El Partido Revolucionario Institucional a través de su fracción parlamentaria en los congresos de la Unión y el Estado promueve la Iniciativa de la “Ley Quemón” para acabar con el anonimato de aquellos hombres o mujeres que son violentos y agresores sexuales o que incumplen con las pensiones alimenticias hacia los hijos.

Leslie Atilano Tapia, secretaria general del PRI, junto con la diputada federal Norma Guel, las legisladoras locales Elsa Landín y Margarita Gallegos se manifestaron a favor de la defensa de las mujeres, niñas y niños y por esa razón se busca crear dos Registros Nacionales, uno de agresores sexuales y el otro relacionado con los deudores alimentarios.

Una vez aprobada esta ley en el Congreso Federal se procedería a identificar a todas aquellas personas que han sido condenadas por alguna agresión, y de esta manera que las mujeres puedan consultarlo para saber si sus parejas tienen historial o no para auto protegerse, así como a sus hijos.

El Registro Nacional de Deudores Alimentarios sería algo similar al buró de crédito y se busca delimitar los créditos a los que pudieran acceder esas personas, estarían incluidos todos los padres deudores de alimentos a partir de los 3 meses de no pagar la pensión correspondiente. Una vez cubierto su compromiso saldría de esta base de datos.

Para ello se requieren modificaciones al Código Civil Federal y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, informó la diputada federal Norma Guel.

A nivel local, la diputada local Elsa Landín señaló que en Aguascalientes de cada 100 matrimonios, 32 terminan en divorcio, en el 91% de los casos requiere la intervención judicial para el pago de la pensión alimenticia que implica varios conceptos no sólo la comida, sino el sano desarrollo de los hijos.

Aguascalientes se ubica en el segundo lugar nacional en el índice de divorcio, aquí está en 25.2% mientras el índice nacional es de 12% por cada 100 mil matrimonios. Estamos por debajo de Nuevo León.

En cuanto a los agresores sexuales, Aguascalientes está en el tercer lugar nacional en materia de abuso de menores de 4 años de edad, el 80% de éstos suceden dentro del primer círculo de la familia.

“Es fundamental no normalizar más la violencia y aquellos que son testigos de esas agresiones deben ser sancionados si no denuncian o ayudan a los infractores a evadir sus responsabilidades”, recalcó.