Salvador Rodríguez López

Simetría estatal
Dos hechos trascendentales tuvieron lugar casi de manera simultánea, uno fue el relevo en el mando del Grupo de Industriales de Aguascalientes (GIA) y otro el primer lugar nacional que ocupó el estado en el Índice de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas (IDFEF).
Al asumir el liderato del GIA, Iván Hazael Sánchez López reiteró el compromiso de trabajar coordinadamente con los demás sectores para que el estado continúe su crecimiento en los distintos campos productivos, con una paz social y laboral que permita continuar captando inversiones locales, nacionales y extranjeras.
Sobre el particular, el gobernador Martín Orozco Sandoval ratificó su “absoluto respeto” de la administración que preside “hacia las libertades de las organizaciones empresariales y de la sociedad”, toda vez que juntos permitirán consolidar el desarrollo económico y social.
En la ceremonia, el mandatario sostuvo que lo que se busca es que a los empresarios, a los inversores y a cada habitante de la entidad le vaya bien, “que tengamos un tejido social fuerte y una economía de primer mundo que hagan llegar sus beneficios a cada familia de Aguascalientes”.
Este grupo fue fundado en 1994 y está constituido por 30 firmas industriales, que se ha significado por el alto valor moral de sus miembros, totalmente alejados de las estridencias políticas, por lo que su esfuerzo se enfoca a lograr que Aguascalientes crezca económica y laboralmente.
El ahora ex presidente Salvador Alcalá Alba recibió un reconocimiento público por los resultados que tuvo GIA en los dos años que estuvo bajo su dirección, además Román Medrano Ibarra obtuvo el Premio al Mérito Personal, y el Premio a la Excelencia se le entregó a Guillermo Briseño.
Respecto al IDFEF, se destacó que con información de 2017 este organismo reportó un promedio de 68.2 puntos en donde Aguascalientes destacó con la mejor puntuación, de 90.5 unidades, y le siguen Querétaro, con 86.4; Hidalgo, con 82.4; Estado de México, con 80.4, y Puebla, con 80.2 puntos.
Estas entidades se posesionaron en el grupo de alto nivel de calificación por el buen control de sus gastos administrativos y haber generado un superávit o saldo negativo menor.
Asimismo, en el grupo medio hay 10 estados considerados con un desenvolvimiento financiero aprobatorio, encabezado por Baja California Sur, con 78.2 puntos; Sinaloa, 77.4; Jalisco 77, y Tlaxcala con 76.5 puntos.
De las que están en sentido negativo son: Veracruz, en último lugar del índice, con 34 puntos, al haber aumentado su gasto operativo, sobre todo en servicios personales, lo que representa 122% de sus ingresos disponibles; Chiapas, con una calificación de 38.4 puntos al registrar una capacidad de inversión con recursos propios de 2.2%. La Ciudad de México también está entre el grupo de los estados con un índice de desempeño financiero bajo, con 65.4 puntos, y perdió cinco lugares por los altos niveles de gasto corriente y un gasto per cápita superior a 17 mil 900 millones de pesos, el más alto del agregado de las entidades.
Para 2019 los gobiernos estatales deben actuar con extrema prudencia en materia de gastos, consideró ARegional, debido a la ausencia de recursos que se anuncia en el Ramo 23, previsto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) y la difícil situación financiera de cada entidad, lo que obligará a que controlen más su gasto y bajarle a la deuda.

