El diputado Enrique García López “Quique Galo”, enfrenta una denuncia por hechos que posiblemente sean constitutivos de delito, pues en febrero de 2019 obligó a trabajadores del Congreso del Estado a contratar un seguro de vida por 300 mil pesos, sin otorgarles ningún tipo de documento que comprobara lo que habían comprado.

La denuncia fue presentada el 14 de diciembre del año pasado, pues aunque hubo inconformes con la obligación a adquirir el seguro, y hubo quienes pidieron el comprobante del contrato, simplemente se limitó a garantizar que era de verdad y la viabilidad de ese seguro.

La acusación presentada ante la agencia ministerial de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción donde se le da seguimiento en la Carpeta de Investigación CI/AGS/22188/10-20, advierte que los afectados se inconformaron por la decisión unilateral tomada por los integrantes del Comité de Administración del Congreso del Estado, señalando principalmente a quien funge como secretario, que ordenó el descuento quincenal a partir del 15 de marzo de 2019, de entre 700 y 900 pesos para pagar el seguro de vida, el hecho es que nunca se les dijo siquiera de qué aseguradora se trataba.

Fue con el paso de los días que por su cuenta investigaron a qué agencia de seguros de vida pertenecían, pues ni el contrato ni comprobante se les proporcionó, y encontraron que se trataba de Aseguradora Patrimonial -la cual no existe-, a declaración de los denunciantes.

Encontraron además que la asociación civil que supuestamente representa a quienes fueron obligados por Quique Galo a comprar el seguro es COREMP, y quien firma como representante legal es María Natividad Pío, a quien dijeron desconocer, pues como insistieron al presentar la denuncia, nunca les fue presentada persona alguna, vendedor, contrato o recibos de pago del seguro.

Cabe mencionar que los denunciantes son ahora ex trabajadores del Congreso del Estado, mismos que fueron despedidos en noviembre del año pasado también sin darles aviso previo, y fue por eso que libres de temor, se atrevieron a presentar la denuncia ante la Fiscalía, pidiendo la investigación sobre el destino del dinero que se le descontó, para un seguro de vida que fueron obligados a comprar sin recibir documento alguno.