Magdalena Valtierra

No existe ningún impedimento legal para que se edifique el fraccionamiento Villa Portia dentro de la zona sur del Bosque de Cobos, informó Jaime Gallo Camacho, secretario de Desarrollo Urbano del municipio capital.

El funcionario explicó que los predios señalados por ambientalistas, en los que se pretende construir un nuevo fraccionamiento, fueron adquiridos hace más de 20 años; por lo que las urbanizaciones que se estén llevando a cabo tienen el uso de suelo habitacional autorizado desde hace varios años.

Gallo Camacho señaló que la construcción de la continuación del fraccionamiento Lunaria; “está dentro de las normas, no se está haciendo algo de manera ilegal o de manera contraria a lo establecido en los programas de ordenamiento”.

Sin embargo, el secretario reconoció que lo que se haga aguas arriba va a impactar a todo el bosque; “lo que tenemos que hacer las autoridades es verificar que lo que se vaya a urbanizar cuente con las normas técnicas adecuadas para que no se dañe el medio ambiente”, declaró. Para lograrlo se vigilará que el desarrollador no vierta el escombro dentro del Área Natural Protegida, que no haga descargas contaminantes y que no extienda la mancha urbana más allá del límite permitido.

En respuesta a lo expuesto por las asociaciones dedicadas a la preservación del medio ambiente, Jaime Gallo expresó: “estamos abiertos a resolver con ellos cualquier exceso que se esté cometiendo por parte de los desarrolladores para evitar que se dañe el medio ambiente”.

El encargado de Desarrollo Urbano recalcó que el crecimiento dentro del Bosque de Cobos está delimitado y “no está dándose de forma anárquica”.

En tanto, Jaime aseguró que Villa Portia se encuentra en vías de ser autorizado en las comisiones estatales y en los comités municipales, por lo que una vez se tenga luz verde para la urbanización se construirán cerca de 3 mil viviendas en un espacio de 42 a 45 hectáreas.

Para frenar el proyecto tendría que darse un litigio y una justificación adecuada; según Jaime Gallo, hasta el momento algunos ambientalistas han promovido dos acciones legales: “una denuncia popular que no tiene efectos legales sobre un uso de suelo ya autorizado y un amparo interpuesto ante un tribunal federal para pedir que se levantara la acción suspensiva de este desarrollo”. Este último podría resolverse en un mes.