Otto Granados

Si como advertía Otto Von Bismarck, el legendario canciller alemán del siglo XIX, “nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería”, el votante que acuda a las urnas el próximo 5 de junio va a tener serios problemas no tanto para elegir su opción preferida -cosa de cada quien- sino para imaginar cuáles son exactamente las metas que se quieren alcanzar y de dónde van a salir los recursos para financiar el interminable rosario de promesas -buenas, regulares, malas, pésimas y demasiadas ocurrencias- que hasta ahora han formulado todas las candidatas al Gobierno Estatal.

Un recuento rápido de las ofertas incluye becas, seguros y créditos para mujeres, vialidades, carreteras, parques industriales, modernización ferroviaria, cámaras de videovigilancia, estancias infantiles, universidades y escuelas, agroparques, arcos de seguridad, aumentos salariales, seguros de salud, consultas y medicinas gratis, subsidios y transferencias sociales, nuevas unidades médicas, transporte gratuito, nuevas dependencias públicas, computadoras, rescates ambientales, seguros para campesinos, semillas, maquinaria agrícola, seguridad, patrullas, botones de pánico, apoyo a Pymes, uniformes y útiles escolares, juguetes navideños, despensas, pavipollos, indulgencias, jaculatorias, bendiciones y un largo etcétera que, a la mitad de su lectura, corta la respiración a cualquiera.

En ese paisaje idílico, todo suena maravillosamente bien y, por lo visto, el estado se encamina hacia el reino de la perfección, la armonía y la belleza -la Arcadia feliz- pero ninguna candidata ha dicho esta boca es mía a la hora de evaluar la factibilidad y pertinencia a corto plazo de sus propuestas, calcular cuánto va a costar toda esa lista de deseos, de dónde su supone que va a salir el dinero y cuáles son los beneficios tangibles, concretos y medibles que va a dejar al estado en términos de mejorar la vida de la gente. Y todo lo anterior sin incluir el dinero que probablemente se pierda en el túnel de la corrupción a la hora de hacer una adquisición, otorgar una licencia, asignar un contrato o decidir una licitación.

En política, los sueños suelen ser breves y tormentosos, y con mucha frecuencia se convierten en pesadillas y decepciones por la sencilla razón de que la distancia entre lo ideal y lo real es abismal, y mucho más en estos tiempos en que las condiciones políticas, financieras, fiscales e institucionales del país son extraordinariamente malas. Es decir, más vale que las candidatas vayan comprendiendo mejor de lo que hablan, dosificando lo que prometen con sentido de responsabilidad, rigor y profesionalismo, y estudiando cómo funciona la administración pública y se toman las decisiones de política. Les vendría bastante bien.

El primer problema es que en los próximos dos o tres años la economía nacional, que viene saliendo de una grave contracción en 2019 y 2020, crecerá apenas a una tasa por debajo del 2 por ciento anual. Por tanto, la recaudación de impuestos federales, por más eficiente que sea, tenderá a ser más bien modesta y, por consecuencia, las participaciones y aportaciones fiscales hacia las entidades se mantendrán en los mínimos de las fórmulas con que se reparten los dineros.

Por ejemplo, entre 2018 y 2022, las participaciones y aportaciones a nivel nacional aumentaron 18.3% y 2.2%, respectivamente; en cambio, los convenios de descentralización y reasignación, los subsidios o el gasto para protección en salud, que es de donde salen recursos para otros programas y proyectos no etiquetados, se redujeron entre 15.6% y 92.2%. Si se ve a nivel del PIB per cápita, la caída es dramática: al cuarto trimestre de 2021 fue de -7%, la peor entre todos los países de la OCDE.

Para el caso específico de Aguascalientes, según el presupuesto federal 2022, las participaciones crecieron 14.1%, principalmente por los petroprecios, pero las aportaciones disminuyeron -2.5%, lo que quiere decir que afectarán sobre todo al gasto corriente en materia educativa y en la infraestructura para educación superior. Si se analizan los convenios de descentralización, es decir, transferencias de determinadas dependencias federales hacia el estado, los montos para 2022 son prácticamente de cero, y los subsidios y proyectos de inversión se incrementaron 52% (456 millones de pesos) pero serán ejercidos casi en su totalidad directamente por el IMSS, la CFE y el ISSSTE. En cambio, para otros conceptos como por ejemplo los “Estudios e ingeniería para el proyecto de incremento de la disponibilidad de agua sustentable para la ciudad de Aguascalientes”, la federación no asignó al estado un solo centavo partido por la mitad.

