POR: OCTAVIO DÍAZ GARCÍA DE LEÓN

@octaviodiazg

Llueve sobre mojado pero no debido a los efectos del devastador huracán Odile que afectó Baja California Sur ocasionando daños superiores a los 14 mil millones de pesos y por las lluvias que se abatieron sobre gran parte de la república en estas últimas semanas, sino por otros acontecimientos que han venido a poner a prueba la gobernabilidad de nuestro país.

  1. Contaminación. En Sonora a principios de agosto ocurrió uno de los “peores desastres ambientales en la industria minera de los tiempos modernos”, de acuerdo con autoridades federales. Un derrame de sulfato de cobre proveniente de una mina propiedad de Grupo México contaminó tres ríos afectando a más de 24 mil personas en 9 municipios de ese estado. La pregunta que surge es ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la explotación de yacimientos de gas o petróleo de esquisto usando el método para extraerlo llamado “fracking” que es una preocupación para ambientalistas por sus riesgos? ¿Están preparados estados y federación para hacer frente a contingencias ambientales cuando se exploten estos yacimientos?

  1. Ejecuciones. En Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, soldados se enfrentaron a un grupo de delincuentes en donde perdieron la vida 22 presuntos criminales y un soldado resultó herido. El asunto no había pasado a mayores hasta que a mediados de septiembre un reportaje de la revista Esquire y la Associated Press dio a conocer el testimonio de dos testigos quienes declararon que el Ejército ejecutó a los detenidos. Las investigaciones llevaron a la detención de trece militares pero la culpa no es solo de los detenidos. Hacen falta acuerdos del más alto nivel acerca de cuál debe ser la función del ejército en labores de seguridad pública, ya que no debería estar dedicado a estas tareas. No se han llevado a cabo las reformas necesarias para justificar la actuación del Ejército en materia de seguridad pública o seguridad interior, lo que jurídicamente deja endeble su actuación; tampoco se le ha capacitado y equipado para realizar labores policiales. Los gobiernos estatales y las fuerzas policiacas federales han dejado un hueco que el Ejército ha tenido que llenar, pero que es una labor para la cual no está diseñado.

  1. Politécnico. En la ciudad de México, estalló un conflicto estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) por modificaciones al reglamento interno y por cambios a planes de estudios en algunas carreras. Los estudiantes en número de alrededor de 30,000 se movilizaron de manera ordenada y pacífica en las calles de esa ciudad. El Secretario de Gobernación salió personalmente a atender sus peticiones y una semana después el gobierno federal aceptó todas las demandas del pliego petitorio, incluyendo la renuncia de la directora del IPN. Al escribir estas líneas los estudiantes habían rechazado la propuesta del gobierno por “incompleta e imprecisa” por lo que la movilización continúa. La efervescencia estudiantil está a flor de piel no solo por las circunstancias de su propia vida estudiantil sino por el futuro incierto que les espera ya que la economía y la seguridad no mejoran. Se requiere atender el fondo de estas preocupaciones para lo cual la economía tiene que crecer a un ritmo más acelerado.

  1. Ayotzinapa. Quizá el incidente más grave de los últimos días se dio en Iguala, Estado de Guerrero, el pasado 26 de septiembre, cuando estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales, quienes dispararon contra ellos, mataron a seis personas, hirieron a 20 y hubo 43 desaparecidos. Después de la captura de tres criminales se descubrieron 6 fosas clandestinas con 28 cadáveres que parecen ser de los normalistas secuestrados. Dos sicarios confesaron que habían matado a por lo menos 17 de los estudiantes y los habían arrojado a dichas fosas por órdenes –o en “auxilio”– de la policía de Iguala. El alcalde de Iguala está prófugo y se ha demostrado que él y su esposa tenían nexos con la banda de los Beltrán Leyva. La desintegración de las instituciones en algunos estados de la república, tomadas por el crimen organizado, son una amenaza para la seguridad nacional. El que la federación tenga que intervenir para salvar a estados fallidos como Michoacán o tenga que intervenir luego en estados como Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca muestra la incapacidad de las autoridades locales o su complicidad con el crimen organizado, por lo que urge una limpia a fondo. Por otra parte, el hecho de que grandes capos vivan en ciudades como Querétaro y se hagan pasar por empresarios respetables –como en el caso del recientemente capturado Héctor Beltrán Leyva– también es una señal de alarma para ciudades supuestamente seguras. Es tiempo de poner las barbas a remojar en Aguascalientes.

Todos estos eventos han puesto a prueba la gobernabilidad del país ante la incapacidad de gobernadores como el de Guerrero –que está a punto de convertirse en estado fallido– para atender sus problemas de seguridad y vigilar sus recursos naturales. Estos acontecimientos se han convertido en una gran prueba para el gobierno federal, ya que por su gravedad han trascendido fronteras, han deteriorado seriamente la imagen de México en el extranjero y han causado grandes movilizaciones de protesta en varias ciudades del país. Ante la implosión de algunos gobiernos estatales, el gobierno federal deberá enfocar su prioridad, no a las próximas elecciones, sino a tomar medidas urgentes para rescatar a esos estados antes de que se acaben de colapsar sus instituciones.

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