Salvador Rodríguez López

AGRO PRIMARIO
Pugnar por hacer más provechosa la tierra de labranza y alcanzar mejores condiciones para la ganadería es un anhelo de los hombres y mujeres dedicados a estas actividades, y si a ello se agrega el apoyo de las autoridades será mayor el resultado, por lo que es fundamental consolidar este binomio de energías.
De lo anterior está consciente el gobernador Martín Orozco Sandoval, al hacer un recuento de lo que se ha logrado durante el presente año. Destacó que entre los gobiernos federal y estatal aplicaron 223 millones de pesos, que sumado a las aportaciones del sector agropecuario casi se duplicó esa cantidad, al llegar a 400 millones de pesos.
El anhelo de toda sociedad es ser autosuficiente en materia alimentaria, ya que esto significa independencia económica y progreso, lo que aún cuando no lo ha logrado México al menos en Aguascalientes se hace el esfuerzo, como se demuestra con la inversión oficial y privada que tiene lugar.
La coordinación de voluntades está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario (Sedrae), que mediante 25 programas estatales y otros en colaboración con la Federación, se da rumbo a los proyectos que se presentan en este renglón.
El titular del Poder Ejecutivo mencionó que entre las acciones que tuvieron lugar a lo largo de 2018 se relaciona a la reconversión productiva de cultivos, uso eficiente del agua, equipamiento e infraestructura agrícola, pecuaria y acuícola, además de sanidad e inocuidad y para la comercialización y valor agregado a los productos, lo que ha permitido elevar la rentabilidad.
En tanto, el secretario de Desarrollo Rural y Agropecuario, Manuel Alejandro González Martínez, explicó que en el programa de reconversión productiva se atendió a cerca de mil hectáreas en 12 cultivos y con un uso menor de agua, lo que arrojó mejores resultados económicos y oportunidades de comercialización de diversos productos, entre ellos el espárrago, agave, aguacate, fresa, granada, higo, limón, nopal, olivo, vid, arándano y durazno.
Asimismo, hubo un uso más eficiente del agua con la modernización y tecnificación de cinco presas en los municipios de Aguascalientes, Calvillo y San José de Gracia, que atendió una superficie de 210 hectáreas, a lo que se agregó el apoyo para el equipamiento de 31 pozos y la instalación de 66 sistemas de riego para la tecnificación parcelaria en 558 hectáreas y concluyó la modernización de otras dos zonas del Distrito de Riego 001 con cerca de 800 hectáreas.
González Martínez subrayó que se respaldó a más de mil productores en el Programa de Concurrencia, con incentivos para el equipamiento e infraestructura agrícola, pecuaria, acuícola y agroindustrial de unidades de producción, lo mismo que se le dio impulso a la organización de diversas asociaciones de productores.
En materia de sanidad se apoyaron a 11 proyectos para acciones de inocuidad y manejo integrado de plagas y enfermedades en los cultivos de mayor importancia económica, y se operaron 14 campañas zoosanitarias, se llevaron a cabo 25 mil acciones de inspección y vigilancia de productos, mediante los 11 puntos de verificación instalados en el estado.