El segundo aspecto es que, si no habrá recursos federales adicionales para otros objetivos, hay dos opciones. Una, la más inteligente y sensata es que, una vez que alguna candidata gane, se olvide de inmediato de la mayor parte de sus ocurrencias y se concentre sólo en aquellas que tengan impacto directo sobre el crecimiento económico y el empleo, la productividad, la educación de calidad, la salud, el medio ambiente, la seguridad, y poco más. Una decisión de este tipo no es inusual: es exactamente la que Harry Truman le aconsejó al recién electo John F. Kennedy: «Una vez que uno resulta electo, hay que dejar de hacer campaña». Lo normal es que en campaña se generen expectativas trasnochadas; para eso son y el electorado lo entiende…si lo quiere entender.

Pero una cosa es prometer imposibles, lo que debe evitarse, y otra muy distinta tratar de realizarlos a como dé lugar. Si el gobernante es una persona sin preparación, sin buena formación y sin ganas de aprender las complejidades de la política y la economía, lo más probable es que viva una crisis de inseguridad personal y tenderá a hacer todo aquello que le arroje aplausos porque así compensa sus carencias emocionales. Y este es el camino seguro hacia el fracaso.

La otra opción es que llega la hora de tomar decisiones buenas y eficientes pero impopulares. Pongamos las cosas de la siguiente forma: la situación actual de las finanzas públicas estatales es bastante buena: Aguascalientes mantiene un muy bajo nivel de deuda, equivalente al 1.1% de su producto interno bruto, y es el 5º estado con menor deuda a nivel nacional (unos 3.425 millones de pesos), lo que le da un enorme respiro al siguiente gobierno para contratar deuda productiva para invertir. Pero al mismo tiempo, sus ingresos propios como proporción de sus ingresos totales equivale solamente al 10-12%, lo que quiere decir que la mayor parte de los recursos provienen de los distintos fondos federales, lo que le otorga una calificación, en una escala de 0 a 10, de 4.1, séptimo lugar a nivel nacional.

En consecuencia, la ecuación es muy simple: si no llegan más recursos federales y si no mejoran los ingresos propios ¿de dónde va a salir para pagar las promesas de las candidatas? Muy simple: de incrementar las fuentes locales de ingresos o de aumentar la deuda pública o de reducir el costo del aparato del gobierno cerrando dependencias -lo que va en dirección opuesta a lo que han ofrecido las candidatas- o recortando burocracia. No hay de otra. Dicho en buen castizo: si el siguiente gobierno quiere disponer de espacio presupuestal para sus proyectos va a tener que fortalecer sus ingresos propios: incrementar la tenencia (o “derechos de control vehicular”, como se le llama ahora), el predial, el impuesto sobre nóminas, el de ocupación hotelera, así como otros derechos, productos y aprovechamientos, o bien atraer inversión privada bajo la forma de concesiones o asociaciones público-privadas para desarrollar, por ejemplo, infraestructura. Todo cuenta y todo suma.

En síntesis, cuando uno lee las promesas de las candidatas, con mayores o menores variantes, se queda con la impresión de que se trata de personas listas, electoralmente atractivas, vigorosas en muchos casos y tal vez con deseos de hacer bien las cosas. Es muy raro que la gente se proponga deliberadamente hacer mal la tarea; desde luego sucede, pero más bien por razones de otro tipo como los cambios de conducta que sufre un gobernante a lo largo de su mandato o bien por tendencias casi demenciales como las que tal vez expliquen los casos de escandalosa incompetencia o corrupción o simplemente porque no estaban preparadas ni capacitadas para una gestión.

Pero a estas alturas son de tal complejidad los problemas que las posibles cualidades no bastan para gobernar con eficacia porque los cargos públicos exigen algo más sofisticado que la hiperactividad en redes, la fotogenia, la retórica, la buena voluntad o las complicidades partidistas, y para ello los nuevos gobernantes harían bien en asumir que no hay política libre de riesgos y que con demasiada frecuencia las buenas decisiones son impopulares. Es allí donde reside el corazón de las respuestas de fondo: no se puede complacer a todos, no se debe quedar bien con todos, no se llega a los cargos públicos sino para hacer bien el trabajo, resolver problemas y mejorar la vida de las personas.

Más todavía: como en el Gobierno Estatal no hay reelección, entonces la oportunidad de ser efectivo es una y sólo una, y al día siguiente de terminar el encargo el gobernante se enfrentará, por el resto de su vida, a una sola disyuntiva: el respeto, la indiferencia, el repudio o el juzgado. Así de pasajera es la gloria del mundo.

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