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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal declaró inconstitucional la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicada el 15 de mayo por la Secretaria de Energía, Rocío Nahle.
Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo Especializado en Competencia Económica, notificó ayer la sentencia en la que amparó a la empresa EGP Magdalena Solar, una de muchas que impugnaron el Acuerdo de Nahle, el cual favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que provocó protestas de Canadá y la Unión Europea.
Se trata de la primera sentencia de fondo dictada por el Poder Judicial Federal en contra del Acuerdo, que ha estado suspendido desde finales de mayo, tanto por orden de los dos jueces Especializados que llevan estos amparos, como por la Suprema Corte de Justicia.
La Secretaría de Energía (Sener) puede impugnar mediante recurso de revisión ante un tribunal colegiado la sentencia de Gómez Fierro, quien aclaró que su fallo tiene efectos generales, ya que de proteger solo a la empresa quejosa, le daría ventajas indebidas respecto del resto de sus competidoras y generaría distorsiones en el mercado eléctrico mayorista.
“La protección Constitucional que se concede es para que se deje insubsistente el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el SEN, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020”, dice la sentencia.
El juez consideró que, por su impacto en las empresas privadas que participan en el SEN, el Acuerdo de Nahle debió pasar por un proceso de mejora regulatoria, lo que fue ignorado por el Gobierno.
El 13 de mayo, la Sener envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el anteproyecto de Acuerdo con la intención de que fuera exentado de la verificación de impacto regulatorio, que puede tardar varios meses e incluye una consulta pública, pero dicha exención fue negada.
Dos días después, la Sener de todos modos publicó el Acuerdo en la edición vespertina del Diario Oficial, lo que habría provocado la renuncia, también en esa fecha, del entonces Presidente de la Conamer, César Hernández, quien fue subsecretario de Electricidad en el sexenio pasado.
“La omisión de substanciar el procedimiento de mejora regulatoria constituye un tema de Constitucionalidad formal que trasciende necesariamente a todo el contenido de la norma general reclamada; por ende, los efectos del amparo deberán abarcar a todo el ordenamiento, aun cuando sólo le sean aplicables a la quejosa algunos de los puntos de dicha Política”, explicó el Juez.
Con independencia de los amparos de empresas privadas, la Corte tiene pendiente resolver controversias constitucionales de cuatro gobiernos estatales y de la Comisión Federal de Competencia Económica, que también impugnaron el Acuerdo de Nahle.
La semana pasada, el juez Gómez Fierro también declaró inconstitucional el acuerdo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) el 29 de abril, que so pretexto de la pandemia de Covid-19, pretendió impedir la conexión de nuevas centrales eólicas y solares al SEN.