A CONTRACORRIENTE

Se supondría que los militantes en Aguascalientes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) estarían gozando de las delicias del poder y con total apoyo a su comandante en jefe, pero las discrepancias emergieron demasiado pronto ante la imposición del nuevo dirigente del comité estatal, lo que llevó al enfrentamiento entre los dos grupos que disputan el control.
Lo vivido el jueves pasado demuestra que tratándose de allegarse cargos partidistas nadie para en mientes, y tampoco si hay que llegar a los manotazos. La trifulca que escenificaron en la sede del comité ejecutivo no logró su objetivo, que era el de echar al recién nombrado “comisionado estatal” de Morena, Raúl Reyes Agüero, que apenas el 3 de diciembre dio a conocer el nombramiento que se hizo a su favor, en sustitución de Emmanuel Ruiz, por decisión del enlace político del Comité Ejecutivo Nacional, el zacatecano David Monreal Ávila.
Tras la salida de Ruiz, los militantes esperaban que se convocara a elecciones, pero en lugar de atender ese procedimiento se aplicó la medida cupular, lo que fue motivo más que suficiente para la insurrección, que encabezó Mario Jiménez, quien convocó para el jueves a una conferencia de prensa para dar a conocer el desconocimiento que hizo “la mayoría” de Reyes Agüero, en la reunión celebrada un día antes.
Por su parte, el ex diputado Fernando Alférez Barbosa logró – finalmente – que se cumplimentara el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acreditándolo como Secretario de Organización de Morena en la entidad, con lo que la directiva tendrá una “cuña”, ya que si algo tiene Alférez es vigilar y exigir el cumplimiento de los estatutos.
Hasta ayer Reyes Agüero conservaba el nombramiento que le extendió Monreal, por lo que se esperan unos días intensos con los opositores, que seguirá en la lucha hasta lograr que se convoque a elecciones, lo que de darse tiene que ser a la mayor brevedad toda vez que están a la vista las designaciones de candidatos a los once ayuntamientos, para los comicios constitucionales que tendrán lugar en junio del año próximo.
Los opositores al ex funcionario estatal lo acusan de ser priista, lo que en estos momentos sale sobrando porque si se tuviera que cerrar las puertas de Morena a todos los ex priístas habría que comenzar en el gabinete presidencial y seguirle en las cámaras de Senadores y Diputados, los gobiernos estatales y municipales y las legislaturas locales. Son demasiados los que llevan en la piel los colores tricolores, sólo que de un día para otro se volvieron morenos.
Además, debe tenerse muy presente que la lucha por conservar o hacerse del mando estatal de Morena tiene que ver con las posibilidades que hay de triunfo en los once municipios, de ahí que la mira esté puesta no sólo son los cargos partidistas sino en las candidaturas a alcaldes, regidores y síndicos.
Es un festín del que nadie quiere estar ajeno, por lo tanto seguirá el alboroto hasta que cada quien logre lo que pretende, o por lo menos un premio de consolación.

PATRULLAJE GENERAL

Luego de los roces que hubo entre los gobernadores de Zacatecas y Aguascalientes por la “invasión” de delincuentes que presuntamente provienen de uno y otro estado, el secretario de Seguridad Pública local, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, anunció el reforzamiento de los operativos en los límites con la entidad vecina.
Se pretende “blindar” al municipio de Asientos, al suponer que es el más expuesto a sufrir las acometidas de bandoleros surgidos de circunscripciones zacatecanas, lo que no es de dudarse por la facilidad que existe para el desplazamiento, sin embargo habrá que tener extremo cuidado para no conculcar los derechos de los ciudadanos, que por el simple hecho de circular a bordo de vehículos que portan placas de Zacatecas se les considere como potenciales criminales, con todo lo que esto significa a la hora de las anticonstitucionales “revisiones de rutina”.
El comercio sería el más perjudicado al ser común que de los municipios limítrofes acudan a Asientos, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga, o vayan en tránsito hacia la ciudad de Aguascalientes.
Además, por el lado de Jalisco existen problemas graves, principalmente en el corredor Lagos de Moreno-Aguascalientes, con balaceras en plena carretera federal y entre los municipios cercanos, que aún cuando se supone que es un asunto sólo de los jaliscienses, nadie puede probar que al continuar las ejecuciones que tienen lugar aquí por la disputa de la plaza tiene su origen en quienes provienen del cercano estado, consecuentemente, más que el envío de patrullas y policías lo que hace falta es mayor eficiencia en los órganos de inteligencia que permita detectar y aprehender a los que han hecho de esta entidad su guarida.

