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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A un año de su llegada a México, Emilio Lozoya sigue libre, no obstante, las autoridades presumen más denuncias en su contra.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó ayer que presentó una nueva denuncia -la sexta- en contra del ex director de Pemex y 11 personas más, así como 33 personas morales.
La querella fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) por los probables delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras Lozoya fue director de la petrolera.
De acuerdo con la UIF, se identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex entre 2012 y 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht.
Dicho esquema, según la dependencia, se integró por tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos y posiblemente financiar campañas políticas.
Sin ofrecer detalles, la UIF señaló que en el primer grupo de operaciones las empresas fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada, destacando que éstas guardan relación directa con Odebrecht, por medio de diversos vínculos corporativos, financieros y/o comerciales.
Entre las firmas destaca una empresa filial de Odebrecht que registró de 2014 al 2016 -durante la administración de Lozoya- transferencias por más de 3 mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del Gobierno federal.
A decir de la UIF, dichos servicios no fueron realizados, por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones.
En el segundo grupo de operaciones, agregó la Unidad, las compañías recibieron los recursos del primer grupo y se encargaron de triangular los recursos, para posteriormente enviarlos a empresas fachada que difuminaron los rastros por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México.
Los retiros en esta última ciudad pudieran estar relacionados con los pagos derivados de sobornos a favor de Lozoya, indicó la dependencia.
Lozoya fue extraditado a México el 17 de julio del año pasado y, sin pisar la cárcel, fue llevado a un hospital privado en donde lo atendieron de los males que lo aquejaban y desde donde atendió las dos audiencias en las que fue vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
El ex director de Pemex, quien presuntamente recibió 10.5 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht, ha permanecido en libertad bajo caución, con un dispositivo de geolocalización colocado en el tobillo y con la obligación de firmar cada mes en el juzgado.