A partir del primero de abril de 1970, día en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el salario mínimo en México, este se encuentra regulado por la Ley Federal del Trabajo que es reglamentaria del Artículo 123 Constitucional, lo que en esencia “deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”, establece la propia legislación.
En esas condiciones, el mínimo que actualmente está previsto, de 73.04 pesos, debería de ser suficiente para cubrir las exigencias del hogar, pero está claro que es una broma más, ya que resulta materialmente imposible que una familia se sostenga con ese ingreso.
En lo que sí sirve es para que cada año, para estas fechas, empiecen a escucharse las voces de los líderes sindicales que demandan un aumento sustancioso en enero, con lo cual se asumen como “defensores” de la clase obrera.
En la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA), su dirigente José Alfredo González consideró que el salario mínimo para 2017 debería ser de 255 pesos, con lo que una familia de cuatro miembros “pueda sostenerse de manera digna”, al sufragar sus necesidades de alimento, vestido, educación, vivienda y otras exigencias vitales.
Conocedor de que una cosa es pedir y otra que lo pedido sea otorgado, el máximo líder obrero se adelantó y puso en claro que “eso dependerá de que las empresas sean productivas”y puedan mejorar el ingreso de su personal, esto es, el incremento será en función de lo que cada firma pueda pagar.
Sustentó lo anterior en que “ni el poder de compra ni el salario de los trabajadores se incrementa por decreto, ya que el camino a seguir es que las empresas sean competitivas para que sus márgenes de utilidades les permitan aumentar el ingreso de su personal”.
En parte hay razón en lo que manifiesta José Alfredo González, toda vez que cuando hubo alzas salariales por disposición gubernamental, como una medida urgente para enfrentar la inflación, salió peor el remedio, al registrarse mayores aumentos en los precios de la canasta básica y por ende nulificaba la mejoría económica obrera.
No obstante, qué puede hacer actualmente una familia que con el mismo ingreso debe pagar más caro todo, por lo que tiene todo el derecho de exigir atención a sus necesidades y es lo que no se hace a nivel oficial y empresarial, y tampoco por parte de los sindicatos, que mantienen el desgastado discurso que no hay de otra más que seguir entonando El Barzón.
Cada año dicho distractor se convierte en una esperanza y cuando llega enero se transforma en desilusión. Por regla general hacer ese tipo de planteamientos tiene como propósito atraerse los reflectores, que ofrecen popularidad y reconocimiento al generar expectativas, amén de ser un instrumento político, pero una vez que llega el momento de la verdad, que el incremento no superó el 4%, exigen una explicación al gobierno y a las empresas, a manera de curarse en salud.
En más de cuatro décadas que es forzoso el salario mínimo, nunca ha sido apropiado para las obligaciones que tiene un jefe o jefa de hogar, por lo que tendría que crearse un esquema más acorde con lo que ordena la Constitución, que de no ser así es preferible que se elimine ese párrafo que habla de suficiencia “para satisfacer las necesidades normales”.
CONTEXTO LEGAL
Lo que para unos es derecho, en otros es sinuoso, no obstante que existan analogías en ambos casos.
El presidente estatal del Partido Acción Nacional, Paulo Martínez López sostiene que el PRI debe aceptar la decisión de los ciudadanos que el 5 de junio le otorgaron el triunfo a Martín Orozco, por lo que hoy es gobernador electo y el primero de diciembre tomará posesión.
Declara que el PAN “es un partido que se caracteriza por el respeto a las instituciones” y por lo mismo espera tranquilamente el dictamen de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En este tenor, cita, “el tema de la impugnación es un asunto totalmente jurídico y no mediático, por eso, en el Partido Revolucionario Institucional deben dejar de reventar en los medios asuntos que sólo generan incertidumbre en la población”.
Para el dirigente, “el nerviosismo se vive en quienes a toda costa han intentado cambiar el destino de Aguascalientes, con artimañas que ponen en duda la vida democrática, y no como ellos han venido señalado al Partido Acción Nacional”.
Contrario a lo que señala Paulo Martínez, el PAN recurrió a los tribunales para tratar de echar abajo el triunfo del candidato a presidente municipal de Rincón de Romos, el coalicionista Francisco Javier Rivera Luévano (de Nueva Alianza), lo que fue rechazado por la Sala Monterrey del TEPJF, al considerar que las pruebas aportadas no eran suficientes para anular la elección, además de que uno de los testimonios fue una grabación de audio privada, la cual se desestimó, debido a que los participantes no dieron su aprobación para que se realizara y no fue obtenida de manera legal.
Según la denuncia del abanderado de Acción Nacional, Humberto Rodríguez Castorena, hubo inconsistencia de los cómputos y elementos de coacción e intimidación para el ejercicio pleno del voto, pero la ministra ponente, Claudia Valle Aguilasocho manifestó que los agravios presentados resultaron ineficaces al no acreditar en qué forma estos señalamientos fueron causa de afectación.
Tampoco prosperó el argumento para invalidar los cómputos de la elección, ya que en la copia estenográfica de la sesión se comprueba que la sesión fue realizada el 8 de junio, y el documento está firmado por el representante de Acción Nacional.
En los puntos referidos se detecta, en primer lugar, la ilegalidad del PAN para obtener pruebas; para ello recurrió a una grabación de un diálogo entre particulares y por otra parte, su representante en la sesión del 8 de junio aceptó, con su firma, los establecido en la misma, con lo que al igual que sucedió en otros partidos, no tuvo la capacitación suficiente para detectar lo que más tarde se quiso presentar como muestra de hechos.
Bajo este marco, el derecho que le asiste actualmente al PRI para impugnar la elección de gobernador es el mismo que tuvo el PAN para hacerlo en Rincón de Romos, sólo que como en la sentencia bíblica, hay quienes no quieren ver la viga del ojo propio y tratan de erigirse en censores de los demás.
YA TIENEN AL CULPABLE
Comerciantes y restauranteros suponen que las ventas han bajado por culpa de los actores políticos, principalmente del tricolor y sus aliados, porque al haber impugnado la elección de gobernador provocaron que los clientes dejaran de acudir a sus negocios. Nada más falaz, puesto que el motivo principal para que las personas y las familias dejen de hacerlo sería la situación económica. Es posible que se abstuvieran si se registraran problemas callejeros entre los simpatizantes de los partidos, pero lo único que hay hasta ahora son pinchazos mediáticos de unos a otros, a manera de tener entretenidas a las galerías, pero que no salgan con que ese es el motivo de baja en los ingresos. ¿No sería mejor que pensaran en hacer una campaña de publicidad para atraer el interés de lo que ofrecen?, porque no basta con tener abierto y pararse en la puerta, sino hay que utilizar estrategias que permita al público conocer lugares, productos, calidad, precios y atención.