ALZAS EXCESIVAS
Mediante una enérgica protesta en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige Manuel Bartlett Díaz, se manifestaron los 11 ayuntamientos, ante los altos cobros por el servicio y los cortes de energía en pozos que abastecen de agua a las familias.
La desusada recriminación se hizo en una conferencia de prensa, a la que acudieron ocho munícipes y representantes de tres más, para denunciar aumentos de hasta 75% en la facturación por el suministro de energía, con lo que, afirmaron, “se pone en riesgo la gobernabilidad de los municipios”.
En el documento firmado por todos los querellantes y leído por el presidente de Pabellón de Arteaga, Cuahtémoc Escobedo, subrayan que la CFE coloca en peligro la gobernabilidad de los municipios, debido a que tienen que sacar dinero destinado a otros programas y servicios para pagar los recibos de energía eléctrica, Con esta alza, señalaron, “nos está afectando a todos los municipios de Aguascalientes, ha tenido una repercusión financiera y operativa en la distribución y abasto.
“En mayo comenzamos a resentir el incremento, con impacto mayor en noviembre, lo que repercutió en las finanzas de los municipios y en el corte de energía en pozos que abastecen de agua potable a miles de familias. No podemos ser vistos por la Comisión como una empresa con fines de lucro, necesitamos la energía para el funcionamiento de los pozos, oficinas y espacios públicos”, apuntaron.
La alcaldesa de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, estableció que el aumento va en contra de los derechos humanos de las personas que deben tener agua, en función que “la tarifa de luz está subiendo de forma desproporcionada y (la CFE) no ha tenido ningún tipo de consideración para los municipios, ha cortado directamente la luz a los pozos (que suministran de agua a la población). Hace unos días a Pabellón de Arteaga le apagaron dos bombas de agua y no queremos que suceda en otros municipios, también aquí en la capital nos está impactando en los recibos de agua”, puntualizó.
Aunque el reclamo de los ayuntamientos tuvo lugar el pasado 26 de diciembre, hasta el momento Bartlett Díaz ni su representante en Aguascalientes han dado respuesta, por lo que los alcaldes tendrán que poner en práctica un método más radical para hacerse escuchar, y ante todo que termine los incrementos, porque a ese paso tendrán que cancelar obras y servicios programados para 2019, lo que irá en detrimento de la calidad de vida de todos los habitantes.

COMICIOS EN RIESGO
Aguascalientes es uno de los cinco estados que tendrán elecciones locales el año próximo, a lo que se suma la extraordinaria de gobernador en Puebla, por lo que están en marcha los preparativos, sin embargo el recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2019 impide cumplir a cabalidad con diversas actividades.
Ante este panorama, el consejero presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, declaró en la visita que hizo a esta entidad que el organismo analiza la posibilidad de defender jurídicamente sus atribuciones. “Vamos a analizar con seriedad y con responsabilidad qué podemos hacer, incluso con vías jurídicas, para defender nuestras atribuciones constitucionales”.
Agregó que en todo caso se decidirá qué actividades podría dejar de hacer el Instituto, porque aún cuando no están en riesgo las elecciones, sí lo está “la participación del INE en la realización de las seis en 2019”, lo que exige valorar si tiene capacidad financiera.
Las elecciones programadas son en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, que exige la instalación de 16 mil casillas y un gasto de 619 millones 500 mil pesos, además de la extraordinaria de Puebla, tras el trágico fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso, lo que implicarán casi 8 mil casillas y cerca de 300 millones de pesos adicionales, que eventualmente tendría que destinar si el Congreso local le ordena organizar el proceso.
Frente a esta situación, el recorte de 950 millones de pesos dispuesto por el Congreso de la Unión, pone en una situación critica al Instituto en el cumplimiento de sus funciones de ley, de ahí que está en contacto con el gobierno federal “manifestando nuestra preocupación”, por una decisión “irresponsable” que tomó la Cámara de Diputados.
Acompañado por el vocal ejecutivo del INE en el estado, Ignacio Ruelas Olvera y del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Fernando Landeros, Lorenzo Córdova reiteró la disposición del INE para brindar apoyo técnico a los legisladores, en caso de una eventual modificación a las leyes electorales, “sin perder confiabilidad y certeza en los procesos electorales y para que cuesten menos”, pero en decisión conjunta, y que no “se tomen este tipo de decisiones que ponen en riesgo la operación de los procesos electorales del país”, puntualizó.

