Marlen Hernández
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-La reforma energética presentada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador llevaría a demandas de indemnizaciones por parte de las empresas participantes del sector.
Jorge Arrambide, socio especializado en energía de la firma Santos Elizondo, explicó que el artículo segundo transitorio de la reforma establece la cancelación de todos los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado.
Así, no solo se eliminarían los contratos de autoabastecimiento, sino también los de suministro calificado, abasto aislado y de Productores Independientes de Energía.
«La expropiación indirecta se da cuando el Gobierno te deja operar, pero te quita las herramientas para hacerlo de la manera en la que se tenía planeado, eso es lo que pasaría aquí al quitar los contratos», explicó el experto.
En estos casos, las empresas tienen la posibilidad de pedir una indemnización por el monto de las inversiones realizadas y por los beneficios futuros que habrían obtenido, detalló.
«El Estado mexicano no va tener recursos para pagar todo este dinero de las indemnizaciones; pensemos en una planta de abasto aislado que puede llegar a costar 200 millones de dólares y eso es sólo un caso, hay miles. ¿Cómo va a pagar México por todas estas indemnizaciones?», apuntó.
Sólo en el caso de los permisos de autoabastecimiento y cogeneración existen 572 permisos que implicaron inversiones por 30 mil 560 millones de dólares, de acuerdo con un estudio del Consejo Coordinador Empresarial.
Entre los afectados, además de universidades, hospitales y municipios, se encontrarían empresas de ramos tan diversos como Cemex, Volkswagen, General Motors, DeAcero, Cinépolis, Bimbo, Iberdrola, Oxxo, Soriana y Walmart que cuentan con contratos de autoabasto, refieren los permisos de CRE.
Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía (PMCE), estimó que el Estado mexicano tendría que indemnizar a los proyectos derivados de las tres subastas eléctricas de largo plazo, con 18 mil millones de dólares.
Y aparte con 43 mil millones de dólares a las centrales que ya operan bajo las reglas del mercado eléctrico mayorista, refirió Ramírez.
«En el caso de los autoabastecimientos hay muchas planta y muchos clientes que están dentro de la Ley y eso va a ser una catarata de asuntos legales interminables», señaló César Cadena Cadena, presidente del Cluster Energético de Nuevo León.
Por otra parte, el especialista de Santos Elizondo refirió que al tratarse de una reforma constitucional, otros recursos legales como los amparos o las acciones de inconstitucionalidad no procederían.
Los especialistas coincidieron en que la reforma propuesta retrocedería la regulación en materia eléctrica a 1975.