Antonio Baranda y Claudia Guerrero
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A dos meses y medio de la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación, 830 mil trabajadores han salido de ese esquema, informó ayer la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
“Han sido reconocidos y registrados por sus patrones reales, lo que implica que tendrán por primera vez acceso a este derecho, al reparto de utilidades”, destacó en Palacio Nacional.
“También mencionar que de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social en estos 830 mil trabajadores ya hoy reconocidos se ha incrementado el salario de cotización en caso 11 por ciento”.
Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria recordó que aún falta mes y medio para que concluyan los plazos transitorios de la reforma sobre outsourcing.
“Por lo que probablemente esta cifra, hoy de 830 mil (trabajadores) se vaya incrementando”, abundó.
Sobre el pago de utilidades, Alcalde afirmó que el esquema de subcontratación se había utilizado como forma para evadir esa responsabilidad constitucional, por lo que se impulsaron cambios para hacer efectivo ese derecho “prácticamente extinto”.
A partir de la reforma de outsourcing, precisó, se establecieron dos modalidades para el reparto de utilidades: hasta 90 días o el promedio de los últimos 3 años, lo que resulte más favorable al trabajador.
La titular de Trabajo detalló que actualmente se reparten 56 mil 120 millones de pesos, equivalentes al 2.8 por ciento de las utilidades totales.
Sin embargo, con la reforma de outsourcing y la incorporación de nuevos trabajadores, se proyecta el pago de 157 mil 50 millones de pesos en mayo del próximo año, es decir, alrededor del 7.7 por ciento de las utilidades.
“Lo que se establece aquí, que es el límite de los 90 días o el promedio de los últimos 3 años, es el mínimo al que tienen derecho los trabajadores y, por supuesto, con la negociación colectiva, que tiene que ir atendiendo excepcionalidades y casos concretos de las diferentes industrias”, abundó.
Alcalde anunció que, la próxima semana, la dependencia a su cargo emitirá lineamientos que permitan aclarar a las empresas el pago de este derecho para que no haya malas interpretaciones.
“Por ejemplo, establecer que la antigüedad de un trabajador juega un papel para definir si es 90 días o es el promedio de los últimos tres meses. No es el caso, todos los trabajadores dependen de lo que sea más favorable”, enfatizó.
“Si el monto es mayor del promedio de los últimos tres años, eso es lo que debe pagarse; si el monto es mayor hasta 90 días, eso es lo que debe pagarse”.