Cuenta la leyenda que en una ocasión herraban a un toro y al momento que sintió el metal candente se escapó, lo que provocó la espantada de los presentes, hecho que originó lo que hoy se conoce cono la “danza del torito”, muy valorado en fiestas patronales por las coreografías y el divertimiento que provoca mientras persigue a quienes trataban de marcarlo.

Más o menos fue lo que sucedió hace unos días, luego que la alcaldesa María Teresa Jiménez dejó entrever la posibilidad de que el Gobierno del Estado se haga cargo del servicio de agua potable y alcantarillado, cuestión que de concretarse participarían otros ayuntamientos.

De inmediato se escucharon voces de quienes se creen versados, al asegurar que eso no era posible puesto que el Artículo 115 Constitucional ordena que el Municipio sea el responsable del agua potable y alcantarillado, sin embargo la misma disposición prevé que eso puede suceder y bajo qué condiciones pueda darse.

El inciso i establece que “los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan”, lo cual deberá contar con la aprobación del Congreso del Estado.

“Asimismo, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá celebrar convenios con el Estado, para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio”.

Cabe destacar que la reforma constitucional para incluir lo anterior fue aprobada por el Congreso de la Unión el 23 de diciembre de 1999, de manera que no se está descubriendo el hilo negro ni se pretendería dar un albazo, simplemente acogerse a lo que está previsto.

Para cumplir con lo descrito se va a necesitar, en primer lugar, que Jiménez ocupe la gubernatura y que además convenza al ayuntamiento local en funciones, principalmente a regidores y síndicos de oposición, que podrían mostrarse reacios a que lleve a cabo sus planes, lo mismo que los diputados ajenos a su propia filiación, por lo que tiene que ser un estudio bien sustentado y con el firme respaldo de otras alcaldías interesadas en librarse del problema que representa la distribución oportuna del agua potable y buena atención a la red de alcantarillado.

El “torito” que soltó la presidenta municipal puso al descubierto a los que son opositores por sistema y que de botepronto descalifican cualquier planteamiento, sin embargo queda demostrado que a nivel constitucional es posible llevar a cabo ese plan y el cual desde la óptica municipal sería lo ideal.

Ahora bien, yéndose más lejos y bajo el supuesto que el Gobierno del Estado asuma el citado servicio, se podría crear un organismo especial para tal efecto, porque tratar de que sea alguna de las dependencias que están en operación sería caer en los mismos problemas y vicios que actualmente se tienen. Bien administrado puede tener números positivos, si se considera que tan sólo en el municipio de la capital son alrededor de 300 mil usuarios, que obligadamente pagan cada mes, por ello la resistencia de la actual concesionaria a que la sustituyan, puesto que este tipo de negocio pocas veces se obtiene.

NO HUBO ESCAPATORIA

Han pasado casi tres años desde que se presentó la escasez de medicamentos oncológicos, lo cual ha dado pábulo para que en varias partes del país se presenten protestas de los padres de familia que tienen hijos con cáncer. Aguascalientes había estado ajeno a esos movimientos porque el suministro era el adecuado, pero el problema ya alcanzó a esta entidad.

Así lo hizo saber Gerardo Cárdenas Roque, oncólogo adscrito al Hospital General de Zona Número 1 (HGZ-1), al citar que el desabasto es un hecho que perjudica a pacientes de esta entidad, lo cual no está relacionado al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), porque se padece por igual en organismos públicos y privados.

Es un problema general que data desde octubre de 2019 y afecta no sólo a los niños con cáncer, sino a enfermos de todas edades que padecen cáncer de mama, gástrico, leucemia, óseo y tumores, por lo tanto es necesario el abastecimiento adecuado.

La pandemia que se registra desde marzo de 2020 vino a ahondar la mortalidad hasta en un 20%, porcentaje que puede llegar al 40% tratándose de pacientes con cáncer, que reciben tratamientos básicos y completos para diferentes patologías oncológicas.

Para enfrentar la situación, el especialita mencionó que se ha tenido que comprar medicamentos a sobreprecios, lo que tiene lugar tanto en el IMSS como en el ISSSTE, Insabi, la Secretaría de Salud y en los hospitales privados, lo cual ha llevado a que se tenga que importar ese tipo de medicamentos y así poder atender a los pacientes.

“De repente nos mandan medicamentos por 3 o 4 meses donde no tenemos ningún problema, pero luego viene otro desabasto, entonces no podemos dejar a nuestra población de pacientes con cáncer bajo dicha situación, tenemos que asegurar el tratamiento año con año de esta población”, apuntó.

En esferas oficiales locales se ha insistido que aquí no hay ese tipo de problemas, pero los especialistas que atienden esas patologías son los que mejor conocen cómo se desarrolla el suministro y su administración, además el doctor Gerardo Cárdenas consideró que el tema del desabasto es más complejo que la simple adhesión al Insabi, puesto que prácticamente todas las instituciones de salud públicas y privadas enfrentan esta situación.

Juzgó que eso se debe a la desorganización o falta de planeación a nivel federal para realizar el tipo de compras de medicamentos, por lo que hay problemas para que el Isabi sea la institución que atienda oportunamente las necesidades que hay en el país. En Aguascalientes “el Isabi se quedó paralizado, empezaron a certificar diferentes patologías oncológicas que eran cubiertas por el Seguro Popular, pero se ha detenido la certificación de otras enfermedades de cáncer que no son cubiertas por esta prestación médica, entonces sí es un tema que se debe de abordar de manera global”.

DEFENSA INFINITA

La defensa de la vida no es ni puede ser un acto exclusivo de ciertas capas sociales o grupos legislativos, sino que es una tarea de todo aquella persona que considere que desde la concepción hay un derecho inapeable a vivir, por consiguiente, la aplicación de cualquier método inadecuado para suspender el desarrollo del nuevo tiene que ser combatido con todas las herramientas legales posibles. Por consecuencia, la diputada Paloma Amézquita Carreón debe pedir no sólo a sus colegas de partido que la van a suceder en al curul sino a todo aquella o aquel ciudadano consciente, que en el respeto a la vida está el respeto a sí mismo. Son múltiples las teorías a que se recurren y que se mezclan con diversos derechos para respaldar el aborto inducido, sin embargo ninguna tiene el sustento suficiente para decidir quién no debe nacer. No se trata de una lotería y menos cuando el directamente perjudicado no tiene voz ni voto. Lo que se hace es suponer que su destino está marcado y no tiene que llegar a ver la luz, algo que sí hacen quienes piensan y actúan de esa manera, negándose a aceptar que sus madres hubieran actuado de la misma manera no estarían aquí. Hacerlo de ninguna manera se trata de una actitud moralista sino de actuar reflexivamente, con lógica, que puede hacerlo un librepensador y eso no obsta para que esté en desacuerdo con los métodos anticonceptivos. Por consiguiente, Paloma Amézquita puede concluir su encomienda legislativa con la seguridad que con o sin ella de cualquier manera habrá quienes actúen en defensa de la vida y de la familia, aunque es importante aclarar que la mezcolanza política en que han estado desde hace varios trienios el PAN y el PRD no abona mayor cosa a su propósito, puesto que los panistas son antiabortistas por sistema y los perredistas impulsan leyes que permitan la interrupción del embarazo, lo que no impide que unos y otros mantengan esa coalición antinatural, entre azul y buenas noches.