NO DETENERSE
Podría parecer insensible, pero ante el lamentable deceso de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, que tenía diez días de haber tomado posesión del cargo, sólo queda continuar la marcha, al mencionarse nombres para el interinato de gobernador, mientras se convoca a la elección correspondiente.
El Partido Acción Nacional exige que sea uno de los suyos, en función de que la mandataria procedía de esta formación, por lo que de los ocho de una lista inicial sobresalen los ex alcaldes de Puebla, Luis Banck Serrato y Eduardo Rivera Pérez y le siguen Humberto Aguilar y Gerardo Islas; además aparecen Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas de Puebla; el presidente estatal de Nueva Alianza, Gerardo Islas, el morenista Rodrigo Abala; José Juan Espinosa, que militó en el PT, luego en Movimiento Ciudadano y actualmente en Morena y Javier Lozano, que fuera secretario del Trabajo durante el sexenio de Felipe Calderón y en los recientes comicios vocero del candidato presidencial priista José Antonio Meade.
“En el PAN lo que pedimos es que esto se mantenga, se respete en una cortesía política y en una costumbre y tradición política de que cuando se ocupa nombrar un alcalde o un gobernador interino, siempre se respeta el partido que estaba gobernando”, señaló el presidente del CEN del PAN, Marko Cortés.
Hay ejemplos sobre el particular, apuntó, al recordar lo que ocurrió en el estado de Colima, donde se anuló la elección por el Tribunal Electoral de la entidad y el Congreso local tenía una mayoría por parte de Acción Nacional, y en este caso se respetó el origen partidista que era del Partido Revolucionario Institucional, quien tenía el gobierno, y propuso a quien sería el gobernador interino, mientras se realizaba un procedimiento electoral extraordinario, por lo que “nosotros confiamos que se respete ese protocolo, esa tradición y esa cortesía por parte de quienes hoy ostentan en el Congreso (de Puebla) una mayoría (de Morena)”, puntualizó.
Mientras se designa al titular del Ejecutivo interino, que podría ser en los próximos días, está como encargado del despacho el secretario general de gobierno Jesús Rodríguez Almeida, con lo que las actividades públicas se mantienen como lo determinó Marta Erika Alonso.

TARDARÁ EL DICTAMEN
Las conclusiones sobre las causas que originaron el accidente aéreo que le costó la vida a la gobernadora de Puebla y a su esposo Rafael Moreno Valle, a los dos pilotos Roberto Coppe Obregón y Marco Antonio Tavera Romero y a Héctor Baltasar Mendoza, secretario particular del senador Moreno Valle, podrían tardar hasta un año, ya que el helicóptero no cuenta con la “caja negra” que permita conocer paso a paso lo que sucedió desde el despegue hasta el desplome.
El aparato que funcionaba como taxi aéreo fue abordado a las 14:35 del lunes 24 de diciembre, y tenía como destino la ciudad de México, pero minutos después la aeronave perdió toda comunicación con la torre de control.
El subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Alonso Morán Moguel, explicó que de acuerdo con la información recabada arroja que una vez que el helicóptero Augusta A109 modelo 2011 despegó del helipuerto del Triángulo de las Ánimas en Puebla se perdió contacto con la aeronave: “Hubo alrededor de nueve comunicaciones sin respuesta por parte de la torre de control y en este momento se presumió que pudo haber descendido, no se tenía información concreta hasta que después nos enteramos que hubo un impacto cerca del rancho denominado San Carlos en la población de Tlaltenango, Puebla”, explicó.
El mismo día 24 el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que en el accidente no hubo explosivos ajenos al propio combustible del aparato, conforme al parte que rindieron peritos de la Secretaría de Marina (Semar), que coadyuvaron en las investigaciones.
“La Secretaría de Marina ha informado a la mesa de trabajo que sus peritos en materia de incendios y explosivos, después de un análisis exhaustivo y cuidadoso de los restos no encontraron explosivos o sustancias ajenas al combustible que haya estallado dentro de la aeronave accidentada”, precisó, con lo que las autoridades descartan cualquier situación ajena a lo que motivó el percance.

