Guadalupe Irízar
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comenzó a la par la pérdida de confianza y liderazgo con sus pares.
En los últimos meses, cinco de los siete magistrados se han agrupado y rechazado no sólo sus proyectos de sentencia, sino su operación política al interior del Tribunal electoral.
Su liderazgo hizo crisis el pasado 9 de marzo, cuando en un reacomodo político interno los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, antes cercanos a él, se sumaron al rechazo de su manejo ante la Comisión de Administración del órgano jurisdiccional e hicieron pública una carta.
La misiva se sumó a otra similar firmada por los magistrados Janine Otálora, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante, en la que se inconformaron porque habló ante dicho órgano administrativo a nombre del colegiado cuando sólo era su opinión.
En abril, los cinco magistrados suscribieron una carta pública, en plena campaña electoral, en la que se inconformaron con Vargas por el manejo de las sesiones públicas de la sala superior, y lo acusaron de postergarlas y manejarlas de manera unilateral y discrecional conforme a sus intereses.
Los cinco también manifestaron su rechazo a la realización de sesiones privadas para resolver asuntos que luego se votaban en las sesiones públicas.
El inicio de la ruptura ocurrió cuando Vargas postergó, sin consultar, la sesión en donde se resolvería la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, con el argumento de que debería de haber más tiempo para estudiar el caso; incluido, el derecho de audiencia del morenista.
En varios eventos públicos y foros, la presencia del bloque se ha repetido a la par de la participación de los otros dos integrantes que conforman el colegiado: Vargas y la magistrada Mónica Soto, quien lo acompaña en votaciones y actos públicos.