calendario escolar; y, ante la andanada de críticas y rechazos generalizados, hicieron recular a las autoridades, teniendo que regresar al calendario original. Por simplificar la anulación de los movimientos de la Coordinadora y por falta de pericia y capacidad para prever reacciones, las autoridades retomaron el calendario establecido y está pasando lo que se quería evitar.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está en su derecho de solicitar mejoras laborales: unas excesivas, difíciles de responder positivamente ante la situación del país; otras pueden ser meramente políticas y algunas tal vez sean atendibles. Corresponde a las autoridades, con base en sus facultades y las normas que rigen al sector, responder satisfactoriamente a las peticiones justas y que sean por derecho; así como también les corresponde hacerse entender y convencer a los peticionarios de que el Estado tiene limitaciones, sobre todo para dar respuesta a peticiones irracionales, con tintes políticos; y, ante la intransigencia, el capricho, el chantaje, la extorsión y el desorden público, las autoridades tienen el deber ineludible de aplicar la ley para evitar la anarquía y el caos social, toda vez que, al tomar posesión de sus cargos, juraron “cumplir y hacer cumplir la ley”. Enrique Peña Nieto, en su gobierno, con base en las disposiciones legales, el derecho de los educandos y por respeto a los derechos de la ciudadanía, logró poner orden en el sector educativo; pero el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación revivió los vicios de la Coordinadora, hizo resurgir los desórdenes, los chantajes y las extorsiones, porque la Coordinadora, el gobierno y los dirigentes políticos de Morena son los mismos, son iguales, piensan igual, surgieron en los mismos movimientos sociales de protesta y andan en la misma política; por eso Sheinbaum, cuando andaba en campaña, se comprometió con la Coordinadora a que, si sus agremiados votaban por ella y llegaba a la Presidencia, les cumpliría sus demandas y, específicamente, se comprometió a derogar la Ley del ISSSTE de 2007, promulgada durante el gobierno de Felipe Calderón. Y ahora que es presidenta se da cuenta y reconoce, aunque no lo dice públicamente, que Calderón hizo bien al promulgar la Ley del ISSSTE de 2007, por lo que no la quiere derogar y no la va a derogar. Y ahí están entrampados; el gobierno de la 4T, primero, hizo resurgir a la Coordinadora por los votos; después, le ha asignado diputaciones; le ha concedido, sin justificarse, miles de plazas para los allegados más cercanos y belicosos; le ha entregado millones de pesos para lo que la Coordinadora disponga… ¿y los niños? De ellos nadie se acuerda; tal vez, como decía Sócrates: “Los niños que aprenden sin maestro serán sabios”; de ser así, la Coordinadora puede seguir abandonando las escuelas, con anuencia del gobierno.