PESAR Y DUREZA
El Día de Navidad fue de luto para los poblanos, al despedir los restos de la gobernadora Marta Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle, tras haber perdido la vida un día anterior en el accidente aéreo que conmocionó a los miembros del Partido Acción Nacional y causó consternación en el país.
Como es normal en estos casos, el dolor se tradujo en gritos de “justicia” y con muestras de incredulidad que se haya tratado de un hecho fortuito, por lo que desde distintos grupos políticos se exige una investigación independiente que haga creíbles las causas reales de la catástrofe.
El gobierno federal ha señalado desde el primer momento que no hay indicios de algo anormal, pero para no dejar lugar a dudas pidió el apoyo de Canadá para que peritos de la aviación civil de ese país participen en las indagatorias, lo mismo que de la Unión Europea, tomando en consideración que el fabricante del helicóptero es canadiense y el motor de Italia.
Contrario a las normas no escritas que demandan respeto y cordura a los actores políticos y sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las razones para no acudir a la ceremonia luctuosa del día 25 fueron porque “había un ambiente que crearon ex profeso los conservadores de siempre”.
Una minoría, agregó, “conformada por grupos mezquinos y neofascistas que están muy enojados por el triunfo de nuestro movimiento y tratan de mancharnos, de afectarnos”, que mediante las redes sociales quisieron responsabilizar a su gobierno del accidente aéreo.
“Son de la derecha, conservadores, además hipócritas y de caracterizarse por ser muy corruptos (…), que tratan de mancharnos, de afectarnos, pero no lo van a lograr, el contrario, por eso abordo esto con toda transparencia” y el compromiso es, apuntó, que se conozca toda la verdad, “no vamos a ocultar absolutamente nada, tenemos que saber qué fue lo que originó este accidente, esta tragedia. En su momento vamos a presentar toda la información.”.
El jueves 27 el titular del Ejecutivo federal aclaró que no debió calificar como mezquinos, pero sí como canallas, al supuesto grupo de personas que buscan responsabilizar a su gobierno del accidente. “Entiendo que no les haya gustado lo que les dije a los que promueven el odio. A la mejor no debí utilizar la palabra mezquino, que es pobreza, miseria de espíritu, según el diccionario. A la mejor debí decir que son tiempos, también, desgraciadamente, de canallas. Pero bueno, ese es un asunto de otro tipo”.
Aunque gran parte de su vida se ha caracterizado por insultar y poner en duda la calidad moral de los gobernantes que le antecedieron, López Obrador hizo un llamado a los que califica como “conservadores”, a que actúen de manera distinta, que no haya guerras sucias, que jueguen limpio y les espetó “¿Qué es eso de estar utilizando robots para impulsar campañas? Siempre ha existido el conservadurismo, pero deben tener un poco de decencia y además que no aparenten ser liberales, porque, de verdad, en realidad, son conservadores”.

OFRECIÓ UN CAMBIO
En el mensaje que emitió durante la ocupación pública que tuvo lugar en torno a la Cámara de Diputados, para exigir una reconsideración en el presupuesto destinado al campo – que finalmente consiguieron -, el diputado Eleusis Córdova Morán, uno de los tres líderes del Movimiento Antorchista Nacional, dijo:
“¿Se acuerdan cuando López Obrador tomó Paseo de la Reforma, nos decía que primero los pobres, compañeros, y qué hizo? ¡Nos quitó el presupuesto”.
Al cerco en torno a la sede legislativa se unieron más de 1,200 alcaldes del PRD para expresar su enojo ante la reducción del presupuesto para los municipios y bloquearon varias calles en ambos sentidos. Acusaron a AMLO que quiere concentrar todo el poder: “El Peje decía, decía, que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería” coreaban los perredistas.
Los manifestantes rememoraron aquel episodio del 10 de diciembre de 2002 cuando el ahora presidente de la Comisión de Presupuesto, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, irrumpió con diez caballos en la Cámara de Diputados para pedir 60 mil millones de pesos para el campo, acción que provocó que rompiera puertas y macetas, en cambio, ahora que tenía que repartir el presupuesto, pretendió quitarlo.