La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal interpuso acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la Reforma Constitucional en Materia Judicial que aprobó el Congreso del Estado, por iniciativa del Poder Ejecutivo en Aguascalientes.
En la acción de inconstitucionalidad 191/2023 presentada este 11 de septiembre, se promueve la invalidez de las normas establecidas en el Decreto número 405, mediante el cual se reformó la Constitución Política de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 8 de agosto.
En la reforma a diversas disposiciones se contempla la creación de nuevas magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, al pasar de 7 a 11 espacios, así como la conformación de un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa integrado por cinco magistraturas, entre otras.
El escrito fue presentado por María Estela Ríos González, consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en su condición de Representante al presidente de la República, en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales previstas en el artículo 105 constitucional, en contra de normas federales y de las entidades federativas.
Este recurso contra la reforma judicial se suma a dos amparos presentados por sendos abogados, quienes señalan diversas violaciones a la Constitución en el contenido de las modificaciones que el Congreso del Estado realizó a la Constitución local, con la finalidad de reestructurar el Poder Judicial del Estado.
El expediente de acción de inconstitucionalidad fue turnada por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, para su análisis, a uno de los ministros integrantes, y para que instruya el procedimiento correspondiente en la Subsecretaría General de Acuerdos del máximo tribunal.
