Por Dra. Ednna Milvia Segovia Miranda

El modelo tradicional de familia ha sufrido grandes cambios en los últimos años, existiendo un incremento de divorcios. El problema surge no por el hecho de que los padres, responsablemente, decidan poner fin a su vida en común, sino cuando hacen partícipes a sus hijos e hijas de los conflictos que ha generado la separación. Desembocando muchas veces, en un fenómeno en el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos (“lavado de cerebro”) mediante distintas estrategias y fines. En cuyo caso, la intervención por parte del sistema judicial resulta necesaria.

En nuestro país, dentro el ámbito legal, en el Código Civil se reconoce que comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores; a esta conducta se le conoce como Alienación Parental, y quien acredite dicha conducta será suspendido en el ejercicio de la patria potestad del menor y, en consecuencia, del régimen de visitas y convivencias que, en su caso, tenga decretado. Lo anterior con el único fin de asegurar el bienestar del menor.

El término de Síndrome de Alienación Parental fue acuñado por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner en 1985, quien a lo largo de sus investigaciones sostuvo que es la madre la que inicia una campaña injustificada de denigración en contra del padre a través de las y los niños, colocándola como un sujeto despiadado que utiliza a los menores como mecanismo para sancionar y castigar a sus esposos y obtener de ellos algún tipo de beneficio o consideración, estereotipando a la mujer como una “madre trastornada”. Sin embargo, si revisamos la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) que funge como la herramienta estándar de diagnóstico para gestiones de salud y fines clínicos, así como el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), a cargo de la Asociación Americana de Psiquiatría, encontramos que ambos instrumentos no reconocen a este síndrome como una enfermedad o trastorno, sino que más bien se describe como una problemática objeto de atención clínica dentro del apartado correspondiente a “Problema de relación entre padres e hijos V61.20 (Z62.820)”.

Se dice que el progenitor rechazado o excluido suele ser quien no convive con el menor, pero puede haber excepciones. Por lo que, a la hora de realizar las pruebas periciales, lo que se intenta determinar objetivamente es la relación causal, identificando técnicamente las conductas de rechazo a la interacción parentofilial manifestadas por el menor hacia uno de sus progenitores, y separarlas de las conductas y actitudes obstaculizadoras del progenitor alienador, así como descartar la existencia de un “maltrato real” por parte del progenitor rechazado, lo anterior en la animosidad de justificar el Síndrome de Alienación Parental. No obstante, en la actualidad se ponderan las buenas prácticas basadas en la evidencia y este síndrome no goza de reconocimiento científico, o como mucho sugiere, siguiendo una línea más tibia, que hacen falta más investigaciones para comprobarlo, pues su peso diagnóstico remite únicamente a un constructo teórico-ideológico.

Sin duda, la complejidad del tema hace frecuente la división de criterios y opiniones en su estudio. Recientemente el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, han expresado su preocupación por el uso ilegítimo de la figura del Síndrome de Alienación Parental en procesos judiciales, ya que en múltiples casos los órganos de justicia resuelven bajo esta figura, colocando tanto a las niñas y niños como a las madres en una situación de alta vulnerabilidad, con alto riesgo para éstas de perder la custodia de sus hijas e hijos, por lo que ya se ha hecho un llamado para que se tome en cuenta la violencia contra las mujeres por razones de género como un factor esencial en la determinación de estos casos y actuar bajo los principios de interés superior de la infancia, el de igualdad entre hombres y mujeres, y el de debida diligencia, así como la perspectiva de género y de interseccionalidad.

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