VUELTA EN TEXCOCO

Como lo anticiparon conocedores del tema, cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no era cuestión de voluntad ni de una orden ejecutiva, sino de cumplir las obligaciones contraídas con los inversionistas extranjeros, por lo que el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de cerrar los trabajos a partir del uno de diciembre tendrá que esperar.
El gobierno mexicano decidió seguir con las obras en lo que evalúa un plan estratégico de acciones a realizar en el proyecto, lo que en primer lugar, para dar certidumbre a los mercados internacionales, el nuevo consejo de administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México dio a conocer el pasado día 2 que lanzará una oferta de recompra de bonos del NAIM.
La operación será por mil 800 millones de dólares, de los 6 mil millones que se emitieron en bonos durante la pasada administración para la construcción del puerto aéreo. La propuesta se hará válida en un plazo que no supere el día 23 del mes en curso, porque se busca que haya suficientes propuestas de aceptación para anunciar el cierre de operación de los trabajos en la segunda quincena de diciembre.
La respuesta fue el día 5 de un grupo de inversionistas tenedores de bonos emitidos por el Fideicomiso del Aeropuerto de la capital del país (MexCAT ), que supera el 50% del monto total, al mostrar preocupación de las nuevas condiciones para la recompra que no les fueron consultados.
El despacho internacional de abogados Hogan Lovells, que fue elegido para representarlos, a través de un comunicado que distribuyó la empresa especializada en servicios de noticias para diversas compañías, Business Wire, indicó que los bonistas analizaron la propuesta y encontraron algunas inquietudes, por las cuales no pueden apoyar la versión inicial. Entre las inquietudes de los inversionistas señalaron la liberación y revocación de garantía y supuestos de incumplimiento conforme a la documentación aplicable.
Además, les preocupa la posible reducción de la garantía derivado del uso o construcción a corto y largo plazo, de aeropuertos alternativos o adicionales en el área de la Ciudad de México, lo mismo los posibles recortes adicionales a la garantía respecto a la liberación de pagos restringidos en dos de las cuatro series de bonos, y se considera que los tenedores que participen en la oferta pública consienten en la liberación de la garantía y en las modificaciones a los convenios y supuestos de incumplimiento. No obstante, Hogan Lovells manifestó que sus representados están dispuestos al diálogo con MexCAT para abordar esas inquietudes.

LIMITADOS

El presidente López Obrador aceptó el planteamiento de los gobernadores para que los “superdelegados” no participen en temas relacionados con la seguridad en los estados. En la reunión que sostuvo con ellos para tratar diversos temas, el Ejecutivo y los mandatarios acordaron crear una mesa que tratará todos los asuntos relacionados con las transferencias de recursos federales y otra educativa. Al término del encuentro el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aplaudió que AMLO haya “corregido” uno de las principales preocupaciones que tenían los gobernantes estatales sobre los coordinadores sociales. “El ha declarado ya, a un planteamiento directo de Enrique Alfaro (Jalisco), que no serán los secretarios técnicos quienes traten el tema de seguridad, sino que éstos serán nombrados por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, con un perfil adecuado y vinculado a la materia” Alfaro por su parte señaló: “Me da mucho gusto que el Presidente al final haya aceptado el planteamiento que hicimos, es una buena noticia para el entendimiento y para garantizar una coordinación efectiva en los estados”. El mismo día 4, por la mañana, el titular del Ejecutivo federal aseguró que no se confrontará con los gobernantes estatales, lo que finamente convalidó en la reunión que tuvo lugar en la noche, lo que evitó llevar el propósito ante la Suprema Corte de Justicia, como lo habían anunciado varios de ellos.

PRIMER DECRETO

López Obrador firmó su primer decreto como presidente de la República para crear una supercomisión que no tenga límites de ningún tipo, con recursos económicos, acceso total a información y con apoyo de testigos protegidos, con la finalidad de investigar y llegar a la verdad en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace más de cuatro años. El decreto firmado en Palacio Nacional crear la comisión integrada por los familiares de los normalistas, sus abogados, y representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público. Durante el acto, AMLO aclaró que su gobierno no será cómplice de violaciones de derechos humanos y se van a investigar las responsabilidades, incluso del Ejército, bajo la premisa que “el que nada debe, nada teme”. Dijo que “la investigación tiene que incluir a todo el gobierno, a todas las personas involucradas y consideró que en el supuesto, eso tiene que ser parte de la investigación, que elementos del Ejército estuviesen involucrados, en vez de debilitar esta institución tan importante para la vida pública del país, se fortalecerá si se hace un deslinde”.
En cambio, para los familiares de los desaparecidos en Veracruz no hubo decreto alguno, sólo el compromiso de apoyar al nuevo gobernador Cuitláhuac García “para encontrar a los desaparecidos”, sin precisar en qué condiciones se hará y si habrá recursos para llevar a cabo las indagatorias.

