RENÉ URRUTIA DE LA VEGA

Una de las preocupaciones o temores que todos los ciudadanos tenemos y que posiblemente sea la de mayor importancia, es que un delincuente se introduzca a nuestro domicilio o nuestro negocio cuando nosotros o alguna persona de nuestra familia se encuentre dentro y podamos ser lastimados de cualquier forma, es lo que se conoce como robo con violencia en las personas, pues cuando se da una intrusión furtiva, sin derecho y sin consentimiento, seguramente la persona que lo hizo pretende efectuar una agresión en contra de quien o quienes se encuentren dentro.

Ante una situación como la que planteo, suele hacerse una reflexión en el sentido de que el ciudadano que es víctima de la agresión debería de contar con los medios adecuados para defenderse o repeler esa agresión, de manera que el agresor sea el que resulte lesionado o muerto y no el ciudadano que se encuentra en su domicilio y en contra de quien se ha generado la vulneración a su derecho a la privacidad, a la propiedad y al respeto a su integridad, lo cual ha sido materia de múltiples y variadas discusiones a lo largo del tiempo, debido a que se considera que debería de existir el derecho de defensa pleno por parte de la víctima para defenderse para evitar ser lastimado, privado de la vida y aún privado del derecho de propiedad sobre sus bienes, de manera que se discuten modificaciones a la legislación penal para establecer que no haya ningún tipo de responsabilidad para la persona que se defienda y repela una agresión, sobre todo si ésta es dentro de su casa o cualquier lugar cerrado de tipo privado.

Lo que estamos planteando se llama legítima defensa y es una institución jurídica muy importante que se constituye precisamente como una de las causas mediante las cuales una persona que ha causado un daño a otra en su integridad física pueda no resultar responsable penalmente de ello, por haber actuado bajo el contexto de la defensa autorizada de bienes propios o ajenos de igual o mayor jerarquía que los afectados con la conducta a la que se repele. Lo cierto es que esta figura o institución jurídica se encuentra debidamente regulada en nuestra legislación y establece que cualquier ciudadano, no sólo dentro de su domicilio, sino en cualquier lugar o situación, puede ejercer ese derecho de defenderse a sí mismo o a una tercera persona, cuando se está ante el supuesto de una agresión real, actual e inminente que pueda lesionar bienes jurídicos que son protegidos por la propia legislación y se establece también la forma en que esa conducta no será punible, es decir, no ameritará que quien lesione o prive de la vida a otro actuando en esas condiciones, deba ser reprochado penalmente y, por lo tanto, no tenga que sufrir un proceso y luego una pena.

Yo he sostenido que la legítima defensa en realidad no requiere de adecuaciones y tampoco se necesita que sea ampliada en cuanto a sus alcances, pues tal como estaba prevista y como está actualmente en muchos de los códigos penales de los estados, es suficiente y bastante para que quien efectivamente se defiende a sí mismo o defiende a otra persona de manera legítima deba ser protegido por el Estado y relevado de cualquier cargo que pudiera haber enfrentado si su conducta no estuviera amparada bajo el supuesto de esa defensa legítima. Desde mi punto de vista el problema es, una vez más, un problema de aplicación eficiente de la ley, de interpretación incorrecta de la norma y de una inadecuada operación jurídica por parte de los Agentes del Ministerio Público y en muchas ocasiones también de los Jueces Penales, que finalmente es lo que muchas veces provoca un repudio por parte de la sociedad cuando se recrimina jurídico penalmente a una persona por haber ejercido su derecho de defensa, esto es un problema importante también de política criminal que no se encuentra bien definido.

Me explico, señalando que la institución jurídica de la legítima defensa alcanza perfectamente para que, al ser aplicada de manera correcta y con el fin de protección para el ciudadano y sus bienes jurídicos, no deba procesarse ni condenarse, en ningún caso, a quien lesione o prive de la vida para evitar ser él mismo u otra persona inocente quienes resulten lesionados o muertos, máxime cuando esta agresión se sufra dentro del domicilio, respecto del cual el derecho mexicano ejerce una protección especial como parte de la intimidad y privacidad del gobernado, que no pueden ser violentadas sino en los casos de estricta excepción que la propia Constitución Federal prevé.

Lo que no podemos hacer es pedir que se legisle para tener lo que yo llamo un permiso para matar, es decir, que de manera desproporcionadamente amplia y desordenada, simplemente se establezca en una norma que podemos lesionar y privar de la vida a cualquier persona y de cualquier forma con el único requisito de encontrarse dentro de nuestro domicilio, ello no es así de sencillo, pues quizá esto lo esté pensando una persona de bien en el sentido amplio y completo del término, pero qué ocurriría si quien pueda aprovecharse de esta circunstancia fuese una persona que utilice el contenido de esta norma para disfrazar una intención deliberada de privar de la vida a otra persona o lesionarla gravemente, lo mismo podría ocurrir en el caso en que, por una causa diversa a la de provocar un daño doloso, incluso por confusión, una persona se introduzca en una casa ajena y pueda ser privado de la vida sin que haya efectuado ningún acto encaminado a causar daño a nadie. Los supuestos y ejemplos sirven para establecer que cualquier figura jurídica que justifique la posibilidad de que una persona pueda afectar los bienes jurídicos de otra sin tener que responder por ello, debe tener límites razonables y estar debidamente regulada.

Debemos tener mucho cuidado y procurar estar bien informados porque, desde mi punto de vista, este tipo de actos por parte de partidos políticos y legisladores se enmarca en lo que conocemos como populismo penal o populismo punitivo, mediante el cual se pretende generar la idea de que se está haciendo lo correcto y en realidad los problemas no sólo no se resuelven de fondo, sino que muchas veces se agravan. Lo que se debe hacer es generar estrategias y condiciones sociales para prevenir los delitos, para disminuir la incidencia, se debe trabajar mucho en las causas del delito, en los modelos de disuasión, en el combate a la impunidad, en labores de verdadera inteligencia, no sólo para investigar, sino también para prevenir, en conclusión, en resolver los problemas, no en dar permisos para matar.

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