Cecilia de Santos Velasco / El Heraldo

El procedimiento de entrega de 120 brazaletes a internos o inculpados para que no ingresen a los penales por determinados delitos no graves, no ha prosperado ni se ha podido instalar ninguno de ellos porque los presuntos beneficiados deben pagar una garantía de 43 mil pesos.

Así lo informó Héctor Gómez Castro, director del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado, quien detalló que muchos de los imputados reclaman que los brazaletes son un sistema para ricos, pero ellos no han comprendido que ese dinero se cobra por si hicieran un mal uso de esa herramienta, aunque aclaró que esa garantía se les devuelve al final si retornan el equipo en excelentes condiciones.

Gómez Castro indicó que los defensores públicos del estado ofrecen de modo cotidiano este instrumento a las personas que llegan a procesos de carácter penal, tanto a los que están dentro de los centros penitenciarios o bien que entrarán a ellos, siempre y cuando no se relacionen con prisión preventiva oficiosa.

Comentó que en los delitos sexuales no se puede pedir el brazalete, pero sí en los de robo, es decir en los delitos calificados como no graves.

En entrevista con El Heraldo, el titular de IADEP señaló que a través de los 33 defensores públicos se soporta el 90% de la carga de casos de carácter penal en la entidad, quienes han ofrecido 2 mil 569 asesorías.

En el caso de los procesos iniciados en los juicios de control que suman 1,652, un total de 1,324 los lleva actualmente la defensoría pública y los particulares llevan 328 expedientes. Aparte otros 93 casos en una etapa intermedia que significa están en un juicio oral y se ha participado en 6 mil 673 audiencias celebradas en el Poder Judicial, puntualizó.

Durante el primer semestre, han ido al alza los delitos penales relacionados con robos, daños contra la salud y sexuales, traduciéndose en la celebración de 6 mil 673 audiencias, 1,652 procesos judiciales, 3 mil 342 entrevistas ministeriales y 93 casos iniciados en un juicio oral.