REBELDÍA

Por decisión del ministro Alberto Pérez Dayán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la ley federal de remuneraciones, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, suceso que forma parte de la admisión a trámite de la acción de inconstitucionalidad de la ley, presentada por la oposición en el Senado, lo que confrontó a las principales fuerzas políticas, mientras que Morena, en plan de desobediencia, sentenció que pese a la suspensión se ajustarán los sueldos en el gasto.
Ante la posibilidad de ser procesados penalmente por ganar más que el Presidente de la República, jueces y magistrados solicitaron amparo contra la integración de carpetas de investigación en su contra. Hasta el pasado día 3, la Ley Federal de Remuneraciones y las iniciativas de Morena para reformar el Poder Judicial de la Federación sumaron 512 demandas colectivas de amparo tramitadas por 2 mil 835 personas, 331 jueces, 366 magistrados, mil 37 secretarios, 215 actuarios, 504 oficiales y el resto, empleados de diversas dependencias.
Al día siguiente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió a los magistrados del país no resolver todavía sobre los conflictos de interés que los jueces argumentaron tener, ante las solicitudes amparo que funcionarios han tramitado para evitar las reducciones salariales.
Ante esas demandas, López Obrador calificó de “poco serio” el argumento de los miembros del Poder Judicial de la Federación, de que la reducción salarial fomenta la corrupción. “Es deshonesto cuando un funcionario acepta hasta 600 mil pesos mensuales, eso es corrupción”, recordándoles que “un funcionario público no sólo ganará 105 mil pesos, sino que va a tener el honor de servir al pueblo, ¿No les parece porque es poco dinero?, entonces existe el sector privado, donde tampoco ganan mucho ¿eh?”.
En tanto, la oposición en el Senado de la República logró poner en riesgo la viabilidad de la citada ley, al lograr el 33% necesario para presentar ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad y que incluye la suspensión de la medida, por lo que el ministro Pérez Dayán concedió la suspensión, litigio que podría llevar hasta un año, tiempo en que deberá mantener sin cambios los actuales salarios. Al aceptar la petición se está validando que los sueldos de los funcionarios públicos de los Tres Poderes de la Unión, de los órganos autónomos y de los gobiernos estatales permanezcan intactos mientras el alto tribunal no emita una sentencia que declare si es constitucional o no la citada ley.
Los que también se declararon en contra de las decisiones presidenciales por los megaproyectos anunciados son indígenas mayas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, principalmente el Tren Maya, al considerar que se pretende crear a costa de la propiedad de sus territorios, en detrimento de la salud de numerosas poblaciones locales y en perjuicio de la conservación de sus recursos naturales. La postura de siete colectivos de los tres estados y de 33 líderes ejidales se planteó durante el Encuentro Maya Peninsular de Resistencia en Defensa del Territorio, realizado el 2 de diciembre en Dziuche, Quintana Roo. Precisaron que además de despojarles de sus tierras para el desarrollo de megaproyectos, se desforestará sus selvas, se contaminará los cuerpos de agua, se afectan actividades productivas como la apicultura, se contaminan los alimentos, se genera problemas de salud y se les arrebata su cultura y tradiciones.

POLVORÍN POBLANO

Como si no fuera suficiente los problemas que tiene con los huachicoleros y el crimen organizado, Puebla tiene encima otro problema de alta conflictividad política y social, al ser anuladas las elecciones para gobernador, situación que ha desatado una lucha sin cuartel entre el PAN y Morena, con el involucramiento de las cámaras de Senadores y Diputados, gobernadores, alcaldes de varias partes del país y partidos.
La elección tuvo lugar en julio pasado y se resolvió con un margen mínimo de votos a favor de la candidata panista Marta Erika Alonso, resultado que de inmediato fue impugnado por el abanderado de Morena, Miguel Barbosa y nuevamente el Tribunal Local Electoral ratificó el triunfo de Alonso, por lo que Barbosa recurrió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que en primera instancia corroboró la resolución.
Como último recurso Barbosa acudió ante la Sala Superior del TEPJF, que a través del ministro José Luis Vargas invalidó los comicios, al considerar una serie de inconsistencias, lo que ha desatado un “vendaval” político, con acusaciones directas de Acción Nacional en contra del magistrado Vargas, al suponer que cedió ante las presiones de la nueva administración federal, máxime que publicó en su cuenta personal de twitter el proyecto de sentencia, lo que para el representante de la coalición Por Puebla al Frente, Oscar Pérez Córdoba, “vulneró el deber de confidencialidad de los expedientes e incurrió en la prohibición de hacer del conocimiento de las partes o de cualquier otra persona el sentido de algún proyecto antes de que se resuelva el asunto respectivo”, por lo que pidió al Tribunal que el magistrado José Luis Vargas se abstenga de conocer de los juicios promovidos por Miguel Ángel Barbosa y por Morena, al haber transgredido varias normas jurídicas que regulan el comportamiento de un juzgador.
Tan seguros están en Morena que el pleno del Tribunal aprobará la revocación de la boleta de ganadora que se entregó a Marta Erika Alonso, que la mayoría morenista en el Congreso de Puebla se prepara para designar un gobernador interino por 60 días, que sea afín a la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES).