Abel Barajas Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- Dos jóvenes acusados de manufacturar drones con explosivos para los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación están por librar una condena de 30 y 22 años de prisión debido a que los agentes ministeriales que recabaron las pruebas en su contra ingresaron a su domicilio sin una orden de cateo.
Y aunque un día después regresaron con la orden, cuando se comprobó cómo se habían conducido los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) una juez federal advirtió que no iba a ser comparsa de «cateos simulados» y anuló 11 de las 13 evidencias con las que se pretendía llevar a juicio a Diego Jiménez Martínez y Rogelio Juan Luna Villa.
En la audiencia intermedia celebrada el pasado 14 de julio, la juez Marcela Elizabeth García Cante, del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, declaró que las pruebas fueron obtenidas por la FGR en una acción que transgredió el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio sin una orden judicial.
Sólo uno de los jóvenes, Jiménez Martínez, será llevado a juicio, pero será por una pistola y 35 cartuchos que fueron asegurados en un cateo en otro domicilio. Contra Luna Villa, su supuesto cómplice, no habrá ningún cargo. Por el momento, ambos permanecen presos en el penal de San Miguelito de la capital poblana.
En la audiencia intermedia, la juez anuló como evidencias 3 drones con explosivos, bolsas y recipientes con pólvora, así como una bolsa de plástico, un envoltorio metálico y un fragmento de tubo de cobre con el explosivo C4, empleado en la industria minera.
También canceló un total de 99 cartuchos y un cordón amarillo con polvo de Pent (tetranitrato de pentaeritritol) uno de los explosivos más volátiles.
Esos objetos fueron asegurados en el inmueble de Privada 26 Oriente, número 805, interior D, Barrio de Jesús Tlatempa, en San Pedro Cholula, Puebla.
La FGR estableció que ingresó al inmueble el 25 de abril de 2020 con una orden de cateo, sin embargo, lo que echó abajo esta versión fue una entrevista recabada por la misma Policía Federal Ministerial (PFM) de la FGR a un sujeto de nombre Raúl Rivelino, vecino de la privada y tío de Luna Villa, uno de los acusados.
Rivelino manifestó que rentaba el inmueble a su sobrino y ofreció a la PFM abrir la puerta del domicilio, lo cual fue aceptado por el agente federal.
Este hecho dio al traste con el resto de las evidencias presuntamente halladas en el interior, pues la defensa de los imputados alegó que la autoridad tuvo acceso al domicilio en forma ilegal, un día antes del cateo.
Las únicas evidencias que la juez mantuvo vigentes son una pistola semiautomática Glock .9 milímetros y 35 cartuchos del mismo calibre, las cuales se encontraron enterradas durante un cateo en la casa 5 del Fraccionamiento Villa Maple, ubicado en la Calle Prolongación Miguel Alemán 3511, en San Pedro, Cholula, Puebla. Jiménez es el único al que se le relaciona con estos aseguramientos.
Originalmente, la FGR pidió a la juez una condena de 30 años de prisión para Jiménez y 22 años para Luna por un total de cuatro delitos, uno por fabricación de explosivos, dos por posesión de cartuchos y otro de posesión de arma, todos de uso exclusivo del Ejército.
Con la anulación de pruebas, Luna ya no tiene ningún cargo en contra ni penalidad que le puedan fincar, mientras que a Jiménez sólo le quedan un delito de posesión de cartuchos y otro de posesión de un arma, por los que podría ser condenado a 14 años de prisión.
Eso, siempre y cuando lo declaren culpable de los dos ilícitos y le impongan la pena máxima en cada uno de ellos.
Subcontratados
En el 2020 el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) pretendía atacar instalaciones de la Fiscalía de Guanajuato con drones equipados con C-4, un explosivo plástico de alto poder, cuya comercialización es restringida y sólo se fabrica en Estados Unidos.
Áreas de inteligencia federal iniciaron una investigación que los llevó a identificar a un grupo de por lo menos siete personas dedicadas a equipar y vender drones con bombas al CSRL y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Diego Jiménez Martínez y Rogelio Juan Luna Villa fueron los primeros blancos de esta investigación. El 16 de abril de 2021 ambos fueron aprehendidos por el Ejército en Puebla y Morelos, y desde entonces se encuentran presos.
Ante las autoridades, ambos dijeron ser solteros y ser comerciantes en la plataforma Mercado Libre.
La FGR presume que un grupo dedicado a la compra venta de armas y explosivos robados, subcontrató a estos jóvenes para que manufacturaran los drones con C-4 y luego aquellos vendieran los dispositivos a los cárteles.
La Fiscalía puede apelar el fallo de la juez, pero en caso de ser ratificado, el riesgo ya no sólo será que quede libre uno de los jóvenes implicados y el otro obtenga una penalidad mucho más baja que la solicitada.
El problema es que las mismas pruebas son la base de los procesos que se siguen contra cinco de los intermediarios que vendían los drones al crimen organizado, entre ellos José Luis Hernández López «Bad Boy», líder delictivo preso en el Penal de Ocampo, Guanajuato.
Sus cómplices presos son Abraham Alfredo Montes Martínez «El Chayo»; Luis Miguel Hernández López «El Migue», quien es hermano de «El Bad Boy»; Alfonso López López y Ariel Gutiérrez García. A todos ellos eventualmente les favorecerá el error cometido por la FGR, un día antes del cateo.
